Una vez más
Cananea se convirtió en un símbolo del movimiento obrero en México desde que el 1 de junio de 1906 estalló la huelga en la Cananea Consolidated Copper Company (CCCC). Sobre todo a consecuencia que al día siguiente el dueño, el coronel estadounidense William C. Greene, contrató a un grupo de rangers que junto a los guardias rurales masacraron a los mineros que participaron en la protesta. Cien años después, el yacimiento cuprífero de Cananea seguía siendo uno de los más importantes del mundo, aunque el dueño de la principal mina ya no es de capital estadounidense sino mexicano: Grupo México, encabezado por Germán Larrea.
Pero hay cosas que en el fondo no cambian. En 1906 los 2,000 trabajadores que laboraban en la mina, organizados en el Club Liberal Cananea, peleaban por el reconocimiento de los derechos básicos de los trabajadores: derecho de huelga, a la libre organización sindical, jornada laboral de 8 horas, mejores condiciones de seguridad, salario igual a trabajo igual y jornada de descanso. En 2007 los mineros agrupados en la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) estallaron, el 30 de julio, una huelga demandando el respeto a los derechos de huelga, libre organización sindical y respeto a las condiciones laborales estipuladas en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).
En varias ocasiones, las autoridades laborales del país se alinearon del lado de los intereses de la empresa para golpear a los trabajadores. Solamente habían transcurrido ocho días cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró inexistente la huelga. Aunque para diciembre del mismo año, el poder judicial falló en favor de los trabajadores, lo que fue en contra de los intereses tanto del gobierno como del Grupo México. Desde entonces, el binomio anti-laboral ha recurrido a diversas trampas legales para terminar con los derechos de los trabajadores. El clímax de esa política beligerante contra la clase obrera ocurrió el pasado jueves, 11 de febrero, cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito resolvió dar por terminadas las relaciones derivadas del CCT entre el sindicato y Grupo México. Ello con la finalidad de sentar precedentes que les den a los capitalistas la opción de no cumplir con los derechos de los trabajadores, al eximirlos de cualquier responsabilidad ante una huelga. De tal modo, en la práctica se estarían cancelando al menos tres derechos de la clase trabajadora. El derecho a organizarse libremente en sindicatos, el derecho a tener un Contrato Colectivo y el derecho a la huelga, pues en realidad no se les elimina de la legislación vigente, pero se establecen mecanismos para que el capitalista pueda evadir su obligación de garantizar tales derechos obreros.
Durante este sexenio, el método de cancelar el derecho de huelga mediante el recurso de anular las relaciones obrero-patronales ha sido una constante impulsada tanto por las empresas como por los funcionarios de gobierno. Ya los sobrecargos y los propios mineros les tocaron padecer los efectos de resolutivos sobre el fin de las relaciones laborales, por esa vía.
Es curioso, pero en el caso de Cananea el fallo del Tribunal se dio con el agravante del entorno político. Sin duda fue una acción con un extraordinario timing político. Mientras se declaraba el final de las relaciones laborales entre el sindicato y la empresa, la mayoría de los diarios y medios informativos daban cuenta en sus notas principales de dos sucesos: la visita de Calderón a Ciudad Juárez y los estragos que aún están causando las inundaciones de dos semanas atrás. En el caso de los principales diarios de circulación nacional, la noticia fue menor; por lo cuál se reportó en páginas interiores. En ciertos casos el mismo encabezado desvía la atención del lector del fondo del problema hacia elementos secundarios o, de plano, colaterales. El ejemplo más claro fue el de El Excélsior cuyo encabezado de su edición electrónica llega al extremo de plantear el asunto como un revés en contra de Napoleón Gómez Urrutia, a la letra señala: Napoleón pierde Cananea; tribunal cancela la huelga. Tan baja altura de miras no es casual, pero sí va en la dinámica de justificar la cancelación de los derechos de los trabajadores.
SME y UNTYPP
En los meses recientes presenciamos un par de antecedentes de esta ofensiva en contra de las organizaciones obreras. Hace cuatro meses el gobierno federal decidió declarar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), lo que implicó una serie de acciones en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Mediante el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, como cabeza visible de la ofensiva anti-electricista, se ha violado a mansalva los derechos de los trabajadores. Primero haciendo uso de esa nefasta prerrogativa de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que es la toma de nota. Ese resquicio lo aprovechó para entrometerse en los asuntos internos del SME y así desconocer a la dirigencia de la organización gremial. Tras la liquidación de LFC, que no extinción como la quiere Calderón, Lozano se encargó de blanquear jurídicamente el cierre de la empresa y de organizar el desmantelamiento de la planta laboral, para lo cual ofreció desembolsar cantidades extraordinarias tomadas del erario público para liquidar a la plantilla laboral de LFC. Finalmente, se ha dedicado a bloquear sistemáticamente, cualquier posibilidad que los trabajadores abren para solucionar el conflicto, incluyendo el encubrimiento de las subcontrataciones negligentes que ha realizado la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para operar las instalaciones eléctricas que antes manejaba LFC.
