Sector de la energía
Una de las características más notables de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) es su proclividad a utilizar los altos cargos de gobierno para favorecer negocios en el sector de la energía. En innumerables ocasiones, la prensa ha dado cuenta de la opacidad con la cuál se han operado las paraestatales: Petróleos Mexicanos (PEMEX), Luz y Fuerza del Centro (LFC) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). Hay que hacer mención especial al libro Camisas azules manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos de Ana Lilia Pérez, periodista de la revista Contralínea, publicado en el presente año por Grijalbo. En dicho texto se documentan una serie de acciones abusivas que funcionarios de los gobiernos panistas han realizado para beneficiarse de la renta petrolera aún en detrimento del erario mexicano. Ya en el gobierno de Vicente Fox personajes como César Nava, Juan Camilo Mouriño y Felipe Calderón favorecieron sus propios intereses a partir de sus posiciones como funcionarios públicos.
La discrecionalidad en el sector de la energía no es exclusiva de los panistas, durante décadas también los priistas usufructuaron con las paraestatales del ramo. No obstante, el asunto adquirió mayor relevancia en los diez años recientes, pues nunca antes México había obtenido una renta petrolera tan elevada, ni las industrias de la energía habían estado tan dominadas por los capitales trasnacionales.
Partiendo de dichas premisas es significativo que durante el actual gobierno se han tomado un par de medidas que trastocaron por completo al sector de la energía, aunque no necesariamente para mejorarlo. De una parte, en octubre de 2008 se consumó en el Congreso de la Unión la aprobación de una serie de modificaciones a la legislación reglamentaria de la industria petrolera. Los resultados de aquellas modificaciones los comenté aquí en las ediciones 9 y 10 de Reyertas con base en los argumentos esgrimidos por los especialistas de los grupos Ingenieros Pemex Constitución de 1917 y del Comité Nacional de Estudios de la Energía, A.C. (CNEE). En síntesis, en aquella ocasión mencioné que si bien el calderonato no cumplió con el objetivo de abrir al capital trasnacional todas las “oportunidades de negocio” que pretendía, al menos sí dio un avance importante al tiempo que hizo sus cómplices a los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En cuanto a la liquidación de LFC es preciso recordar que durante años se sometió a la empresa a una política de sabotaje. Yendo desde el abandono de la infraestructura por la vía de cancelar la inversión en modernizar las instalaciones y profesionalización del personal hasta solapar los dispendios realizados por los altos funcionarios de la empresa, incluyendo a la administración del último director de LFC: Jorge Gutiérrez Vera. Hasta el paso de Felipe Calderón al frente de la Secretaría de Energía (2004) con tuvo como su subsecretario de electricidad a Juan Camilo Mouriño.
Tras 18 meses la reforma petrolera, medida por los resultados prometidos por el gobierno federal: construcción de una nueva refinería, restitución de las reservas probadas y estabilidad de los precios de los combustibles, es un fracaso. Mientras la producción petrolera declina, los altos ingresos por renta petrolera siguen teniendo como destino el solventar los gastos de operación del gobierno a todos los niveles. Tanto la burocracia como los contratistas petroleros han sido los principales beneficiarios de dicha renta. En cambio, para el pueblo mexicano, los grandes provechos siguen ausentes. El incremento de los precios de los combustibles continúa presionando la inflación. En tanto que, la tan anunciada nueva refinería sigue sin dar visos de su construcción.
