Reyertas 82: Criminalización del trabajo

El Paro Nacional

Las movilizaciones del pasado martes, en el marco del Paro Nacional, encabezadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), demostraron que el gobierno federal carece de disposición para proteger los derechos de los trabajadores. Por el contrario, entre más lejos se hallen de cumplirse los derechos laborales, mejor para el gobierno pro-empresarial de Felipe Calderón. La guerra desplegada por el calderonismo en contra de los electricistas no es solamente una ofensiva hacia el SME, también incluye como su objetivo a toda la clase trabajadora. Por más que se empeñen los medios masivos de comunicación en difundir la versión oficialista que promueve la idea del sacrificio necesario de los trabajadores por el bien de la patria. Según esa versión, inmolar los derechos de la clase obrera será en beneficio del pueblo mexicano. Pero, ¿a qué parte del pueblo se pretende salvar cuando la abrumadora mayoría de los mexicanos pertenece al proletariado? ¿Desde cuándo los derechos son un lujo y la vía legal para proteger a algún sector de los abusos que pudiese cometer la clase privilegiada?

Las movilizaciones del 16 y 18 de marzo tuvieron el objetivo de impulsar el movimiento de los electricistas, al exigir la revisión anual de su Contrato Colectivo. Sin embargo, el trasfondo de las movilizaciones es mucho más hondo y crucial para México. Inmediatamente también se trató de jornadas de protesta ante la represión que están padeciendo los trabajadores. Solamente por recordar los casos más difundidos en los medios de comunicación tenemos: el endurecimiento de las acciones contra los miembros del SME, la proscripción de la huelga minera en Cananea, Sonora, además del constante acoso al que están sometidos los profesores de la CNTE. Al mismo tiempo, las jornadas de lucha referidas, se inscriben en el marco de la lucha por la conservación de los recursos energéticos en manos del Estado mexicano y en beneficio del pueblo. Por desgracia, la capacidad de lucha de los antiguos petroleros de El Águila no ha sido heredada por las nuevas generaciones de trabajadores del petróleo, salvo honrosas excepciones que son minoría al interior de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

La saña

Mientras los mineros de Cananea aprovecharon las jornadas, tanto el Paro Nacional del 16 como las movilizaciones convocadas para el 18, para exigir a la Suprema Corte que se respete el derecho de huelga, los electricistas realizaron diversos actos de protesta pero con la variante de haber sido reprimidos en varias de ellas por la Policía Federal (PF). El martes la ofensiva policiaca incluyó en Hidalgo la detención de tres integrantes del SME, la persecución del hermano de Martín Esparza, secretario general del sindicato y el allanamiento de varias viviendas de electricistas. El mismo día, en el Centro Histórico capitalino fueron agredidos varios trabajadores cuando intentaban colocar las banderas rojinegras en la fachada del almacén de Cables subterráneos y Talleres de Mantenimiento, ubicado en la calle de Simón Bolívar frente a una escuela primaria y una guardería. A los PF poco les importó que en la zona hubiese menores de edad e implementaron gases lacrimógenos que pusieron en riesgo la vida de los infantes que se hallaban tanto en una primaria como en una guardería cercanas, así como a los que se encontraban en sus domicilios. Aunque dos menores de edad fueron reportados con altos niveles de intoxicación, el hecho no pasó a mayores.

Pero más allá de la indignación que ocasionare el proceder de la PF, es indispensable enfriar la cabeza para poder profundizar en los porqués de una situación como la mencionada. Es decir, qué motiva al gobierno federal a actuar con tanta saña contra los trabajadores. Explicar la acción policiaca mediante el odio podría parecer, en primera instancia, algo demasiado fácil y visceral. Sin embargo, no se trata de cualquier odio abstracto, sino de un odio concreto: el odio de clase de la burguesía hacia el proletariado materializado en la práctica de la PF. Un odio bastante justificable y hasta racional, desde la perspectiva capitalista, pues reafirma su hegemonía de clase. Pero, ese es solamente el motivo inmediato, efímero, tan secundario a largo plazo como el negocio de la fibra óptica que envolvió al decreto presidencial para desaparecer a Luz y Fuerza del Centro (LFC). Aunque en su momento, y en su contexto, ambas cosas fueron determinantes para comprender las partes, el todo de la ofensiva contra los trabajadores se halla en la propuesta de reforma laboral.

Si bien por la vía de los hechos, los empresarios, han dejado de cumplir gradualmente con las disposiciones más básicas de la Ley Federal del Trabajo (LFT), lo cual se ha realizado con la complicidad del gobierno. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) elude su responsabilidad para hacer cumplir la ley. También es cierto que, durante los últimos tres sexenios, el SME ha sido la organización sindical puntal en la defensa de los derechos obreros, incluso por encima de las añejas centrales como el Congreso del Trabajo (CT) o la Confederación de Trabajadores de México (CTM), o por encima de los gigantes sindicales como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), o de las supuestos sindicatos democráticos como el de telefonistas.

La diferencia entre el SME y la CTM salta a la vista en que ésta no ha movido un dedo para defender los derechos de la clase trabajadora ni en tiempos del viejo PRI ni en los tiempos del PAN. Pero también se distingue de los sindicatos radicalizados, es decir los de la educación, en que el SME poseía una mejor capacidad organizativa de sus huestes. No es por demás recordar que ni la CNTE ni el SITUAM tienen una organización sólida.

En el caso de los mineros de Cananea, recuérdese que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMRM), solamente ha defendido los intereses del proletariado de manera tangencial. Pues, aunque es cierto que desde el comienzo de su gestión al frente de los mineros, Napito, expresó su rechazo a la reforma laboral neoliberal, no deja de ser un cacique sindical dispuesto a entregar el movimiento minero ante una propuesta que le permita reforzar su control personal sobre la organización. Sin embargo, también hay que reconocer que la soberbia e impericia de los gobiernos panistas fomentan la radicalización de los propios mineros.

Reforma emPANizada

Resulta paradójico que el gobierno federal usase el 72° aniversario de la expropiación petrolera para dar a conocer su propuesta de reforma a la LFT. Ello no es casual. Era predecible, porque la izquierda más radical lo ha hecho así en los años recientes, que las organizaciones obreras intentasen una movilización llamativa para reivindicar la fecha. Por ello es que los calderonistas se adelantaron con su anuncio de reforma para eliminar el efecto político de la movilización sindical.

El sentido de la propuesta de reforma a la LFT del gobierno federal no es una sorpresa, al menos no para los lectores de este blog. Entre febrero y junio de 2009, 20 entregas 20, se abordó in extenso el adelanto que en ese mismo febrero dio a conocer el secretario del trabajo, Javier Lozano Alarcón.

La iniciativa panista tiene por objetivo menoscabar los derechos laborales por la vía de los hechos. No se trata de modificar el artículo 123 de la Constitución sino su ley reglamentaria. Antes que ningún otro se pretenden acotar los derechos de los trabajadores de huelga y libre asociación. Para los patrones, según lo que especulan, nada hay más nocivo para hacer crecer sus ganancias en el menor plazo posible que tener que pagar salarios, prestaciones y además tener que invertir en mantener condiciones de seguridad óptimas para laborar. Se olvidan del papel que han desempeñado las organizaciones obreras a lo largo de la historia, pues además de incentivar la carrera por mejorar las tecnologías aplicadas a la producción, los derechos obreros, y su consecuente defensa, permiten que la distribución amplia de la riqueza, lo que en consecuencia brinda las condiciones para un mejor desempeño económico.

A pesar de las ventajas que la organización obrera le ha traído al funcionamiento del capitalismo, la clase propietaria está empeñada en acabar con los derechos laborales. Sin embargo, no se trata de un asunto que deba plantearse en términos maniqueos de la perversidad del capitalista en contra de la candidez de los trabajadores. Se trata más bien de la expresión real de la lucha de clases: los intereses, y necesidades, de una clase imponiéndose a los de la otra para prevalecer. En ese tenor es que resalta que los puntos principales que la reforma laboral neoliberal de los panistas incluye:

• La implementación del salario por hora laborada en lugar de por jornada
• La legalización completa de la subcontratación
• La legalización de los contratos a prueba sin que tengan límites precisos
• Facilitar los mecanismos para la rescisión del trabajador
• Coartar los derechos a la libre sindicalización y a la huelga

El pueril pretexto que tanto los empresarios como los políticos neoliberales esgrimen para justificar la reforma laboral es que todas esas cosas ya se aplican en el sector productivo de México. Mediante ese truco retórico se renuncia a que el Estado haga valer el marco legal que los mexicanos han construido. Esto equivale a una propuesta que legalice el robo o el homicidio. A los sindicatos patronales, principalmente a la Coparmex, y su discurso de elevar la productividad, la propuesta les beneficia. Quizá no es todo lo que los dueños pretenden, pero sí incluye los puntos centrales que impulsan desde el gobierno de Ernesto Zedillo. De hecho, tanto en el sexenio de Vicente Fox como en el de Felipe Calderón los responsables de la STPS tuvieron una trayectoria como dirigentes empresariales muy notable. El suceso no es casual, pues la intensión de los sindicatos patronales es la de colocar en puestos políticos estratégicos a sus principales administradores para ya no tener que depender de políticos a los cuáles deben convencer.

Con respecto a los partidos políticos más extendidos hay que señalar que en el caso del partido del presidente, el PAN, la aprobación de la reforma es una urgencia, pues les daría el respaldo de los empresarios. Apoyo que requieren para tener alguna oportunidad en las elecciones del 2012. De no conseguirla, la tendencia al triunfo priista será casi irreversible.

En el caso del PRI, a este le conviene mostrarse ante la sociedad como un opositor, e incluso hacer algunas críticas agudas. No obstante, también le conviene presentar un voto dividido que sirva para la aprobación de la reforma y así, tener el menor daño posible frente al pueblo y a los capitalistas.

Respecto al PRD, dada su poca imaginación, lo más seguro es que asuma la misma posición que adopte la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). Es decir, un rechazo verbal que en la práctica solamente será la incorporación a algunas movilizaciones de protesta con la finalidad de conducirlas a la inacción. Lo que se traduciría en mantener los privilegios de los dirigentes de la UNT y del PRD.

Unidad Obrera

El posible descabezamiento jurídico del SME será un elemento decisivo. Eso lo sabe el gobierno, de ahí su inflexibilidad en la liquidación de LFC. El verdadero negocio no es la fibra óptica sino la reforma laboral. Sin una organización obrera sólida que le dé unidad a la oposición en contra de la reforma laboral su aprobación será inminente.

Las acciones contra el SME y los mineros sacan a ambos grupos obreros del tema de una reforma laboral, al menos en términos formales. En lugar de ello se obliga a esos grupos a entrar en la dinámica pelear por sus asuntos inmediatos, su defensa físico-jurídica y la liberación de sus presos políticos. Así pierden todo objetivo general. Por tanto, aunque suene demasiado cruel no es tiempo de reparar en el rescate de los presos políticos, sino de la unidad de fuerzas en contra de la reforma. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!