Desde el 9 de febrero pasado, esta blog se ha ocupado de las implicaciones que tendría una reforma estructural neoliberal de la legislación sobre los derechos de los trabajadores. Han sido poco más de cuatro meses de insistir sobre el tema desde diversos aspectos. En un inicio analicé las condiciones económicas en las que se desarrolla el proceso de trabajo, tanto a escala mundial como nacional, en un segundo momento abordé desde una perspectiva histórica el contenido ideológico con el cuál se ha construido la legislación laboral en México, y finalmente (la parte que ha tomado más tiempo) se han ido analizando aspectos específicos de los contenidos que incluiría una reforma laboral neoliberal, tomando como punto de partida el documento Hacia una Reforma Laboral para la Productividad y la Previsión Social que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el señor Javier Alarcón, presentó en el Foro organizado por el Senado: México ante la crisis: ¿Qué hacer para crecer?, que se realizó en febrero del presente año. El motivo de haberle dedicado tanto tiempo a este tema es que al observar las condiciones políticas, económicas y sociales que se vienen desarrollando en el país, sugieren que en los próximos tres años, los de la LXI legislatura los representantes del neoliberalismo tendrá condiciones favorables para promover su reforma laboral. En el plano social, el modelo de estructuración de los sindicatos (que no la existencia de sindicatos en sí) está agotado y podría entrar en una crisis en cualquier momento, dado que la falta de representatividad de las direcciones choca con la presión que ejerce el aumento de la explotación sobre los trabajadores, además de la que también proviene del desarrollo de los movimientos antineoliberales (en su mayoría integrada por trabajadores). En lo económico la crisis económica ha pasado ya a la fase de depresión, y no es cualquier clase de depresión sino una bastante profunda que está destruyendo gran parte del capital acumulado durante el ciclo económico anterior; lo cual se refleja y seguirá reflejando en la destrucción de las fuerzas productivas y menor utilización de la fuerza de trabajo (mayor desempleo, pues): el efecto será que esa gran porción de la sociedad que está desempleada o subempleada, tendrá que resolver el problema de su subsistencia, y conforme ésta se vaya más o menos resolviendo, muy posiblemente vendrá acompañada de una nueva oleada de movimientos sociales. En cuanto a lo político, la correlación de fuerzas que se está estructurando al interior del Congreso podría contar con un mínimo de fuerzas que permitan la reforma, es cierto que hay una encarnizada lucha entre el PAN y el PRI por ganar la mayor cantidad de escaños en la Cámara de Diputados y el que el poder esté dividido en grupos de poder distintos entorpece un poco el proceso de negociaciones legislarivas; pero el que ambos grupos políticos sean representantes a ultranza de los intereses del capital monopolista, garantiza que haya ese mínimo requerido para garantizar un acuerdo político para que se aprobase la reforma laboral neoliberal. En síntesis, el capitalismo tendrá condiciones para imponer su proyecto de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), pues la composición del Congreso muy probablemente le favorezca y la organización de los trabajadores está prácticamente fuera de combate. Pero cualquier movimiento que desee hacer la burguesía de libre mercado debe hacerlo pronto, y antes de que las fuerzas de los trabajadores logren rearticularse en la expresión de los movimientos sociales antineoliberales.
Por otro lado, cabe señalar que sí es necesaria, e incluso urgente, una reforma a la legislación laboral; y no solamente a la LFT sino que alcance hasta al artículo 123 de la Constitución. En la última década diversas expresiones de las izquierdas, tanto las partidarias como las no partidarias, han promovido propuestas para reformar la legislación laboral, pero el problema es que, pese a que muchas de ellas cuentan con el trabajo arduo de académicos muy respetados, falta desarrollar y homologar los principios que regirían una propuesta de reforma que se apegue realmente a las necesidades de los trabajadores.
Para cerrar esta serie de entregas, aunque el tema lo seguiré desarrollando en entregas posteriores y conforme a las condiciones que se presenten, presentó una propuesta de tres puntos en los cuáles se puede ir desarrollando una reforma obrera a la legislación laboral. No se pretende que estos principios sirvan para echar por la borda todo el trabajo ya avanzado, sino que son un intento por resarcir ese déficit de elementos que sirvan para organizar el trabajo ya realizado y el trabajo por realizar.
