Reyertas 20: ¿Cuál plan anticrisis?

El pasado miércoles 7 de enero se presentó en Palacio Nacional el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, tal como lo consignaron diversos medios de comunicación la ceremonia hizo recordar aquellos actos protocolarios de la época en que gobernaron Miguel De la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, en que la mal denominada “clase política” se desbordaba para respaldar al presidente en los Pactos para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE). Tales acuerdos fueron vistos por los panistas de entonces como populistas. Hoy, el tercer intento calderonista por presentar un proyecto anticíclico, es visto por los panistas como una necesidad prioritaria para el país.

Sin embargo, lo que ni hace 20 años ni ahora logran comprender nuestros sagrados gobernantes es que el problema de la economía nacional no se reduce al de los incentivos para que los capitalistas inviertan más en el país. Sino en la destrucción sistemática del mercado interno al volcar la parte fundamental del sector productivo al sector de las exportaciones hacia Estados Unidos, al tiempo que se desintegró la parte que permitía satisfacer la demanda nacional.

Sin caer en el lugar común de: “todo pasado fue mejor”, habrá que señalar que durante los dos últimos sexenios (1971-1982), que los neoliberales califican de populistas, del nacionalismo revolucionario, el promedio anual de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 6.3%. En cambio, cuando De la Madrid y Salinas de Gortari remataron más de 1,100 empresas que poseía el Estado, el promedio anual del PIB cayó a 1.7%, todo según cifras del INEGI.

Es cierto, que la economía nacional tenía demasiados rezagos en el periodo 1971-1982; que la inflación y la corrupción eran graves en aquellos momentos, pero al menos el crecimiento dinámico de la producción reflejaba que había una integración del mercado interno que permitía a los mexicanos consumir una buena parte de sus satisfactores con productos nacionales. En gran parte, lo anterior era producto de la estructura económica construida gradualmente desde los años treinta del siglo XX. Mientras tanto, en el periodo 1983-1994, el pobre rendimiento de la economía nacional se debió a la destrucción de esa articulación alcanzada. Aquí podría argumentarse que se está siendo demasiado severo, aunque no sea así, con esos gobiernos neoliberales, ya que les tocó enfrentar un periodo de intensas transformaciones estructurales encaminadas a ofrecer resultados a mediano y largo plazo. Aceptando sin conceder tal argumento, habría que revisar si en el largo plazo esas reformas estructurales realmente han dejado sentadas las bases para una redinamización del mercado interno nacional. Partiendo de que una década es suficiente para hablar de largo plazo y de que en las elecciones del año 2000 se presentó un resultado que, supuestamente, democratizó definitivamente al país, lo cuál se traducía, según los grandes analistas, en mejores condiciones para el crecimiento económico del país; habría que revisar la situación de los últimos ocho años para corroborar qué tan efectivo ha sido eso del modelo neoliberal. En ese sentido, las cosas difícilmente podrían ser peores. El crecimiento promedio anual en el periodo 2001-2008 apenas alcanza el 2.5%.

Resultaría poco serio señalar que los magros resultados han sido porque las reformas no se han llevado a fondo y que todavía les falta desarrollar los objetivos que pretendían. Basta revisar las estructuras de la economía nacional para demostrar que los postulados propuestos por las reformas neoliberales se han cumplido al pie de la letra y en la mayoría de los casos, tanto como han buscado los capitalistas de libre mercado: la reforma al artículo 27 de 1992 logró que los grandes beneficiarios de la producción agropecuaria fuesen las trasnacionales alimentarias, el saldo negativo de pérdida de la soberanía alimentaria y una expulsión anual de campesinos represente el grueso de los emigrantes hacia Estados Unidos (entre 300 mil y 600 mil anuales desde 2001) son meros accidentes; la privatización y posterior desnacionalización de la banca ha permitido que al rededor del 90% del sistema de pagos nacional esté en manos de extranjeros que sí saben como manejarlo, ello ha generado las condiciones para el incremento de la Inversión Extranjera Directa, que ya en 2007 superó la cifra anual de los 23 mil millones de dólares, lo cual justifica plenamente que el ahorro y los créditos para la producción estén casi nulificados; la apertura de las fronteras a la libre circulación de mercancías provenientes de E.U. y Canadá permite que el 20% de la población pueda tener acceso a una diversidad de marcas de primera calidad para satisfacer sus necesidades, sin importar que el 80% restante tenga que buscar los productos que buscar entre la gran diversidad de mercancías las de calidad menos mala, ni que el valor de la fuerza de trabajo (es decir, el precio medio) ronde los $4,700 mensuales (según los datos de la Organización Internacional del Trabajo).

Ahora, en medio de la crisis económica internacional, México se ha sumado a ella no porque sea un efecto colateral e inevitable de la globalización. No se trata nada más de una crisis importada por lo acontecido en Estados Unidos. Se trata de un fenómeno económico afectado por la situación mundial, pero que básicamente está determinado por las propias contradicciones de la situación nacional: la desarticulación del mercado interno, que se ha venido realizando desde hace 25 años.

Sin embargo, Felipillo I (el espurio) sigue empeñado en eludir la responsabilidad de su gobierno, por tanto, sostiene vehementemente que la actual es una crisis importada que nadie en el mundo pudo haber previsto y mucho menos hacer algo para evitar el contagio. En consecuencia el Acuerdo anunciado con bombo y platillo, no hace mucho además de repetir líneas muy generales que se  incluían en las dos ediciones anteriores de los planes oficiales frente a la crisis, tanto la del 4 de marzo de 2008 como la del 9 de octubre del mismo años, incluían, al igual que el nuevo acuerdo, la protección a las fuentes de empleo, la realización de obras de infraestructura, la promoción de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y la aplicación puntual, eficiente y transparente del gasto público. Estos cuatro lineamientos (Felipillo les da el pomposo nombre de “pilares”) han sido la constante en las tres presentaciones del programa anticrisis.

Lamentablemente para su causa, es imposible inferir que las políticas “anticíclicas” tomadas por el gobierno han sido triunfantes cuándo se han debido anunciar como nuevas en tres ocasiones. Esta tercera presentación del plan anticrisis no es más que una confesión de parte en la cuál se reconoce que las dos anteriores han sido fallidas. ¿De verdad se espera que haciendo lo mismo, bajo las mismas circunstancias, se obtengan resultados diferentes?

En términos reales la parte fuerte de estos programas anticíclicos es la construcción de infraestructura, la cuál indudablemente es necesaria en función del desarrollo de las fuerzas productivas. No obstante, hay dos problemas serios con este punto bajo el enfoque calderonista: 1) la infraestructura construida de forma irreflexiva, sin contemplar las necesidades del mercado interno, termina por ser un gasto y no una inversión, y 2) los resultados de la concentración sobre este punto, no son inmediatos ni útiles para paliar las crisis capitalistas, simplemente son la base para incrementar la generación de riqueza en los momentos de auge de los ciclos económicos, es decir, no alcanza siquiera a modificar los modelos económicos. Sin embargo, la forma concreta en que se presenta el modelo de acumulación neoliberal, sirve para que esa riqueza se concentre en unas cuantas manos. Muy poco, o nada, para desarrollar el mercado interno.

Además de una creación bien planeada de infraestructura, el capitalismo necesitaría tomar otro tipo de medidas como: una reforma fiscal que en lugar de basarse en el igualitarismo tomase como principio la recaudación progresiva (mayor tasa impositiva para quién percibe mayores ingresos), lo cuál incluye el cobro de tarifas eléctricas, combustibles y de uso de aguas y saneamiento; el fortalecimiento de los programas de desarrollo tecnológico, volver a una política de seguridad social solidaria y, la recuperación de los salarios, con alzas significativas (no los miserables $2 por año), pero aparejado con medidas efectivas para erradicar las prácticas especulativas que evitan la circulación de las mercancías, lo cuál es la verdadera causa de la inflación.

Este tipo de medidas no solamente están vedadas para los grandes cerebros neoliberales que dirigen nuestra nación, por tanto, será indispensable para llevarlas a la práctica que las clases subsumidas tomen la iniciativa: la pasividad no hará más que fortalecer la polarización del ingreso, agudizando la miseria de la mayoría. Esto lo saben perfectamente los capitalistas, por eso el charro Gamboa Pascoe (¿dirigente obrero?) calificó de “accesorio” el derecho de huelga. Hoy más que nunca los trabajadores debemos ejercerlo para que efectivamente cambien las políticas económicas por unas que sirvan para desarrollar al mercado interno. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!