A la memoria de Inocencia Cruz,
Combativa campesina hidalguense.
En la era de los gobiernos neoliberales se ha vuelto una costumbre anual la realización de protestas exigiendo mejores aumentos salariales. Ello no es casual. La política del neoliberalismo es la de incrementar lo más posible, sin importar las circunstancias, la explotación de los trabajadores con la finalidad de generar tasas de ganancia por encima de la realidad. Muestra de ello es la obstinación del secretario del trabajo, Javier Lozano Alarcón, por la aprobación de una reforma laboral que precarice más el trabajo. El pretexto del señor Lozano es el de mejorar la “productividad” del país.
El inicio de 2010 no fue la excepción. Precisamente este 29 de enero se realizó una gran movilización que tuvo su mayor expresión en las calles de la Ciudad de México. Aunque también se realizó en los estados de Oaxaca, Morelos, Chiapas, Querétaro y Nayarit. Nada más en la capital del país se calcula que participaron más de 200,000 personas. Lo cuál no es casualidad, pues si bien es cierto que las protestas se concentran en el Distrito Federal, también se debe considerar que hace unos meses se agregó otra ofensa contra el pueblo mexicano: la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
No se puede negar que la política neoliberal ha sido una de las más democráticas que se han aplicado en México. Ha martirizado por igual a trabajadores que a campesinos. Provoca el asesinato de mujeres en el norte del país, las víctimas de la guerra contra el crimen organizado y de los criminales mismo, pero también la persecución contra los opositores que en ocasiones termina con su homicidio en el centro y sur del país. Aunque también es una política que ha compensado tanta democracia con una pobre oligarquía enriquecida cuya disposición a colaborar con el imperialismo estadounidense no conoce límites. Carlos Slim es uno de los hombres más ricos del mundo, pero la fortuna que ostentan muchos políticos no es despreciable. Estos últimos con la ventaja de estar completamente distanciados de la gente a la cuál dicen representar.
El exterminio agrario
Uno de los mayores triunfos de la Revolución Mexicana fue la Reforma Agraria. Ésta alcanzó su mejor momento durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas, cuando se realizó el mayor reparto de tierras. Por desgracia, en los sexenios posteriores no se complementó ese gran avance con el apoyo económico necesario. Pese a las condiciones hasta 1980 el campo mexicano garantizaba la subsistencia de millones de mexicanos. Si bien, muchos ejidatarios no amasaron grandes fortunas con su trabajo, al menos tenían garantizado el abasto de granos. No solamente el propio, el modelo agrario preneoliberal también alimentó a millones de mexicanos que habitaban en las ciudades. El lastre que evitaba una mejor retribución de los campesinos por el producto de su trabajo eran los intermediarios. Fuera de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), las comercializadoras de granos privadas amasaron fortunas considerables a través de la compra de granos a precios muy bajos y su venta a precios varias veces superiores.
La introducción de las reformas neoliberales, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, convirtió al sector agrícola del granero de los mexicanos a la hortaliza de Norteamérica. Sobretodo a raíz de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Todavía hasta comienzos de los años ochenta la prioridad de la política agraria en México era el abasto propio de granos como el maíz. En la actualidad, el objetivo del neoliberalismo es la exportación de ciertos tipos de frutas, verduras y legumbres. Para colmo de males la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, en los hechos ha sido el aniquilamiento de la propiedad ejidal de la tierra. Dichas modificaciones que permiten la enajenación de la propiedad comunal fue aplicada por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari para cumplir con las recomendaciones del Banco Mundial. La intención era simple: favorecer las ganancias de corto plazo para favorecer a la parasitaria burguesía terrateniente, pese a que en el proceso se sacrificase una actividad que en el corto plazo deja pocas ganancias, aunque en el largo permite el desarrollo de las fuerzas productivas y la generación de una mayor riqueza.
Tales condiciones han derivado en acelerar la depauperación de los campesinos. Colocan a éstos en condiciones de vulnerabilidad frente a los empresarios del narcotráfico, que con suma facilidad obligan a cientos de trabajadores del campo a cultivar estupefacientes. También se fomenta la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos y Canadá, pues al cerrarse las opciones dentro de México para, al menos, subsistir muchos campesinos quedan orillados a buscar alguna alternativa fuera del país. No es casual que en los últimos 15 años hayan migrado, mínimamente, 600,000 mexicanos cada año hacia las naciones del norte.
Todo lo anterior ha generado un importante caldo de cultivo que ha venido cuajando en el grito de: ¡el campo no aguanta más! No obstante, la construcción de una organización agraria que realmente sea capaz de defender los intereses de los trabajadores agrícolas ha sido lenta y llena de retrocesos debido a que todavía es un sector muy marcado por el corporativismo, cuyos ejemplos más claros se encuentran en la Confederación Nacional Campesina (CNC) y en Antorcha Campesina, ambas de profundo arraigo priista. Pero también se debe a que la ideología que envuelve a la vida agraria constriñe las posibilidades de los campesinos para comprenderse como parte de la clase trabajadora. Es difícil, más no imposible, que el proletariado agrícola asuma su condición de clase y con base en ello dé el salto definitivo para transformarse en una clase para sí.