En un primer nivel es menester defender y reivindicar los derechos ya ganados, y por lo tanto plasmados en la legislación, por los trabajadores. El movimiento obrero mexicano históricamente fue, uno de los primeros en lograr reconocimiento oficial a sus demandas políticas, con la inclusión en la Constitución del artículo 123. No es posible permitir que cuestiones como el derecho a organizarse, la libertad de huelga, a un Contrato Colectivo que fije responsabilidades del capitalista ante los trabajadores por las condiciones de trabajo, el derecho al ocio reparador y al formativo, así como a la remuneración justa (incluyendo pensiones, jubilaciones y todas las prestaciones que remuneran al trabajador), los que persiguen equilibrar las diferencias entre hombres y mujeres y fomentan el desarrollo social de los trabajadores (sin que por ello se exponga su integridad o la de sus familias, como en el caso de las guarderías subrogadas). Este tipo de elementos no superan el ámbito de las demandas economicistas de los trabajadores, pero es indispensable tenerlas presentes dado que en la lucha ideológica los capitalistas han ido avanzando en presentarlas no como una justa retribución a la fuerza de trabajo, sino como un abuso de los holgazanes trabajadores que nada más están poniendo pretextos para vivir criminalmente de su trabajo, ¡qué inmoralidad!
En un segundo nivel habría que ubicar a las nuevas demandas de los trabajadores, es decir las que se derivan de las innovaciones que se han venido haciendo en el proceso laboral, y de las demandas históricas que aún no han sido conseguidas. Por un lado la reglamentación de las nuevas formas de contratación, sino es que incluso su proscripción, es urgente; sobre todo hay que pensar en modalidades como la subcontratación. Por el otro lado, las contradicciones entre el trabajo productivo e improductivo, y más específicamente el reproductivo. Muchos de los problemas que ocasionan las desigualdades en el mundo laboral, entre hombres y mujeres, derivan del escaso desarrollo de la legislación sobre el trabajo incluye para solucionar estos problemas.
Es cierto que estos dos niveles no hacen más que organizar las demandas inmediatas derivadas del proceso laboral, pero ello no les quita su carácter de necesidad. Tampoco son cosas fuera del alcance, por más que ahora se sienta demasiada dispersión en las organizaciones de los trabajadores, bien llevadas ideológicamente, estos dos niveles de demandas no solamente beneficiarían a la clase obrera mediante el mejoramiento de sus condiciones de vida, sino también a los estratos medios e incluso a los capitales de mercado interno, pues serían medidas que les ayudarían a desconcentrar y descentralizar el capital; con lo cuál se podría reducir el subconsumo al agilizarse los mecanismos de distribución social del ingreso.
En un tercer nivel habría que ubicar las reformas necesarias para la generación de nuevas formas organizativas de los trabajadores, considerando que algunas de dichas reformas tienen que expresarse jurídicamente, pero también hay otras que solamente pueden tener expresiones prácticas. En esta parte, lo central, el criterio orientador debe ser el de la construcción de la democracia obrera. Es válido e incluso responsabilidad de los trabajadores ejercer las formas de la democracia burguesa que se han establecido hasta ahora, finalmente al capital imperialista lo que le interesa es desactivarlas para centralizar el poder del Estado en las instancias autocráticas, pero los trabajadores no podemos quedarnos en el simple uso de esos mecanismos: son insuficientes para la construcción de una verdadera práctica de la dictadura del proletariado. En ningún sentido es suficiente la pantomima de transparencia con que los neoliberales quieren curarse en salud. En el sentido legal hace falta erradicar las prácticas de coerción del voto del trabajador, por eso es fundamental que se establezca como norma en los sindicatos el voto secreto, la revocación del mandato y la fiscalización amplia al final de cada gestión de la dirección sindical que devenga invariablemente en juicio de la base trabajadora sobre su dirigencia, de manera que queden sentadas las responsabilidades por el cumplimiento o incumplimiento de los compromisos con la organización.
Por otro lado, la transformación de los sindicatos actuales tiene que pasar por la concientización de los movimientos sociales de que también están integrados por obreros y su deber está en empujar a la democratización de los sindicatos. Es decir, la reconstrucción del sindicalismo tiene que venir tanto de dentro como de fuera de los sindicatos, pero siempre sólo por los trabajadores. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!
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