Reyertas 87: Las trampas del supremacismo

Introducción

Según la tesis expuesta por Octavio Paz en su celebérrimo ensayo sobre Juana de Asbaje y Ramírez (Sor Juana Inés de la Cruz), la escritora novohispana se recluyó en la vida religiosa de los conventos para poder acceder a la educación que le permitiese un desarrollo intelectual pleno, aunque con el tiempo fue precisamente la vida conventual la que le cerró los espacios para continuar con el cultivo de su intelecto. En síntesis, la solución de Sor Juana —encubierta por la fe— fue a la postre el mayor impedimento para su objetivo.

No existen muchos paralelismos entre la suerte de la llamada décima musa y el supremacismo blanco que subyace a la propuesta SB1070 del estado de Arizona. Salvo que la ideología racista de los White Anglo-Saxon & Protestant (WASP) también se plantea como una solución a los problemas de Estados Unidos que le impiden un pleno desarrollo, aunque a la larga tal acción terminará por negar cualquier avance a la sociedad que la impulsa. Para colmo, el supremacismo no tiene otra base que las creencias religiosas.

Aunque en realidad el supremacismo blanco moderno resulta de una mezcla entre las ideas religiosas fundamentalistas y el chovinismo. Tal mezcla jamás ha generado un etnocentrismo inocuo, por el contrario sus productos son agresivas xenofobias. Tanto el Nacionalsocialismo alemán como el Apartheid sudafricano son las muestras más conocidas por los crímenes de odio que propiciaron.

En el caso de Estados Unidos la fusión entre fundamentalismo y chovinismo tampoco es extraña ni cosa novedosa. Ya en el siglo XIX, como resultado de diversas tendencias sociales que provenían de la etapa colonial, el supremacismo dio muestras de su virulencia. Hacia 1865, tras el final de la Guerra de Secesión, los veteranos confederados para sobreponerse a la derrota militar fundaron una organización que se conoció como el Ku Klux Klan (KKK) cuya misión era la de reimplantar el régimen social basado en la raza mediante el castigo a los negros y blancos traidores. Esa organización fue suprimida para 1871, pero su base social siguió existiendo. Para 1915 el KKK reapareció tras el estreno de la película The Birth of A Nation de D. W. Griffith y el apoyo que el propio presidente Woodrow Wilson mostró hacia tal film. Eso le dio un nuevo impulso al supremacismo blanco en EE.UU.

Salvo la organización corporativista, el supremacismo comparte con el fascismo los principales elementos. Niega cualquier adscripción política, es interclasista, se identifica con determinadas características étnicas y el empleo de determinados pasajes bíblicos como justificación ideológica. Con esos elementos de fondo el supremacismo blanco ha conseguido una amplia aceptación en Estados Unidos que le permite tener cierta influencia en la política mediante funcionarios afines a esos principios raciales. Desde congresistas hasta gobernadores, pasando por todos los cargos públicos. Aunque, también sus periodos de auge varían según la intensidad de las oleadas migratorias.

1) Dos naciones

Desde el siglo XIX los procesos migratorios entre México y Estados Unidos han sido fuente de graves conflictos bilaterales. Pero también han sido factores determinantes para la conformación de ambos países como naciones modernas. En los albores de la nación mexicana el emperador Agustín I otorgó un permiso para que empresarios estadounidenses, encabezados por Stephen F. Austin, llevasen inmigrantes para poblar el lejano estado de Texas. Tres lustros después ese grupo de colonizadores, con Samuel Houston al frente, fue el más activo en la Independencia de Texas. Salvo en el período de las guerras mundiales la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha sido una historia de persecución de indocumentados que por temporadas se vuelve más aguda o más laxa. Pero la constante ha sido las necesidades del mercado estadounidense por mano de obra adicional.

Con el desmantelamiento progresivo del mercado interno mexicano que se hace desde mediados de la década de 1980, la migración hacia los Estados Unidos se convirtió en una alternativa de subsistencia para una buena parte de los trabajadores mexicanos desempleados, por el cierre de plantas o por el desmantelamiento de la estructura agrícola nacional. Durante la década anterior las transferencias de dinero que los migrantes hicieron a sus familiares que se quedaron en el país. Aunque desde 2007, cuando se alcanzó la marca histórica de US$25,300 millones, el monto de las remesas ha ido cayendo, sigue siendo superior a la Inversión Extranjera Directa que tanto dicen alentar los gobiernos neoliberales con la finalidad de desarrollar mejor las fuerzas productivas mexicanas.

Del lado estadounidense la recepción de migrantes provenientes de diversas partes del mundo es un factor que les permite colocarse como la mayor potencia capitalista. Es cierto que las organizaciones sindicales estadounidenses no destacan por su carácter revolucionario. Más bien son entidades que se limitan a la consecución de las demandas laborales inherentes al proceso productivo. No obstante, para los capitalistas estadounidenses la consecuencia ha sido el encarecimiento de la fuerza de trabajo, debilitando la tasa de plusvalía obtenida. Contrarrestar la tendencia a la revaluación del salario ha sido posible en las desde mediados de los años 1990 mediante el incremento de la migración desde México y América Latina. De hecho durante poco más de una década el salario mínimo federal en Estados Unidos se mantuvo intacto en US$5.15 por hora. Fue hasta 2007 cuando se volvió a aprobar un plan para incrementarlo gradualmente hasta US$7.25. Por cierto, que en parte dicho incremento responde a los mecanismos de EE.UU. para enfrentar su crisis económica.

La mano de obra latinoamericana, debido a su menor experiencia para la organización política como trabajadores, acepta realizar las tareas más arduas que pese a generar poco valor son indispensables, aquellas para las cuáles los obreros con más posibilidades organizativas exigen una mejor remuneración.

2) Tras el derrumbe

La crisis hipotecaria de los EE.UU. tuvo una extraña cualidad: se anunció en varios momentos del propio 2007. De tal manera que para diciembre de ese año el que los principales indicadores de la Reserva Federal alcanzasen el nivel marcado en las definiciones era simplemente un tecnicismo. Pero los indicios de la crisis no fueron exclusivamente en el sector financiero, muchos de ellos se dieron en el campo de la economía real y en el de la sociedad. Al menos desde el 2006 la tasa anual de crecimiento de las remesas hacia México fue decreciendo en términos relativos. Socialmente, si los atentados contra las Torres Gemelas abrieron la paranoia estadounidense, la paulatina sobreacumulación de capital sustentó el incremento de una ideología xenófoba que se tradujo en nuevas propuestas para contener la migración mexicana.

Mientras el monto anual que los trabajadores mexicanos enviaron a su familia en el país, los grupos más extremos presionaron a los republicanos para endurecer las medidas contra la migración ilegal. Durante la presidencia de George W. Bush se incrementó el número de redadas en centros de trabajo. El resultado fue el incremento de deportaciones masivas.