El segundo antecedente de esta ofensiva oficial en contra de la clase obrera, que hoy se expresa en el caso de Cananea, ha sido el acoso voraz hacia la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex (UNTYPP). Dicha organización sindical consiguió, tras una larga lucha jurídico-política, que se le reconociese su registro como organización representante de los derechos de los trabajadores. Según el acta certificada entregada el 18 de diciembre de 2009, la STPS entregó el número de registro
Cananea 2007
Una huelga tan prolongada como la realizada por los mineros de Cananea, resulta incomprensible si todos los hechos se reducen al capricho de un personaje como Napoleón Gómez Urrutia. Según los funcionarios de Minera México, empresa dueña de la mina desde 1990, y de la STPS, el único motivo de la protesta es la defensa de los intereses de un obscuro, cuán corrupto, dirigente sindical. Es cierto que Napito es un personaje impresentable que llegó al cargo gracias a las componendas familiares, las cuales se fueron descomponiendo con la llegada de los gobiernos panistas. Ese elemento tiene un papel importante ante la opinión de los trabajadores que no están familiarizados con los avatares de la lucha, pues consigue que muchos se alejen del movimiento. Por su puesto que es un factor subjetivo, pero no se olvide que dentro de la lucha de clases lo subjetivo cuenta, los trabajadores se movilizan en función del desarrollo de su conciencia de clase. Romper con el subjetivismo exige poner nuevamente sobre la mesa los elementos que ocasionaron el inicio de la huelga en julio de 2007.
Desde la perspectiva de los trabajadores fueron dos los motivos que les condujeron a la huelga. El primero de ellos, la mejora salarial y el segundo, la seguridad industrial. Ambos puntos relacionados con la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). Como siempre, en el primer caso Minera México argumentó que no tenía recursos suficientes para dar incrementos substanciales, pues el yacimiento cuprífero está a punto de entrar en su etapa de declive. En el segundo caso, el argumento para negarle a los trabajadores las medidas que mejorasen la seguridad industrial fue que ya en 2006 la mina había sido declarada la más segura del país por la Cámara Minera de México. Sin embargo, un año antes se había presentado un hecho verdaderamente alarmante: el derrumbe en la mina carbonífera de Pasta de Conchos. Ese evento dejó al descubierto la precariedad de las medidas de seguridad implementadas en las minas del Grupo México. Curiosamente, antes del derrumbe del 19 de febrero de 2006, se aseguraba por los dueños que las condiciones de seguridad eran óptimas. En gran medida la degradación de la seguridad industrial en Pasta de Conchos, así como la falta de supervisión por parte de las autoridades competentes se debió a dos motivos: por un lado, al crecimiento desmedido de la subcontratación, los trabajadores de las compañías contratistas perciben ingresos y prestaciones menores a los trabajadores directos. Por el otro lado, a la negligente corrupción de los inspectores de la STPS que en lugar de realizar las visitas de ley, se ponen de acuerdo con los administradores para avalar el buen funcionamiento de medidas que no han visto.
Hasta antes del comienzo de la huelga, en Cananea se estaba siguiendo la misma tendencia que en Pasta de Conchos. Para julio de 2007 Mexicana de Cananea tenía contratados a 1,800 trabajadores sindicalizados y a 1,200 de contratistas. Eso da una perspectiva más clara del sacrificio al cuál estaba sometiendo a sus trabajadores con tal de incrementar las ganancias.
Resistiendo
Como mencioné arriba, los miembros de la sección 65 del SNTMMSRM han tenido que enfrentar en tres ocasiones anteriores los fallos de la JFCA sobre la inexistencia de la huelga en Mexicana de Cananea, el 7 de agosto y el 17 de diciembre de 2007, así como el 9 de diciembre de 2009. Para colmo, a partir del 24 de marzo del 2009 la JFCA decretó el final de las relaciones laborales entre la sección 65 y Minera México. En ese suceso se ha basado la estrategia empresarial-oficial para derrotar a los trabajadores. Eso ha obligado a los mineros a realizar sacrificios más allá de lo esperado, a tal grado que la de Cananea se convirtió en la huelga minera más larga de las que se tenga registro. Una acción de esa envergadura no podría durar tanto tiempo si no fuese por la disposición de los trabajadores a la lucha. Nadie tiene mayor interés para reabrir la mina que quienes viven del trabajo que diariamente desempeñan en ella, de ello viven, pues carecen de los abultados recursos monetarios de los empresarios. El sacrificio que exige mantener controladas las instalaciones de la mina es demasiado extenuante como para hacerse por un capricho personal, hace tiempo que los trabajadores le hubiesen dado la espalda a grado suficiente para dejar atrás la huelga. Sería frivolizar las necesidades de una clase el explicar una huelga tan importante como la de Cananea mediante el capricho de un personaje.
Lo que es cierto, es que los trabajadores han dejado mucho por la huelga y la incapacidad, la falta de una dirección que sepa canalizar el esfuerzo de la base, es el elemento que ha faltado. Traspasar el umbral de la simple resistencia para entrar en los terrenos del proletariado revolucionario exige que los propios mineros se deshagan de la torpe y anquilosada dirigencia de Napito, ineficaz para derrotar a un gobierno hermético, por un grupo de dirigentes más hábiles y que comprendan las necesidades de la base. Ese momento se acerca gracias a los abusos neoliberales. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!
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