En segundo término, la liquidación de LFC en octubre pasado no tuvo el resultado prometido. La incursión de CFE en la operación de la red eléctrica del centro del país no redundó en el mejoramiento del servicio. Por el contrario. El empleo de compañías de contratistas dirigidos desde una oficina de call center que carecen del mínimo conocimiento sobre las características técnicas de la infraestructura existente. Esto ha incrementado la incidencia de apagones y accidentes derivados de una seguridad industrial deficiente. A lo anterior es preciso apuntar que el sainete ocasionó un fuerte conflicto laboral entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el gobierno federal. Ello pese a la carnada lanzada por el secretario del trabajo, Javier Lozano Alarcón, quién le ofreció a cada electricista una enorme liquidación, la cuál de ser real, implicaría un gasto oneroso para el erario; pero además, dejaría sin resolver el principal problema de la red eléctrica de la zona centro del país: las instalaciones obsoletas. Modernizar la estructura es una necesidad cuyo costo no depende de la empresa que la opere, sino del tiempo que se posponga. Entre más se posponga incrementará el monto. Aunque, un proyecto de modernización que incluye el cambio de empresa operadora haciendo efectivo el pasivo laboral, sí encarecerá el costo de la modernización. El elemento que motivó a Felipillo I, el espurio, a realizar un movimiento político en contra de la clase trabajadora que los gobiernos anteriores prepararon pero no se atrevieron a llevar a cabo, fue la promesa de apoyo electoral que el capital privado (principalmente extranjero) le ha hecho al calderonato.
El segundo intento
Con motivo de la conmemoración de la expropiación petrolera, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el ejecutivo federal y el grupo parlamentario del PAN se pronunciaron por realizar una segunda reforma energética. En su momento, las reacciones ocasionadas por dichas declaraciones no fueron más allá del rechazo pronunciado por los senadores Francisco Labastida (PRI) y Graco Ramírez (PRD) (véase “Nueva Reforma Energética privatizaría Pemex: PRI y PRD” en El Economista, 18/03/19).
Además de colocar en la agenda de discusión las necesidades del capital monopolista, el pronunciamiento por una sobrerreforma petrolera es también una maniobra conocida coloquialmente como un borrego. Es decir, una filtración premeditada de información a la prensa que conlleva el objetivo de mensurar las respuestas políticas tanto de los actores particulares como de la sociedad en general. Así, sumando éste elemento a varios más, los grandes estrategas profesionales de la política van diseñando planes para que los políticos al servicio del capital consigan impulsar las necesidades de éste. En ese sentido, no se olvide que la reforma aprobada en octubre de 2008 aminoró la vehemencia con la que se exigía la apertura total del sector petrolero al capital privado en la propuesta original de Felipillo I, el católico. Pero, al no haber quedado completamente eliminados los resquicios para la incursión monopolista, sino llanamente atenuados, ahora el objetivo del calderonato sería el de ampliar esos huecos en la industria petrolera. Bien sea por la vía de los hechos o por la legislativa.
Energía privatizada
México cuenta con un largo historial de atrocidades privadas en el manejo de las industrias que integran el sector de la energía. De manera que no es indispensable remontarse a acontecimientos tan lejanos como la cerrazón de la petrolera El Águila o la indolencia de la Electric Light & Power para demostrar lo perjudiciales que son los criterios empresariales en un sector estratégico para el desarrollo económico del país. Bástenos con recordar algunos casos que se han dado en los años recientes.
Sin salir del margen de la industria petrolera es fácil hallar que aún sin una definición legislativa, el calderonato ha facilitado la incursión del capital privado en varias actividades. Como se indicó arriba, tanto Felipe Calderón (cuando fungió como secretario de energía) como sus colaboradores más cercanos: Juan Camilo Mouriño y César Nava, se beneficiaron directa o indirectamente de su carácter como funcionarios públicos. Hasta la fecha se tiene documentado por diversos medios periodísticos que las relaciones políticas de ese grupo han beneficiado a empresas como Ivancar, Blue Marine, Schlumberger y Halliburton. Esa política de favorecer a los empresarios “amigos” ha causado problemas graves como, por ejemplo, el accidente de la plataforma petrolera Usumacinta que ocasionó un gran derrame de hidrocarburo cuando colisionó con la plataforma Kab-101. En el suceso del 24 de octubre de 2007 perdieron la vida 21 trabajadores, sin contar a dos que quedaron en calidad de desaparecidos. Según los datos recavados por los propios trabajadores la mayor parte de las muertes se debió al deficiente equipo de seguridad con el que contaban, en su mayoría provisto a Pemex y a la compañía perforadora La Central por empresas como Halliburton, Schlumberger, Gulf Coast Marine, Vetco, Glen Carter y Baker Hughes. Todas esas empresas fueron demandadas por los trabajadores petroleros ante la corte de Texas, ya que las autoridades mexicanas fueron incapaces para emitir medias que protegiesen a sus propios ciudadanos.