Los operativos, cuya realización simultánea en varios estados potenció sus resultados, causaron indignación tanto en la comunidad hispana como en los sectores progresistas de la sociedad estadounidense. Las grandes movilizaciones en contra de la política migratoria de Bush jr. fue uno de los factores que minaron la influencia hegemónica del partido republicano. Tal situación se debió a que el peso económico de los inmigrantes ilegales no es menor. Como ya se ha señalado arriba, los trabajadores indocumentados contienen el incremento salarial en las tareas más engorrosas y con ello funcionan como un ancla para el resto del sistema productivo estadounidense. El choque de las tendencias contradictorias aceleró la necesidad de realizar una reforma a la legislación estadounidense sobre migración. Aunque en medio de dos corrientes opuestas. Hay quienes conciben tal reforma como una legalización masiva de indocumentados y otra de quienes sostienen que cualquier cambio debe implicar el endurecimiento de las medidas antiinmigratorias. Entre estos últimos se halla gran parte de los republicanos que aprovechando la polémica situación consiguieron que el gobierno de Bush jr. destinase más recursos a construir barreras en la frontera con México.

Para el actual gobierno estadounidense la reforma migratoria no es una prioridad. Lo que se contrapone con la insistencia de las organizaciones defensoras de las libertades civiles para que el tema se aborde a la brevedad. Apenas el 21 de marzo, cuando se aprobó la reforma de salud, realizaron una manifestación ante la cámara de representantes en Washington para exigir la realización de una reforma migratoria. No obstante, los avances del gobierno de Obama que se tienen en ese sentido todavía van en la dinámica de conciliar entre las dos posiciones antagónicas: los segregacionistas contra los legalizadores. A estas alturas, la reforma incluiría: 1) Expedición de tarjetas de identidad biométricas (cuya aplicación pretende hacerse para cumplir los acuerdos conocidos como la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, ASPAN), 2) Reforzar la seguridad en la frontera con México, 3) Crear un programa de trabajadores temporales y 4) Regularizar a los 12 millones de indocumentados.

Sin embargo, mientras el desempleo siga siendo elevado tanto para los anglosajones como para los afroamericanos, la reforma migratoria seguirá siendo difícil. Mientras la xenofobia irá en aumento.

3. La SB1070

Firmada por la gobernadora del estado de Arizona, la republicana Janice Kay Brewer, el pasado 23 de abril la Arizona Senate Bill 1070 entrará en vigor a finales de julio del presente año. La polémica de esta iniciativa se centra en que proscribe la migración elevándola al grado de delito menor; no como falta administrativa, tal como había sido hasta ahora. Algo que a los supremacistas WASP les resulta fascinante, un triunfo.

El desértico estado de Arizona fue hasta 1848 parte de la naciente República Mexicana. En ese año, se firmaron los Tratados de Guadalupe-Hidalgo mediante los que México cedió una gran extensión de su territorio a los Estados Unidos. Cinco años después de la gran venta, Antonio López de Santa Anna realizó lo que se llamó la compra Gadsden, mediante la cuál el Valle de La Mesilla pasó a formar parte de Arizona. Debido a que su población se unió a los Estados Confederados de América durante la Guerra de Secesión (1861-1865), los problemas políticos retrasaron la aceptación del territorio como estado. Así fue hasta 1912 que el Congreso estadounidense le admitió como el 48° de la federación.

Además de la minería y del turismo, la economía de Arizona se ha beneficiado del comercio con Sonora. Desde 1960 los grandes avances tecnológicos permitieron el crecimiento demográfico del estado, lo que alentó su expansión económica. Por su situación geográfica uno de los grupos que más han colaborado con ese desarrollo han sido los migrantes latinoamericanos.

Pese a la colaboración de los trabajadores provenientes, sobretodo de México, la xenofobia sigue incrementándose en el estado sureño. En efecto, casi el 60% de la población es blanca. Entre el origen étnico, el auge económico de las tres décadas anteriores y el ser un cruce de ilegales, la ideología supremacista WASP se ha arraigado en la población, por ello no es casualidad que sea ahí donde surjan propuestas de leyes anti-inmigración como la SB 1070.

Ya durante el gobierno de la demócrata Janet Napolitano (quién dejó su cargo en 2009 para integrarse al gabinete de Barack Obama como secretaria de Seguridad Nacional) se aprobaron reformas enfocadas a desalentar la migración. El 3 de julio de 2007 firmó una ley que obligaba a los empleadores a verificar el status migratorio de sus prospectos, lo que equivalía a hacerlos agentes migratorios de facto.

Ahora con la republicana Jan Brewer, nacida en Hollywood, California e inmigrada en 1979 al estado de Arizona (para saber más de la gobernadora vale darle una revisada al artículo Jan contra el mundo), las políticas anti-migrantes se endurecen. El punto medular de la ley SB 1070 es considerar como un delito menor la migración sin documentos en regla, lo que le daría la facultad a las corporaciones de policía del estado para arrestar a cualquier transeúnte bajo la sospecha de ser un delincuente.

Más allá del efecto político que tranquiliza las “buenas conciencias” WASP, en lo económico la propuesta estimulará la presión para mantener bajos los salarios de los inmigrantes, pues la exposición de los empleadores será mayor sin que desaparezca su demanda por trabajo barato, lo que tarde o temprano redundará en la contención del valor de la fuerza de trabajo en Arizona. Con la consecuente pérdida de “competitividad” del estado. Además, el avance de la SB1070 podría ser solamente la punta de una tendencia que se generalizaría en todo EE.UU., lo cuál extendería el golpe contra la clase trabajadora. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!

Reyertas 86: Notas para una política energética obrera

Sector de la energía

Una de las características más notables de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) es su proclividad a utilizar los altos cargos de gobierno para favorecer negocios en el sector de la energía. En innumerables ocasiones, la prensa ha dado cuenta de la opacidad con la cuál se han operado las paraestatales: Petróleos Mexicanos (PEMEX), Luz y Fuerza del Centro (LFC) y Comisión Federal de Electricidad (CFE). Hay que hacer mención especial al libro Camisas azules manos negras: el saqueo de Pemex desde Los Pinos de Ana Lilia Pérez, periodista de la revista Contralínea, publicado en el presente año por Grijalbo. En dicho texto se documentan una serie de acciones abusivas que funcionarios de los gobiernos panistas han realizado para beneficiarse de la renta petrolera aún en detrimento del erario mexicano. Ya en el gobierno de Vicente Fox personajes como César Nava, Juan Camilo Mouriño y Felipe Calderón favorecieron sus propios intereses a partir de sus posiciones como funcionarios públicos.

La discrecionalidad en el sector de la energía no es exclusiva de los panistas, durante décadas también los priistas usufructuaron con las paraestatales del ramo. No obstante, el asunto adquirió mayor relevancia en los diez años recientes, pues nunca antes México había obtenido una renta petrolera tan elevada, ni las industrias de la energía habían estado tan dominadas por los capitales trasnacionales.

Partiendo de dichas premisas es significativo que durante el actual gobierno se han tomado un par de medidas que trastocaron por completo al sector de la energía, aunque no necesariamente para mejorarlo. De una parte, en octubre de 2008 se consumó en el Congreso de la Unión la aprobación de una serie de modificaciones a la legislación reglamentaria de la industria petrolera. Los resultados de aquellas modificaciones los comenté aquí en las ediciones 9 y 10 de Reyertas con base en los argumentos esgrimidos por los especialistas de los grupos Ingenieros Pemex Constitución de 1917 y del Comité Nacional de Estudios de la Energía, A.C. (CNEE). En síntesis, en aquella ocasión mencioné que si bien el calderonato no cumplió con el objetivo de abrir al capital trasnacional todas las “oportunidades de negocio” que pretendía, al menos sí dio un avance importante al tiempo que hizo sus cómplices a los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En cuanto a la liquidación de LFC es preciso recordar que durante años se sometió a la empresa a una política de sabotaje. Yendo desde el abandono de la infraestructura por la vía de cancelar la inversión en modernizar las instalaciones y profesionalización del personal hasta solapar los dispendios realizados por los altos funcionarios de la empresa, incluyendo a la administración del último director de LFC: Jorge Gutiérrez Vera. Hasta el paso de Felipe Calderón al frente de la Secretaría de Energía (2004) con tuvo como su subsecretario de electricidad a Juan Camilo Mouriño.

Tras 18 meses la reforma petrolera, medida por los resultados prometidos por el gobierno federal: construcción de una nueva refinería, restitución de las reservas probadas y estabilidad de los precios de los combustibles, es un fracaso. Mientras la producción petrolera declina, los altos ingresos por renta petrolera siguen teniendo como destino el solventar los gastos de operación del gobierno a todos los niveles. Tanto la burocracia como los contratistas petroleros han sido los principales beneficiarios de dicha renta. En cambio, para el pueblo mexicano, los grandes provechos siguen ausentes. El incremento de los precios de los combustibles continúa presionando la inflación. En tanto que, la tan anunciada nueva refinería sigue sin dar visos de su construcción.

En segundo término, la liquidación de LFC en octubre pasado no tuvo el resultado prometido. La incursión de CFE en la operación de la red eléctrica del centro del país no redundó en el mejoramiento del servicio. Por el contrario. El empleo de compañías de contratistas dirigidos desde una oficina de call center que carecen del mínimo conocimiento sobre las características técnicas de la infraestructura existente. Esto ha incrementado la incidencia de apagones y accidentes derivados de una seguridad industrial deficiente. A lo anterior es preciso apuntar que el sainete ocasionó un fuerte conflicto laboral entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el gobierno federal. Ello pese a la carnada lanzada por el secretario del trabajo, Javier Lozano Alarcón, quién le ofreció a cada electricista una enorme liquidación, la cuál de ser real, implicaría un gasto oneroso para el erario; pero además, dejaría sin resolver el principal problema de la red eléctrica de la zona centro del país: las instalaciones obsoletas. Modernizar la estructura es una necesidad cuyo costo no depende de la empresa que la opere, sino del tiempo que se posponga. Entre más se posponga incrementará el monto. Aunque, un proyecto de modernización que incluye el cambio de empresa operadora haciendo efectivo el pasivo laboral, sí encarecerá el costo de la modernización. El elemento que motivó a Felipillo I, el espurio, a realizar un movimiento político en contra de la clase trabajadora que los gobiernos anteriores prepararon pero no se atrevieron a llevar a cabo, fue la promesa de apoyo electoral que el capital privado (principalmente extranjero) le ha hecho al calderonato.

El segundo intento

Con motivo de la conmemoración de la expropiación petrolera, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el ejecutivo federal y el grupo parlamentario del PAN se pronunciaron por realizar una segunda reforma energética. En su momento, las reacciones ocasionadas por dichas declaraciones no fueron más allá del rechazo pronunciado por los senadores Francisco Labastida (PRI) y Graco Ramírez (PRD) (véase “Nueva Reforma Energética privatizaría Pemex: PRI y PRD” en El Economista, 18/03/19).

Además de colocar en la agenda de discusión las necesidades del capital monopolista, el pronunciamiento por una sobrerreforma petrolera es también una maniobra conocida coloquialmente como un borrego. Es decir, una filtración premeditada de información a la prensa que conlleva el objetivo de mensurar las respuestas políticas tanto de los actores particulares como de la sociedad en general. Así, sumando éste elemento a varios más, los grandes estrategas profesionales de la política van diseñando planes para que los políticos al servicio del capital consigan impulsar las necesidades de éste. En ese sentido, no se olvide que la reforma aprobada en octubre de 2008 aminoró la vehemencia con la que se exigía la apertura total del sector petrolero al capital privado en la propuesta original de Felipillo I, el católico. Pero, al no haber quedado completamente eliminados los resquicios para la incursión monopolista, sino llanamente atenuados, ahora el objetivo del calderonato sería el de ampliar esos huecos en la industria petrolera. Bien sea por la vía de los hechos o por la legislativa.

Energía privatizada

México cuenta con un largo historial de atrocidades privadas en el manejo de las industrias que integran el sector de la energía. De manera que no es indispensable remontarse a acontecimientos tan lejanos como la cerrazón de la petrolera El Águila o la indolencia de la Electric Light & Power para demostrar lo perjudiciales que son los criterios empresariales en un sector estratégico para el desarrollo económico del país. Bástenos con recordar algunos casos que se han dado en los años recientes.

Sin salir del margen de la industria petrolera es fácil hallar que aún sin una definición legislativa, el calderonato ha facilitado la incursión del capital privado en varias actividades. Como se indicó arriba, tanto Felipe Calderón (cuando fungió como secretario de energía) como sus colaboradores más cercanos: Juan Camilo Mouriño y César Nava, se beneficiaron directa o indirectamente de su carácter como funcionarios públicos. Hasta la fecha se tiene documentado por diversos medios periodísticos que las relaciones políticas de ese grupo han beneficiado a empresas como Ivancar, Blue Marine, Schlumberger y Halliburton. Esa política de favorecer a los empresarios “amigos” ha causado problemas graves como, por ejemplo, el accidente de la plataforma petrolera Usumacinta que ocasionó un gran derrame de hidrocarburo cuando colisionó con la plataforma Kab-101. En el suceso del 24 de octubre de 2007 perdieron la vida 21 trabajadores, sin contar a dos que quedaron en calidad de desaparecidos. Según los datos recavados por los propios trabajadores la mayor parte de las muertes se debió al deficiente equipo de seguridad con el que contaban, en su mayoría provisto a Pemex y a la compañía perforadora La Central por empresas como Halliburton, Schlumberger, Gulf Coast Marine, Vetco, Glen Carter y Baker Hughes. Todas esas empresas fueron demandadas por los trabajadores petroleros ante la corte de Texas, ya que las autoridades mexicanas fueron incapaces para emitir medias que protegiesen a sus propios ciudadanos.

Aunque la petrolera no es la única rama que ha sido afectada por los siniestros generados por la errática política energética que privilegia la apertura hacia el capital privado. Unos días después del accidente petrolero señalado frente a las costas de Tabasco, sobrevino el desbordamiento de los afluentes de río Grijalva. Para el 30 de octubre de 2007 el caudal de cinco ríos arrasó con comunidades de diez municipios de Tabasco —Paraíso, Cárdenas, Centla, Huimanguillo, Centro, Macuspana, Teapa, Tacotalpa y Pinotepa— ello se debió, formalmente a que las “lluvias atípicas” ocasionaron la saturación de la presa Peñitas. Para evitar el colapso de la cortina se abrieron las compuertas para permitir la salida de más de 1,500 metros cúbicos de agua por segundo, lo que equivaldría a verter en más de 1,500,000 litros por segundo en los ríos Samaria y Carrizal. Una explicación técnica de ese tipo parecería ingenua, pues todo se debería al capricho de la naturaleza. Pero la realidad es muy distinta. Pese a los reportes sobre el aumento drástico en el nivel del agua, la hidroeléctrica Ángel Albino Corzo, que opera en la presa Peñitas, no incrementó gradualmente su descarga de fluido para que las turbinas de la planta no generasen electricidad. La finalidad de esa decisión fue el privilegiar la compra de energía que la CFE hace a productores particulares. Si la presa hubiese desfogado gradualmente desde una semana antes, cuando se comenzaron a reportar los incrementos rápidos del nivel del envase, la CFE habría tenido una mayor producción propia de electricidad, lo que implicase reducir la demanda de energía de la paraestatal a las compañías privadas que, en el idílico mundo de la ley, solamente producen fluido eléctrico para su propio consumo; aunque en la realidad les resulta un negocio altamente lucrativo el producir para venderlo a la CFE, sin importar que la capacidad instalada de generación de ésta quede ociosa. Sin embargo, favorecer los intereses empresariales hizo que el desfogue se pospusiese. Incluso, dos días antes de la tragedia —uno antes de la apertura de las compuertas— el propio gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, había alertado sobre la posible inundación. Así, el saldo de una tragedia que pudo evitarse fue de más de 200,000 personas damnificadas.

Por supuesto que la indolencia de la CFE que favoreció a los productores independientes de electricidad no es el único factor que generó la catástrofe, es preciso sumar a ello el reiterado fraude que cometen las empresas inmobiliarias en contra de la sociedad. La errática política energética del país se combina con el doble negocio de construir y vender viviendas en sitios tan peligrosos como laderas de montañas o zonas pantanosas, las que al llegar la primera adversidad de la naturaleza quedan completamente destruidas; dejando otra vez el espacio para que las inmobiliarias entren a reconstruir la infraestructura devastada mientras se embolsa una nueva tajada que puede provenir o de nuevos compradores o bien del erario.

CNEE

Un elemento ideológico que se ha incrustado en la mentalidad de los trabajadores es el argumento de la opinión válida y calificada de los especialistas. Quiénes, por cierto, no son otros que los grupos de profesionistas altamente especializados en la administración del capital. Es cierto, el lugar en que se les coloca les permite ver los procesos productivos no de manera aislada sino como un conjunto; cosa que al trabajador metido en la rutina cotidiana se le impide ver. No obstante, la experiencia acumulada le permite a esos mismos trabajadores el comprender mejor la forma de perfeccionar la producción, claro que el requisito es que tengan la oportunidad de ver el conjunto del proceso productivo en que laboran.

Para los trabajadores la elaboración de teoría en forma colectiva es una necesidad que todavía nos hace falta desarrollar de manera más cotidiana. Una actividad de elaboración teórica que no solamente vaya enfocada a perfeccionar las formas de trabajo sino que también nos sirva para transformar las relaciones sociales: la estructura político-económica de la sociedad.

Uno de los sectores en que más se ha arraigado el prejuicio de la incapacidad de los trabajadores para realizar una efectiva elaboración teórica es el de la energía, pese a ser uno de los que mayor especialización requieren. Sin embargo, hay grupos de trabajadores dispuestos a comenzar esa elaboración para construir un conjunto de empresas de energía que en lugar de priorizar los intereses del capital monopolista esté basada en los intereses de la nación. Al respecto resulta completamente recomendable darle una revisión a la crítica que el boletín del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), agrupación que reúne a trabajadores de Pemex, CFE, LFC y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), realiza a la Estrategia Nacional de Energía (ENE), que fue difundida por el gobierno federal en marzo pasado.

En los números 55-56, 57 y 58-60, que pueden consultarse en la página web: www.cnee-sur.net, se demuestra con argumentos bastante claros que además de ir en contra de los intereses de los mexicanos, la ENE, también va en contra del marco legal del país. Basados en la crítica que hace el CNEE y al ubicar en su propio contexto a la ENE es posible encontrar que la vía que está adoptando el calderonato es la de intentar meter a los actores sociales en la dinámica de una nueva reforma complementaria, pero enfocando sus baterías a la construcción de una política energética paralela al marco legal que en los hechos resulte la privatización del sector. Por ello, es indispensable que los trabajadores no perdamos de vista el objetivo que están persiguiendo los grandes capitalistas, ello con la finalidad de hacer lo posible para neutralizar a tiempo sus esfuerzos y, a la par, ir avanzando en una propuesta que responda a las necesidades de la clase obrera. De ahí lo vital de implementar una práctica de teorización. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!

Reyertas 85: La carrera

La izquierda social incurre en uno de dos extremos cuando se trata del asunto de los procesos electorales. Quienes optan por la vía institucional sobreestiman la posibilidad de una transformación a través de las elecciones. En cambio, quienes apuestan a la vía directa, satanizan la participación en comicios. Ese no es un debate nuevo para la clase trabajadora, desde la Primera (1864-1876) y la Segunda Internacional de Trabajadores (1889-1916) hubo agrias disputas sobre los métodos de lucha que debían utilizarse para revolucionar a la sociedad.

No se trata de preferir una u otra en abstracto. Cualquier transformación social implica emplear el método más correcto para alcanzar nuestros objetivos con mayor precisión. Eso significa alternar uno y otro dependiendo de las condiciones reales.

En anteriores entregas de Reyertas he abordado el asunto electoral en América, aunque no desde una concepción utilitarista, es decir, esa que reza: “hay que participar en las elecciones para cerrarle los espacios a la malévola derecha”. Por el contrario, se ha hecho en función de la movilización social generada y de la historia particular tanto de los partidos como de los personajes.

En el caso mexicano, es imperativo no perder de vista lo que ocurre con las cúpulas políticas. Si bien la magnitud de los grupos sociales que se activan o no, es determinante para conseguir los avances de los políticos profesionales. No es menos cierto que la capacidad que tengan éstos para concretar las fuerzas sociales que los respaldan, también cuenta, incluso dicha habilidad eventualmente puede crear condiciones para una mayor movilización social. No hay dirigente que triunfe sin masas, pero tampoco hay masas victoriosas sin una dirección adecuada.

La clase obrera está obligada a no desentenderse de lo que acontece en las estructuras políticas ni menos de la actividad práctica de la burguesía. Aunque también tiene la responsabilidad de evitar entramparse con esa dinámica. Ello supone esclarecer la situación para que los trabajadores sorteen la demagogia capitalista tanto como a la falsa opción del “menos malo”.

Tras las elecciones federales de 2009 el PRI quedó como el partido aventajado rumbo a las presidenciales de 2012, también sentaron una incógnita interesante: la posibilidad de organización social a partir de la abstención consciente. Es decir, el rechazo y deslegitimación de los profesionales de la política como un elemento a favor de los trabajadores frente a la hegemonía capitalista.

Esta segunda requiere de mayor desarrollo, pasar por su prueba de fuego. Al contrario la primera secuela, aparenta solidez. Aunque, las elecciones estatales que se realizarán el próximo julio pintaren un panorama distinto.

Guerra en el paraíso

Es notable el papel desempeñado por el PRI durante este sexenio. Pese a ser minoría durante la XL legislatura, consiguió imponer muchos de sus enfoques por encima de los planteamientos de del PAN o del PRD, las dos fuerzas que tuvieron más escaños durante dicha legislatura.

Esa situación se derivó de dos hechos muy concretos. La convalidación que los priistas hicieron del sutil golpe de Estado panistas, al imponer a rajatabla a Felipillo I, el espurio. Además, ante el entorno nacional los operadores políticos del PRI demostraron tener más habilidad para resolver los conflictos del Estado mexicano.

Así, las huestes priistas que se habían desarticulado durante el foxiato, se vienen rearticulando alrededor de figuras emblemáticas, sea por su experiencia como dirigentes o por la popularidad que les otorgaron los medios de comunicación masiva.

Eso obligó al calderonato a concederle demasiado al priismo con tal de establecer avances en sus compromisos con el capital monopolista. Esto, en cierto sentido, convirtió a Felipillo I, el católico, en rehén de los altos jerarcas del PRI. Para el gobierno panista fuese imposible sacar adelante elementos como la Reforma Petrolera o los presupuestos sin el aval de los priistas.

Tales procedimientos derivaron en una repartición desigual de los resultados. El calderonato ha cosechando los inconvenientes, mientras los priistas han cosechando las bondades. Hasta 2009 las elecciones estatales han sido un fracaso para el PAN. Inclusive las elecciones federales de 2009 le costaron la presidencia nacional panista a uno de los más allegados colaboradores de Felipillo I, el breve: Germán Martínez Cázares.

Para desgracia del priismo, la gloria no podía sostenerse todo el sexenio. Tras sus derrotas el panismo debe cambiar de rumbo, cosa que el propio Calderón tuvo que reconocer. Por ello, en los últimos meses, se ha presenciado una serie de modificaciones en la política de alianzas del gobierno federal. La revelación de los acuerdos entre el secretario de gobernación, Fernando Gómez Montt, el presidente nacional del PAN, César Nava, y las principales cabezas del PRI, sobre todo el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, exhibieron el doble juego que está asumiendo el calderonato. Las consecuencias eran bastante previsibles: la fisura de las filas priistas al quedar expuestos los movimientos furtivos que cada facción realizaba. Aunque también significó cierto distanciamiento entre el PRI y el PAN que, por un lado, obliga a la confrontación de los primeros con la presidencia, al mismo tiempo que, lo fuerza a buscar las alianzas con el PAN para no quedar aislado. Esa será la condicionante más notoria en las próximas elecciones estatales.

El miniplan

Ante la manifiesta ilegitimidad con la cuál el calderonato comenzó su sexenio lanzando un anzuelo que le permitiese tener mayor espacio político: la guerra contra el narcotráfico. En ese modo, ante la opinión pública, siempre se podría justificar la actuación del gobierno para combatir uno de los conflictos morales más preocupantes para los mexicanos. Para el calderonato ceder el resto de las acciones políticas a la posibilidad de la negociación con el PRI, pero arrogándose para sí la autoridad moral del combate al crimen organizado, representó mantener la capacidad para movilizar una base social considerable en torno al PAN. Pero, como se indicó arriba, esa estrategia le permitió al priismo avanzar demasiado para las expectativas del panismo.

En su momento eso resultó de particular importancia para los principales miembros de los gobiernos del PAN, pues les permitió concentrarse en los negocios personales que han ido generando con PEMEX al amparo del ejercicio del gobierno.

Aunque con el tiempo, a Felipillo I, el espurio, era imperativo darle un viraje a su política de alianzas. Para ello está recurriendo a más de una vía para desgastar la potencia subjetiva de movilización que posee el priismo. Principalmente recurre a dos complementarias: sujeta al PRI con acuerdos secretos y emplea los instrumentos del Estado para perseguir a los opositores. No solamente Gregorio Sánchez, candidato perredista al gobierno de Quintana Roo, ha sido perseguido judicialmente; según las versiones periodísticas disponibles, también Jesús Vizcarra (Sinaloa) y Francisco Olvera (Hidalgo) enfrentarían las sospechas judiciales del gobierno federal por sus nexos con el cartel del Golfo y los Zetas, respectivamente. Curiosamente, el candidato del PAN al gobierno de Durango, José Rosas Aispuro, de quién se presumen vínculos con El Chapo Guzmán, no enfrenta ninguna sospecha por las instancias federales.

El complemento al acoso jurídico-político está en las negociaciones soterradas que el calderonato estableció con algunos altos dirigentes del priismo. El más importante de esos acuerdos fue el firmado por la cúpula panista con la facción priista del Estado de México, encabezada por el gobernador Enrique Peña Nieto. El acuerdo, cuyo contenido fue publicado por el diario Milenio (12/03/10) tres días después de haber sido difundido públicamente por Beatriz Paredes (dirigente nacional del PRI) en la tribuna de la Cámara de Diputados.

Casi un mes antes, el 10 de febrero, el secretario de gobernación, Fernando Gómez Montt, el abogado de las mejores causas empresariales, renunció a su militancia panista sin dar un motivo preciso. Al día siguiente, Peña Nieto reconoció la existencia del pacto que había obligado a la renuncia del secretario. Las sospechas poco a poco fueron develando todo el entramado palaciego que se había erigido. El 4 de marzo César Nava reconoció que había firmado un acuerdo con Beatriz Paredes el 30 de octubre de 2009 que tenía la finalidad de intercambiar la aprobación priista de la propuesta presupuestal calderonista a cambio de evitar las alianzas entre el PAN y los partidos de izquierda.

En sentido estricto, el presupuesto para 2010 fue un avance importante para el capital monopolista pues abrió de facto resquicios para imponer sus necesidades. Mediante éste se dio la puntilla a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, se elevó un punto porcentual el Impuesto al Valor Agregado (IVA), condonó impuestos y entregó parte del espectro radioeléctrico a Televisa y TV Azteca. Aunque todos esos elementos son la parte no dicha del acuerdo firmado. La que realmente se redactó comprometía tanto al PAN como al PRI a no formar alianzas con otros partidos en el Estado de México hasta el 31 de julio de 2011, cláusula cuarta, y a que ambos partidos se comprometieron a realizar las reformas necesarias para limitar las coaliciones en el país, según la cláusula quinta.

Con el develamiento del acuerdo se dispararon los acontecimientos exhibiendo muchas de las contradicciones internas de los políticos profesionales, al tiempo que dan una idea más precisa del cambio de estrategia del calderonato rumbo a las elecciones de 2012.

Si del lado del PAN quedó completamente claro que el gran elector es el propio Felipillo I, el católico, en el PRI se demostró que las facciones en la cúpula no son tan inseparables como se han venido presentando. Las posiciones encontradas podrían ser el anuncio de una confrontación entre los partidarios de Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes.

En tanto, el calderonato creo una división artificial en su bando que le puede servir para seguir sacando raja política en los próximos meses. Si Gómez Montt quedó como el “policía bueno” también es cierto que en realidad quedó como un negociador debilitado cuyo sacrificio fue pospuesto para un momento más conveniente. En tanto que César Nava quedó como el “policía duro” que mediante una actitud rijosa podría sacar resultados más favorables para que su partido remonte en la preferencia del capital hegemónico.

El nieto se despeña

De manera atinada el diputado panista Javier Corral, en entrevista con Jesusa Cervantes de Proceso (14/03/10, p. 6-9), argumentó que el principal afectado en todo el asunto fue el principal aspirante a la presidencia en 2012: Enrique Peña Nieto. De hecho, Corral sugirió que la filtración llegó a Beltrones desde Los Pinos para que fuese una mano priista la que sacrificase al gobernador mexiquense. Sin embargo, Peña Nieto se adelantó a difundir la noticia para minimizar el daño político y tener tiempo para recuperarse rumbo a las elecciones presidenciales.

La especie vertida por Corral es completamente plausible y demuestra que el panismo ha aprendido de la experiencia que tuvo el foxiato cuando intentó descarrilar por cualquier medio al candidato que llevaba mayor ventaja rumbo a las elecciones de 2006. En lugar de desaforar a Peña Nieto, como Fox lo intentó con López Obrador, Felipillo I, el espurio, busca dar golpes más sutiles que vayan disminuyendo la ventaja del priista, mientras se desarticula la unidad interna del PRI.

No obstante, la ventaja de Peña Nieto todavía radica en su alianza con la principal televisora, la de Emilio Azcárraga III, y en el control que este gobernador ejerce sobre la cámara de diputados mediante los más de 30 peñistas que encabezan la bancada del PRI, además de la lealtad que Francisco Rojas (coordinador de los diputados tricolores) tiene hacia Peña Nieto.

Dada su fortaleza sustentada en haber obtenido la mayoría de las corrientes priistas, el gobernador mexiquense, logró superar el escándalo de los acuerdos sin mayor daño inmediato. Pero el precedente está asentado, lo que a mediano plazo podría complicarle las aspiraciones presidenciales. Sobre todo cuando al interior del PRI se dé el momento de tomar la decisión sobre el candidato presidencial.

¿Y dónde está la izquierda?

Más allá de la destemplada protesta ante el Instituto Federal Electoral (IFE) que los dirigentes de la coalición de partidos de izquierda que conforman el Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA). La realidad es que ni Convergencia ni el Partido del Trabajo (PT) tienen la fuerza para hacer mayor cosa. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se aleja cada vez más de la sociedad, la actual dirigencia prefiere hacer hasta lo imposible por construir alianzas electorales con el PAN, que presentarse como una opción auténtica de transformación social.

Ese procedimiento no es extraño en la izquierda electoral mexicana, pero el proceder de los llamados chuchos es mucho más marcado en ese sentido. Esto biene a corroborar la afirmación, que ya antes he argumentado, sobre la inutilidad del PRD. Dicho partido, desde la asunción de Jesús Ortega al frente de ese partido dejó de su estado de coma permanente para convertirse en un cadáver insepulto.

Por su lado, el pejismo también se está aislando de los procesos electorales, aunque de manera timorata. AMLO definitivamente está tomando el rumbo radical (que no revolucionario), pero algunos de sus colaboradores cercanos se intentan filtrar en el proceso a marchas forzadas.

Perspectivas

La exactitud de las afirmaciones del sociólogo Guillermo Fabela en su artículo “Democracia empantanada” (Contralínea, 21/03/10, p. 22) no dejan duda sobre la repercusión que tienen los reacomodos en la esfera de la política profesional para el pueblo mexicano. Fabela apuntó: “Mientras la vida política no sirva a los intereses prioritarios de la nación, sino a los particulares de los poderes fácticos y de la oligarquía, será imposible sacar del pantano a la democracia. El debate en la actualidad, al menos en la Cámara de Diputados, no es por hallar caminos de redención, sino fórmulas palaciegas que permitan seguir operando en lo oscurito acuerdos mafiosos.”

Pero aún esa concepción partidaria de la política tiene la necesidad de pasar por los procesos electorales que les den la fuerza suficiente para negociar dichos acuerdos. Así, para el calderonato el éxito de la estrategia de doble vía es fundamental. De los 12 estados que elegirán gobernador en julio, al panismo le interesa recrudecer las disputas en los que tienen una menor cantidad de electores. En cambio, en Oaxaca, Puebla, Veracruz e Hidalgo la intención es concretar alianzas que le permitan ir recuperando terreno con base en ganar los estados más poblados. Dada la subordinación del PAN al criterio presidencial, su avance pende de dos elementos: 1) la neutralización de la izquierda electoral mediante las alianzas con ella, y 2) la imposición ideológica de la guerra calderoniana.

Por su parte, el PRI lleva ventaja, pero no es lejana la posibilidad de perderla ante el cambio de estrategia panista que pretende arrebatarle el favor del capital monopolista. Mantenerse, al priismo, le requerirá conseguir ganarse el voto popular al tiempo que conserva el capitalista. En mucho, la unidad partidaria le será fundamental.

Las izquierdas electorales carecen de cualquier atisbo de salvación. Máxime su divorcio con las organizaciones sociales y populares. En tanto que los trabajadores necesitaremos irnos abriendo espacios sin incurrir en el error de someterse al calendario electoral ni en el de despreciarlo en absoluto. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!

Memoria 9: Zapatismo

Obviamente relacionado con un personaje icónico, Emiliano Zapata Salazar, el zapatismo es una de las doctrinas agraristas más importantes, sino la más, en México. En vida de Zapata sus partidarios se concentraban en la parte centro-sur del país, principalmente en el estado de Morelos. Tras su muerte, el personaje trascendió su fama carnal para convertirse en uno de los principales iconos de la Revolución Mexicana. Pero también en una imagen que inspiró a los campesinos a defender su territorio. Más recientemente, surgió en Chiapas un grupo guerrillero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que le dio un giro importante a la idea del zapatismo. Por ello es que más de uno nos referimos a esta nueva forma de agrarismo como el neozapatismo. No obstante sí es importante hacer la distinción entre la reivindicación moderna y la del agrarismo tanto de la revolución como de las primeras décadas posrevolucionarias. En la presente entrega damos algunas valoraciones con respecto a cómo se fue erigiendo el zapatismo.

Chinameca 1919

Corrido de la Muerte de Emiliano Zapata

Intérprete: Bola Suriana

La pieza que se ofrece en el video anterior es uno de los corridos más conocidos de la Revolución Mexicana. Como el lector puede apreciar la obra da noticia del asesinato de Zapata. La versión más conocida es la de la cantante, ya fallecida, Amparo Ochoa, aunque hay muchas otras de este corrido compuesto por Armando Liszt Arzubide. Tanto el “Corrido de la Muerte de Zapata” como cualquiera de los 147 que se tienen registrados pueden hallarse en la página: Bibliotecas Virtuales de México.

La antigua hacienda cañera de Chinameca, Morelos se ubica a 25 Kms al sur de Ciudad Ayala (antes Villa de). Según la Enciclopedia de México, t. 2, Planeta, 2008, p. 844, esta fue una de las últimas haciendas que se integraron en el Porfiriato. La fundó el latifundista Vicente Alonso en 1899. Llegó a ser la más extensa de Morelos, además de ser la más modernizada para la elaboración de azúcar.

Eran mediados de marzo de 1919. El general Pablo González, quién tenía la misión de perseguir a los zapatistas, ordenó que el coronel Jesús María Guajardo tomase el poblado de Huautla. Guajardo no cumplió con la orden y fue encerrado por mandato del propio González. Al enterarse del suceso, Zapata le envió una carta el prisionero invitándolo a unírsele. El mensaje fue interceptado por las tropas carrancistas, lo que les sirvió para desarrollar un nuevo plan de ataque contra los zapatistas. Al ser puesto en libertad, Guajardo simuló un pleito con González. Supuestamente el resultado fue la respuesta del coronel prometiéndole a Zapata desertar del ejército carrancista. La fingida deserción se llevó a cabo el 6 de abril, cuando se declaró en rebeldía. Tres días después, el 9, Guajardo tomó Jonacatepec, e incluso mandó fusilar a Victorino Bárcenas. La trampa estaba tendida y tenía trazas que la hacían bastante creíble. La misma tarde, a las 4pm, Zapata tuvo su primera entrevista con el supuesto desertor en Tepalcingo. Allí se intercambiaron cortesías. Por un lado, Guajardo le entregó un caballo al Caudillo del sur, por el otro, Zapata le dio una pócima al coronel para aliviar una dolencia que decía traer. Al finalizar ese primer encuentro, cada quién fue a descansar a sus propios campamentos.

A la mañana siguiente, 10 de abril, corrieron los rumores de la proximidad de un batallón carrancista. Para garantizar la integridad de la región, Zapata se hizo cargo de organizar la defensa con la colaboración de Guajardo. La falsa alarma quedó esclarecida antes del medio día, por lo cuál el coronel aprovechó la ocasión para invitar al general a almorzar juntos en la hacienda de Chinameca. Llegaron hacia la 1:30 de la tarde. Aquí vale la pena retomar el testimonio del mayor Salvador, Reyes Avilés, secretario particular de Emiliano Zapata.

—“Vamos a ver al coronel, dijo el jefe Zapata: que vengan nada más diez hombres conmigo”, ordenó. Le seguimos diez, tal como él lo ordenara, quedando el resto de la gente, muy confiada, sombreándose debajo de los árboles y con las carabinas enfundadas. La guardia formada (la gente de Guajardo) parecía preparada para hacerle los honores (al jefe). El clarín tocó tres veces llamada de honor, y al apagarse la última nota, al llegar el general en jefe al dintel de la puerta, de la manera más alevosa, más cobarde, más villana, a quemarropa, sin dar tiempo para empuñar las pistolas, los soldados que presentaban armas, descargaron dos veces sus fusiles y nuestro inolvidable general Zapata cayó para no levantarse más. Su fiel asistente, Agustín Cortés, moría al mismo tiempo. Palacios debe haber sido asesinado al interior de la hacienda. La sorpresa fue terrible; los soldados del traidor Guajardo, parapetados en las alturas, en el llano, en la barranca, por todas partes (cerca de mil hombres), descargaban sus fusiles sobre nosotros. Bien pronto la resistencia fue inútil; de un lado éramos un puñado de hombres consternados por la pérdida del jefe y del otro un millar de enemigos que aprovechaban nuestro desconcierto encarnizadamente… Así fue la tragedia, así correspondió Guajardo, el alevoso, a la hidalguía de nuestro general en jefe. Así murió Emiliano Zapata. Así mueren los valientes, los hombres de pundonor, cuando sus enemigos, para poder enfrentarse a ellos, recurren a la traición y al crimen… (Salvador Reyes Avilés, citado en Antonio Díaz Soto y Gama, La Revolución Agraria del Sur y Emiliano Zapata su Caudillo, México, INEHRM, 1961, p. 238.)

Propiedad 1957-1910

Como bien señaló Soto y Gama, en el texto antes citado, la manera en que se consumó la independencia mexicana impidió que las ideas sustentadas por Hidalgo y Morelos, con respecto a la propiedad de la tierra, se implementasen. Por el contrario, con Iturbide se mantuvieron las condiciones para el latifundismo. La falta de una estructura del Estado mexicano fue un factor que imposibilitó la realización de verdaderas reformas que le diesen un marco jurídico para la creación de un mercado interno, incluyendo el asunto de la propiedad de la tierra. La inconformidad social no se hizo esperar durante las primeras décadas del México independiente, en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y la península de Yucatán (la propiedad fue uno de los motivos de la Guerra de Castas, 1847-1901) hubo alzamientos en contra de los despojos sufridos por los pueblos a manos de los grandes terratenientes y la Iglesia. No fue casual que fuese en Ayutla dónde comenzase la revolución que acabó con el Santaannismo.

Las Leyes de Reforma fueron un parte aguas en la situación de la propiedad en México. En primer lugar ello se debió a que los liberales tenían mayor claridad sobre la importancia de acelerar el desarrollo del capitalismo en el país. Para ajustar a ese propósito las normas jurídicas fue que se Ignacio Comonfort expidió el 25 de junio de 1856 la Ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México, mejor conocida como Ley Lerdo. El sentido de dicha reforma era triple, por un lado la venta de los terrenos a los particulares permitiría recaudar fondos para la operación del gobierno. Segundo, se echaría a andar la producción agropecuaria, pues se establecerían criterios de mercado. Tercero se le restaba poder político al quitarle una de sus principales fuentes de ingresos. No obstante, un efecto que también trajo la aplicación de esta reforma fue el desconocimiento legal de los títulos de propiedad expedidos en tiempos del virreinato, perjudicando de manera directa a las comunidades rurales que quedaron desamparados por la ley.

La Guerra de Reforma (1858-1860) obligó al gobierno liberal, ya con Juárez a la cabeza, a promulgar en 1859 un complemento a la Ley Lerdo, la Ley de nacionalización de los bienes de la Iglesia.

Al igual que las demás leyes de la reforma y la Constitución de 1857, las normas sobre el régimen de propiedad únicamente alcanzaron su plena vigencia tras la derrota del Segundo Imperio Mexicano (1864-1867). Durante ese período, especialmente en el Porfiriato, la concentración de la tierra se fue haciendo cada vez más evidente. Unos cuantos terratenientes fueron apropiándose de los campos. Pero, la esperada modernización del país y consolidación del mercado interno no acontecía. A los grandes propietarios les bastaba el poder económico y social que les otorgaba la extensión de sus haciendas. No tenían necesidad de arriesgar su capital en la industrialización del país. Por ello, es que cuándo Porfirio Díaz abrió aún más las puertas para la inversión extranjera, los terratenientes solamente exigieron mantener sus privilegios, además de convertirse en socios minoritarios de las compañías extranjeras.

