Con el título de la presente entrega no pretendo despreciar el ejercicio de la rendición de cuentas de los personajes encargados de conducir por el mejor rumbo posible a toda la estructura social. Por el contrario, la construcción del socialismo realmente funcional, científico y democrático, requiere de un mejor desarrollo de las funciones participativas de la sociedad, lo cual incluye la rendición de cuentas de los encargados de la ejecución de la política. No es posible juzgar como positiva o negativa la línea de acción de un gobierno si antes no se conoce la información específica que dio sustento a tal o cual decisión. Por eso es que a los trabajadores nos conviene tener claridad sobre la forma en la cual actúa el gobierno en turno.
Sin embargo, el tercer informe de gobierno de Felipe I (el espurio) está plagado de circunstancias que en lugar de representar avances en la construcción de una democracia más profunda en México, no hacen otra cosa que reducirla aún más. Pasando por alto el sainete protocolario que se ha desatado en días recientes, lo cuál demuestra el profundo desprecio que Felipe el breve tiene hacia el Congreso de la Unión, ¿cuáles son los verdaderos avances sobre los que Calderón puede presumir? ¿Con qué cara le puede decir a los mexicanos que el gobierno federal se ha esforzado en hacer que la situación sea un poco mejor que la del año anterior, cuando presentó su Segundo Informe de gobierno?
Justamente en el primer número de Reyertas (Reyertas 1: El segundo informe de un iluminado o los riesgos de ceder el campo) hice hincapié en que la dichosa estrategia de combate frontal al narcotráfico y a la delincuencia organizada, no era más que una artimaña para ganarse la legitimidad que perdió su gobierno al emanar de un Golpe de Estado disfrazado de legalidad institucional. Lo interesante es que la utilización mediática de la guerra frontal contra el crimen organizado ha conseguido presentar a Felipillo I como un presidente preocupado por resolver los principales problemas de los mexicanos. Pero, yendo más a fondo en el análisis es posible percatarse que tal idea no es precisamente lo más cierta. Cuando se leen las noticias referentes a los operativos contra el crimen organizado o se habla directamente con policías y militares que han participado en ellos, se descubre que la planeación que haga efectivos tales acciones brilla por su ausencia. Ya no se diga que se omite el trabajo de inteligencia que permita desarticular las redes de lavado de dinero, el contrabando de armas o el trabajo legislativo para despenalizar algunas sustancias (lo cuál limitaría el negocio) o el establecimiento de un programa fuerte para la rehabilitación de miles de personas que padecen algún tipo de adicción hacia estupefacientes (sean legales o ilegales). Sino que hasta del más mínimo trabajo de inteligencia que le permita hasta salvaguardar la existencia de los propios efectivos de las policías y militares que participan en los operativos anti-narcotráfico.
Menos se ha combatido la estrecha colaboración que existe entre las bandas criminales y las fuerzas policíacas, las armadas y los funcionarios públicos de todos los niveles. Valga como ejemplo el caso reportado por el diario El Siglo de Durango el 14 de abril de 2008, en que un grupo de policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) pasó la noche conviviendo con un grupo de narcotraficantes en un domicilio de la colonia José Revueltas de la ciudad de Durango, la “fiestecita” terminó mal, pues en un momento dado comenzó un tiroteo entre el grupo de la AFI y los traficantes que terminó con un muerto y tres heridos. En declaraciones posteriores, el joven agente de la corporación policiaca, Juan Carlos Gallegos quién fue herido en el lugar, reconoció que los mandos superiores los enviaron sin tener ni darles idea alguna sobre la situación a la que se iban a enfrentar, él junto a sus compañero tenía unos cuantos días de haber sido enviado a la ciudad de Durango después de haber estado asignado por una larga temporada al estado de Oaxaca. La situación en torno al tiroteo en Durango en abril de 2008 no es un caso aislado sino que ha sido una constante durante el presente gobierno. A tal grado llegó el escándalo por la desorganización en el famoso combate al narcotráfico que a finales del mayo del presente año la AFI fue formalmente absorbida por la Policía Federal (PF). Lo cual no ha detenido los escándalos en la incapacidad del gobierno por contener el avance de los grupos de crimen organizado.
Por el otro lado, la otra gran medida que el gobierno de Felipillo I pretende presumir en su Tercer Informe de Gobierno es la contención del impacto en México de la crisis económica mundial. Durante todo el año que ha transcurrido de uno a otro informe, los funcionarios del gabinete calderonista no han hecho otra cosa que remarcar que la crisis vino de afuera, que no es responsabilidad suya. ¡Vaya forma de gobernar responsablemente es esa en la que se siguen las enseñanzas de Poncio Pilatos! En nueve años de gobiernos panistas no se ha realizado ninguna reforma económica seria a la política económica del país, ni Francisco Gil Díaz ni Agustín Casterns han sido capaces de tocar los intereses de los grandes capitales monopolistas que funcionan en México, han hecho todo lo posible por eludir la responsabilidad de implementar una reforma fiscal que les obligue a pagar impuestos de forma más equitativa para el país. Ni Luis Ernesto Derbez ni Fernando Canales Clariond ni Sergio García de Alba ni Eduardo Sojo ni Gerardo Ruiz Mateos (¿alguien lo ha visto por algún lado?) se han distinguido por ser fervientes promotores de una política económica que le dé prioridad al desarrollo de las fuerzas productivas en el mercado interno, es más ni siquiera han sido capaces de diversificar el comercio exterior; la gran mayoría sigue enfocado hacia las necesidades del mercado estadounidense. En ese sentido, los gobiernos emanados del PAN no se han distinguido de sus antecesores surgidos del PRI.
Para colmo de males, el famoso programa para contener la crisis que Calderón anunció con bombo y platillo el pasado 7 de enero, el Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo para Vivir Mejor, que comenté en la entrega de Reyertas 20: ¿Cuál plan anticrisis?, cuyo eje fundamental para echar a andar la economía estaba en el desarrollo de la infraestructura, ya padece de importantes recortes en su presupuesto. Que en otras palabras significará la reducción de obras y, por tanto, la disminución de empleos comenzando por el sector de la construcción.
Este es, en síntesis el país sobre el cuál Felipillo I (el católico) va a informar este 1° de septiembre. Además de eso, todavía tiene que tomar en cuenta que la segunda parte de su sexenio será bastante complicada dado que el Congreso tendrá una mayoría opositora en que la alianza entre el PRI y los Verdes le complicarán la vida. No tanto porque su programa político sea distinto al del PAN, sino porque en las luchas cupulares por el poder, esta alianza está dispuesta a hacer cualquier cosa por desgastar (más) al gobierno panista pero sin generar las condiciones de descomposición social que le hagan ingobernable el país en el supuesto de que ganen la elección presidencial de 2012.
Por desgracia, el golpe que la sociedad mexicana ha recibido con la propagación de la crisis económica, que la incapacidad del gobierno para prever escenarios hizo posible, ha dejado la capacidad de organización y movilización bastante disminuidas. Muchos de los trabajadores han sido colocados en condiciones de primero preocuparse por la sobrevivencia inmediata y de posponer las preocupaciones por el futuro. En estas condiciones, de frente al Tercer Informe de Calderón la tarea que tenemos todos los revolucionarios es precisamente la de esclarecerle a los demás trabajadores la situación real del país, sin caer en fanatismos pero dejando claro en dónde están las mentiras que se promueven en los comerciales que el gobierno federal ha puesto al aire en Televisión, Radio e Internet. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!
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