La defensa del trabajo
En lo referente a los trabajadores en los medios urbanos, las cosas no son demasiado distintas. Desde
En los últimos 25 años la planta productiva del país se ha venido desarticulando. El objetivo ha sido, al igual que en el sector agrícola, fortalecer las exportaciones, aún a costa del propio desarrollo del mercado interno. Tal trueque se justificaba con el argumento falaz del aprovechamiento de las ventajas comparativas de la economía mexicana, lo cuál se traduciría en una mayor variedad de productos que se ofertarían en el mercado y a precios inferiores. Además, según los inspirados neoliberales, esas condiciones de mercado convertirían a México en una de las naciones más competitivas a escala mundial, lo que se traduciría más temprano que tarde en la atracción de capitales como Inversión Extranjera Directa (IED).
Lo que se omitió señalar es que esa IED no se ocuparía en la ampliación de la competencia con la apertura de muchas más empresas dedicadas a la misma rama productiva. Para lo que sí ha servido la inversión extranjera ha sido para adquirir las empresas ya existentes, en lugar de abrir nuevas plantas. El ejemplo más reciente de tal fenómeno se dio a conocer el pasado 11 de enero, cuando el grupo holandés Heineken adquirió por 7,700 millones de dólares la rama cervecera de la compañía Fomento Económico Mexicano (FEMSA). El caso que ilustra en forma todavía más clara el punto anterior es el de la banca. La reprivatización del sector bancario hacia el final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari degeneró, al paso de los años, en la fusión de varios bancos y la compra de éstos por consorcios trasnacionales de origen inglés, español y, principalmente, estadounidense. De tal suerte que en la actualidad el sistema de pagos del país se encuentra acaparado por el capital extranjero, solamente una fracción menor al 10% es propiedad de mexicanos.
Ese tipo de políticas no ha hecho más que ralentizar el desarrollo de las fuerzas productivas en el país. No se puede negar que el mal uso de los créditos otorgados por la banca mundial (deuda externa) aceleró muchas deficiencias del mercado interno. Pero entre el priorizar las industrias de exportación y el abaratamiento de la fuerza de trabajo, el problema ha empeorado en las tres décadas recientes. Ya he comentado en varias entregas anteriores que de los trabajadores que reporta el INEGI, poco más de 40 millones, apenas la tercera parte cuenta con las prestaciones básicas. Para colmo, en los dos gobiernos autodenominados del cambio se ha disparado la tendencia a las contrataciones temporales (eventuales) en lugar de la contratación de trabajadores permanentes. El otro modelo de contratación que se ha estimulado durante los gobiernos neoliberales, especialmente los panistas, ha sido la subcontratación (outsourcing), que a los capitalistas les ha estado sirviendo para devaluar a la fuerza de trabajo en México para incrementar la tasa de ganancia que obtienen.
Pero, dado que los gobiernos “ganadores”, como el del neoliberal Felipe Calderón, siempre van por más, desde el año pasado ha aumentado el tono de su exigencia por realizar una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que en los hechos precarice más las condiciones laborales de decenas de millones de mexicanos.
A la falta de fuentes de trabajo y a la especulación de la IED hay que agregarle las facilidades que los neoliberales le han dado a los acaparadores de productos básicos. Lo cual termina agravando el problema, porque la oferta reducida de mercancías presiona los precios hacia arriba. En consecuencia, el poder adquisitivo del salario se ve afectado severamente, pues el valor dinerario del trabajo no varía en todo un año, en cambio, el costo de las mercancías más indispensables sube constantemente.
De aquí que la consigna de los trabajadores sea más que justificada: ¡Aumento salarial de emergencia! A ella habría que agregar, liquidación total de los especuladores.
La cereza eléctrica del pastel: la guerra calderonista contra el SME
Como todo un conservador recalcitrante, Felipillo I, el espurio, es una persona que sigue costumbres al pie de la letra y sin chistar. Por eso es que siguiendo la tradición neoliberal, Calderón, se empeña en profundizar la miseria de la clase trabajadora, al igual que lo hicieron sus antecesores en el cargo. Pero, hay que reconocerle a Felipe I, el breve, que también es un aventurero adicto a la adrenalina provocada por las emociones fuertes. Solamente en esa forma puede explicarse que durante el presente sexenio se recurra a acciones tan temerarias como las rijosas declaraciones que a cada tanto nos receta el secretario del trabajo, Javier Lozano, o el pedestre y artero ataque en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al declarar la extinción de LFC sin reconocerle al sindicato la validez de su contrato colectivo con la empresa que entre en su lugar.
Según Felipillo I, el católico, todos los problemas de la economía nacional son responsabilidad de los trabajadores. Ni los sacrosantos empresarios ni los pulcros burócratas de su círculo cercano tienen la mínima culpa de lo mal que salgan las cosas. Pese a que las cosas resulten mal por las pésimas decisiones de los oligarcas y funcionarios calderonistas. Bajo esa perspectiva, para Felipillo I, el espurio, no hay mayor crimen que la existencia de un sindicato fuerte que se oponga a sus deseos, por ello es que en los tres meses y medio que han transcurrido desde la “extinción” (sic) de LFC la prepotencia ha sido la actitud que rige al gobierno al tratar con los trabajadores del SME. El calderonato exige de los electricistas un tributo de humillación. Pero nuestros trabajadores saben bien defender su dignidad, al menos lo han hecho hasta ahora, lo cuál se reflejó en la masiva presencia de smeitas durante la marcha del pasado viernes (véase el video de la instalación de campamentos en el zócalo). Falta mucho y la cerrazón del gobierno es grande, pero la otrora soberbia del SME podría estar en el camino de trocarse en auténtica dignidad de clase, solamente falta superar a la errática dirigencia. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!
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