Aunque la petrolera no es la única rama que ha sido afectada por los siniestros generados por la errática política energética que privilegia la apertura hacia el capital privado. Unos días después del accidente petrolero señalado frente a las costas de Tabasco, sobrevino el desbordamiento de los afluentes de río Grijalva. Para el 30 de octubre de 2007 el caudal de cinco ríos arrasó con comunidades de diez municipios de Tabasco —Paraíso, Cárdenas, Centla, Huimanguillo, Centro, Macuspana, Teapa, Tacotalpa y Pinotepa— ello se debió, formalmente a que las “lluvias atípicas” ocasionaron la saturación de la presa Peñitas. Para evitar el colapso de la cortina se abrieron las compuertas para permitir la salida de más de
Por supuesto que la indolencia de la CFE que favoreció a los productores independientes de electricidad no es el único factor que generó la catástrofe, es preciso sumar a ello el reiterado fraude que cometen las empresas inmobiliarias en contra de la sociedad. La errática política energética del país se combina con el doble negocio de construir y vender viviendas en sitios tan peligrosos como laderas de montañas o zonas pantanosas, las que al llegar la primera adversidad de la naturaleza quedan completamente destruidas; dejando otra vez el espacio para que las inmobiliarias entren a reconstruir la infraestructura devastada mientras se embolsa una nueva tajada que puede provenir o de nuevos compradores o bien del erario.
CNEE
Un elemento ideológico que se ha incrustado en la mentalidad de los trabajadores es el argumento de la opinión válida y calificada de los especialistas. Quiénes, por cierto, no son otros que los grupos de profesionistas altamente especializados en la administración del capital. Es cierto, el lugar en que se les coloca les permite ver los procesos productivos no de manera aislada sino como un conjunto; cosa que al trabajador metido en la rutina cotidiana se le impide ver. No obstante, la experiencia acumulada le permite a esos mismos trabajadores el comprender mejor la forma de perfeccionar la producción, claro que el requisito es que tengan la oportunidad de ver el conjunto del proceso productivo en que laboran.
Para los trabajadores la elaboración de teoría en forma colectiva es una necesidad que todavía nos hace falta desarrollar de manera más cotidiana. Una actividad de elaboración teórica que no solamente vaya enfocada a perfeccionar las formas de trabajo sino que también nos sirva para transformar las relaciones sociales: la estructura político-económica de la sociedad.
Uno de los sectores en que más se ha arraigado el prejuicio de la incapacidad de los trabajadores para realizar una efectiva elaboración teórica es el de la energía, pese a ser uno de los que mayor especialización requieren. Sin embargo, hay grupos de trabajadores dispuestos a comenzar esa elaboración para construir un conjunto de empresas de energía que en lugar de priorizar los intereses del capital monopolista esté basada en los intereses de la nación. Al respecto resulta completamente recomendable darle una revisión a la crítica que el boletín del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), agrupación que reúne a trabajadores de Pemex, CFE, LFC y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), realiza a la Estrategia Nacional de Energía (ENE), que fue difundida por el gobierno federal en marzo pasado.
En los números 55-56, 57 y 58-60, que pueden consultarse en la página web: www.cnee-sur.net, se demuestra con argumentos bastante claros que además de ir en contra de los intereses de los mexicanos, la ENE, también va en contra del marco legal del país. Basados en la crítica que hace el CNEE y al ubicar en su propio contexto a la ENE es posible encontrar que la vía que está adoptando el calderonato es la de intentar meter a los actores sociales en la dinámica de una nueva reforma complementaria, pero enfocando sus baterías a la construcción de una política energética paralela al marco legal que en los hechos resulte la privatización del sector. Por ello, es indispensable que los trabajadores no perdamos de vista el objetivo que están persiguiendo los grandes capitalistas, ello con la finalidad de hacer lo posible para neutralizar a tiempo sus esfuerzos y, a la par, ir avanzando en una propuesta que responda a las necesidades de la clase obrera. De ahí lo vital de implementar una práctica de teorización. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario