Reyertas 45: Metidos en Honduras

Los sucesos hondureños que conmocionaron a la comunidad internacional desde el propio domingo 28 de junio comienzan a tomar un carácter delicado para el resto de las naciones latinoamericanas. El incremento de la represión por parte del gobierno de facto ya se ha traducido en la detención selectiva de personas. Además del asesinato de dos jóvenes a manos del ejército durante la manifestación del domingo 5 de julio en el Aeropuerto Internacional de Toncontin con la que se pretendía apoyar el regreso de Manuel Zelaya, durante la represión militar también cayeron heridas diez personas más, según la nota del 4 de julio de la agencia internacional de noticias DPA, publicada por varios diarios en el mundo, uno de los organizadores de la resistencia golpista, Francis Martínez denunció que ya hay entre 250 y 300 detenidos por oponerse al gobierno de Micheletti. Por otro lado, ya comenzaron a surgir las voces de apoyo que, desde el corazón del imperialismo, presionan para que el gobierno golpista sea reconocido por las grandes potencias. Tal como es el caso de la congresista por Florida Ileana Ros-Lehtinen, quien desde el martes 30 de junio se declaró preocupada por el apoyo que el presidente Obama hacia Zelaya.

En muchos aspectos la forma en cómo se ha desarrollado el Golpe de Estado en Honduras guarda similitudes inquietantes con la forma en que se han realizado o intentado realizar los Golpes de Estado en América Latina en la presente década. Tanto en Venezuela como en Haití la condena de las potencias mundiales se puso sobre la mesa mientras por debajo buscaban llegar a acuerdos con los golpistas. Por fortuna en este caso la movilización social al interior de Honduras ha permitido que en el plano internacional las naciones del ALBA contrarresten la operación política de los golpistas. Pero tal situación no puede ser eterna y conforme los días pasen sin que haya un reestablecimiento de la democracia en Honduras, los golpistas tendrán mejores oportunidades de ser reconocidos por las potencias.

Por otro lado, resulta sumamente interesante que los medios de comunicación de todo el mundo identificaron que los sucesos desatados desde el 28 de junio pasado son un auténtico Golpe de Estado, todos menos los de Honduras. Cada que se entrevista en radio, televisión o medios escritos a los periodistas hondureños, ellos hablan de que todo el movimiento realizado para poner a Roberto Micheletti en la presidencia fue algo apegado a la ley. Algo huele mal en Dinamarca.

Sin embargo, las respuestas viscerales de muchos izquierdistas, tanto al interior como al exterior de Honduras, no ayudan a romper el cerco ideológico que los golpistas intentan imponer para legitimarse. Desde la izquierda es preciso que se manifiesten posiciones más pensadas que establezcan con precisión por qué estamos ante un Golpe de Estado.

En primer lugar hay que esclarecerle a los defensores de la legalidad del gobierno de facto que el derecho no se hace en los cielos ni nos baja hecho del monte Sinaí, sino que es hecho por seres humanos concretos que tienen una filiación específica, intereses específicos y relaciones sociales particulares. Tales características no se restringen a los legisladores: los jueces e integrantes de los órganos administrativos de un gobierno tampoco son santos impolutos que vivan todo el tiempo en las cortes o en los ministerios. Cada uno intenta utilizar al sistema legal, administrativo y económico para favorecer los intereses de sus respectivos grupos.

En segundo lugar, el concepto de Golpe de Estado no es un arma arrojadiza que deba emplearse al antojo de cada quién para descalificar al adversario político. Es un término preciso que está sujeto a determinadas características. Al respecto vale la pena retomar la definición que Carlos Barbe elaboró para el Diccionario de Política dirigido por Norberto Bobbio. Allí se señala que: La acepción que se le da al concepto ha cambiado en los últimos tres siglos. Sin embargo, el elemento que se ha mantenido como “trait d’unión” ha sido: “el g. de estado es un acto llevado a cabo por parte del mismo estado.”

Basado en este principio, Barbe, presenta cinco indicadores que permiten distinguir un Golpe de Estado y su dimensión:

“1) en la tradición histórica del g. de estado es un acto llevado a cabo por órganos del estado. En su manifestación actual, en la mayoría de los casos, es efectuado por un grupo militar o por las fuerzas armadas en su conjunto. En caso contrario la actitud de las fuerzas armadas es de neutralidad-complicidad;

2) las consecuencias más usuales del g. de estado consisten en el simple cambio de liderazgo político;

3) el g. de estado puede ser acompañado o seguido de movilizaciones políticas y sociales, pero éste no es un elemento ni recurrente ni necesario al mismo;

4) generalmente la potenciación del aparato burocrático y policial del estado sigue al g. de estado;

5) una de las consecuencias más típicas del fenómeno opera sobre las formas de agregación de la demanda política, puesto que es característica recurrente la eliminación o disolución de los partidos políticos.”

Contrastemos los indicadores de Barbe con la realidad:

1) Es innegable que hubo una participación de un grupo del ejército que al menos ha sido de complicidad. Ésta puede corroborarse al revisar la cronología de los hechos. En ella encontrará que el ejército se había negado a cumplir las órdenes del presidente Zelaya en lo que respectaba a la consulta, con ello el ejército violó la constitución al desobedecer las órdenes de su Comandante General (cargo que se establece en el artículo 277 y el 245 inciso 16 de la Constitución Política de la República de Honduras). En contraste el ejército aceptó otra orden polémica procedente de la Corte. En sí mismo esto ya es sospechoso, pero los hechos se ponen todavía más escabrosos. Tras haber sido destituido por el presidente Manuel Zelaya de su cargo como Jefe del Estado Mayor Conjunto como castigo por la desobediencia debida, la Corte protegió a Romeo Vásquez Velásquez, lo cuál va contra el espíritu de lo establecido en el artículo 280 Constitucional, el cuál faculta al presidente de la República para nombrar o remover libremente tanto al Jefe de Despacho de la Defensa Nacional como al Jefe del Estado Mayor Conjunto. Ese hecho de la Corte no solamente sugiere que, al menos, se hizo una interpretación de la ley muy al filo de la legalidad, pero también es indicativo de la complicidad entre la facción del ejército dirigida por el señor Romeo Orlando Vásquez Velásquez y los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

2) No hay vuelta de hoja, el que Manuel Zelaya haya sido sustituido por Roberto Micheletti es un cambio de liderazgo al frente del gobierno hondureño. También es claro que el hombre no pretende hacer algún cambio, por el momento, al marco institucional. Por tanto, como señale no es más que un cambio de líder.

3) Los partidarios de Micheletti han estado convocando a movilizaciones político-sociales con el objetivo de legitimar al gobierno de facto, de ellas la más importante fue el mitin convocado para el 30 de junio en el Parque Central de Tegucigalpa. Según diverso reportes de prensa que han llegado a México participaron en ese acto entre 4 mil y 5 mil personas.

4) No solamente se ha potenciado a las fuerzas armadas y al aparato policíaco mediante la instauración del “toque de queda” desde el domingo 28 de junio, sino que para el 2 de julio se endurecieron las restricciones a las libertades personales.

5) Hasta ahora no ha habido noticias sobre una eventual proscripción de las organizaciones político-electorales en Honduras, pero sí se ha cancelado legalmente el regreso de Manuel Zelaya mediante órdenes de aprehensión. Esto sumado al posible adelantamiento de las elecciones presidenciales de noviembre, generaría una profunda desorganización en los partidos opositores al del presidente de facto, Roberto Micheletti. Para qué proscribir a la oposición cuando tiene el mismo efecto desarticularla.

José Manuel Zelaya puede ser un personaje cuyo paso al izquierdismo, desde el centro que representa el Partido Liberal de Honduras (PLH), no resulta tan claro. Hay que recordar que Zelaya fue un cercano colaborador del expresidente José Azcona, quien impulsó un gobierno favorable a los empresarios.

Por su parte Roberto Micheletti tampoco es un hombre inocente que pueda ser calificado de desinteresado y apegado a la legalidad. Resulta contradictorio, por decir lo menos, que alguien que ha vivido del presupuesto gubernamental durante los últimos 27 años, reeligiéndose período tras período en su cargo como congresista, sea el primero en acusar a Manuel Zelaya de querer perpetuarse en el poder. Por cierto que quien hasta hace unas semanas era presidente del Congreso Nacional de Honduras, el empresario del transporte, Roberto Micheletti, fue el perdedor de la elección interna del PLH para designar al candidato a la presidencial del próximo noviembre, candidatura que ganó Elvin Santos, vicepresidente de Zelaya. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!