Durante el Porfiriato, las reformas sobre el régimen de propiedad fueron complementadas mediante el Decreto del Ejecutivo sobre Colonización y Compañías Deslindadoras, publicado el 15 de diciembre de 1883, y la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos, promulgada el 26 de marzo de 1894. Mediante éstas se aceleró la concentración de tierras, incrementando el despojo hacia las comunidades rurales, principalmente las indígenas.

En esas leyes se fundamentaron los grandes latifundios porfiristas. Mientras el capital extranjero, básicamente el estadounidense, inglés y francés, se apropiaba de la industria y de los transportes, los latifundistas se expandían territorialmente al tiempo que amasaban grandes fortunas derivadas de su alianza con los empresarios provenientes de las potencias imperialistas. Eso ocasionaba que además de la tierra, también el ingreso se fuese concentrando en unas cuantas manos. Para colmo, el mercado interno no se concretó debido a que los bienes producidos en México eran exportados hacia las potencias imperialistas. Por si fuese poco, la mano de obra liberada por las expropiaciones de los latifundistas, no se tradujo en la creación de una amplia clase obrera industrial. Sí, se desarrolló una forma de proletariado, pero principalmente agrícola dado que una buena parte de los trabajadores de las compañías extranjeras eran traídos desde otras naciones por éstas, al tiempo que las haciendas absorbían a los campesinos desposeídos bajo la forma de jornaleros.

Las compañías deslindadotas, principalmente extranjeras, también fueron grandes usufructuarias del despojo contra los pueblos originarios. En principio los terrenos que les fueron entregados como pago a sus servicios de medición y delimitación de tierras no podían ser enajenados, pero esa situación cambió hacia los últimos años del siglo XX, creando un gran negocio inmobiliario a costa de la población.

Entre la expansión de los latifundios y la especulación, las protestas no se hicieron esperar. La Guerra de Castas hasta 1901, en su fase final los indígenas mayas tuvieron que combatir contra el poderío de las grandes haciendas henequeneras de la península. En Sonora, el pueblo yaqui se enfrentó a varios intentos de despojo por parte de los colonizadores apoyados por la dictadura. Así, de 1897 a 1908 la Guerra del Yaqui marcó a la región. El Porfiriato resolvió esa crisis recurriendo a una medida drástica: deportó a cuantos yaquis pudo hacia la península de Yucatán para que sirviesen en los latifundios. Finalmente, en el recuento de insurrecciones campesinas contra el Porfiriato hay que recordar la Rebelión de Acayucan, en Veracruz, que estalló el 30 de septiembre de 1906. Ésta fue la primera insurrección rural que enarbolaba el programa floresmagonista del Partido Liberal Mexicano (PLM).

Con cada rebelión se hacía explícito que conforme envejecía el antiguo régimen la efectividad de las guardias rurales también se iba perdiendo. Así, poco a poco las causas agraria e indigenista fueron adquiriendo terrenalidad conforme se acercaba la revolución.

El origen de Emiliano

Emiliano Zapata nació en el seno de una familia campesina del poblado de Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Aunque quedó huérfano antes de alcanzar la mayoría de edad, las pocas propiedades que heredó le fueron suficientes para no quedar obligado a contratarse como peón en las haciendas de la región. Su formación básica a manos de un antiguo soldado juarista, el profesor Emilio Vera; el contacto estrecho con las condiciones de miseria vividas en su región y la vida un poco más desahogada en comparación con otros campesinos de la zona, fueron todos factores que moldearon el espíritu justiciero del joven Emiliano.

Entre 1902 y 1906 participó ayudando a los poblados de Yautepec y Anenecuilco a defenderse contra la apropiación de terrenos que intentaba el latifundista Pablo Escandón. En represalia a su rebeldía fue reclutado en 1908 para formar parte del ejército mexicano. Se le enroló en el noveno regimiento con sede en Cuernavaca. Ahí alcanzó el grado de caballerango a las órdenes de Pablo Escandón, primero, y después a las de Ignacio de la Torre y Mier.

Al terminar sus servicios en el ejército, en 1909, regresó a su pueblo natal y fue electo para representar a la comunidad en la lucha por defender las tierras de Anenecuilco. Los ancianos le entregaron la documentación de la comunidad, en la cuál, se hallaban títulos que databan de la época colonial. Zapata se dedicó a estudiar esos textos para defender los terrenos.

Para mayo del año siguiente, 1910, participó en la recuperación por la fuerza de las tierras de Villa Ayala. Tal hecho le valió ser declarado bandolero por parte de la justicia. Zapata se dedicó a escapar de la policía porfiriana. Tal marginación encontró cierto reposo y rencausamiento con la aparición del Plan de San Luis Potosí, por parte de Francisco I. Madero, hacia fines de 1910.

El maderista

Cabe subrayar que Zapata no se adhirió al maderismo desde el comienzo. Por el contrario, el caudillo del sur no confiaba en las promesas de la campaña presidencial de Madero porque éste excluía el asunto de la restitución de las tierras. Fue hasta que tras algunas reuniones secretas entre los enviados de Zapata y el propio excandidato en San Antonio, Texas, que los zapatistas decidieron incorporarse al movimiento revolucionario. Así, junto a 70 compañeros más, el 10 de marzo de 1911, se incorporó como jefe guerrillero partiendo de Villa de Ayala, Mor. En poco tiempo el ejército creció, permitiéndole tomar la ciudad de Cuernavaca el 27 de mayo del mismo año. Tan sólo unos días después, en el norte, Pascual Orozco y Francisco Villa encabezaron la toma de Ciudad Juárez, lo dio pasó a la firma de los Tratados de Ciudad Juárez el 21 de junio que dieron fin a más de 30 años de dictadura porfirista.

Durante el interinato de Francisco León de la Barra los zapatistas fueron perseguidos por las tropas de los generales Aureliano Blanquet y Victoriano Huerta. En medio de tal situación, Francisco I. Madero decidió entrevistarse con el Atila del sur en agosto para mediar en el conflicto entre el gobierno y los zapatistas. Las negociaciones fueron un rotundo fracaso. Mientras los hacendados morelenses le exigían a León de la Barra que aniquilara a los insurrectos, los partidarios del Ejército Libertador del Sur (ELS), por el contrario, los segundos no querían menos que la restitución de las tierras a los pueblos. La posición de Madero fue la de pedirle a Zapata que entregase las armas y licenciase a su ejército a cambio de la promesa de un gobierno que negociaría para obtener la restitución. Los avances de Madero fueron rápidamente saboteados por las acciones militares del gobierno federal. Para los zapatistas quedó evidenciado que el máximo jefe de la revolución carecía de la fuerza necesaria para controlar las fuerzas desatadas por el proceso revolucionario, incluyendo a las contrarrevolucionarias de León de la Barra, Blanquet y Huerta.

El descontento zapatista se concretó tan sólo 22 días después de la toma de posesión de Francisco I. Madero como presidente del país. El 28 de noviembre de 1911 fue promulgado en Villa de Ayala, Morelos, el Plan de Ayala cuyas dos principales demandas eran la restitución de tierras a los pueblos y el desconocimiento del gobierno de maderista.

Impresión del Plan de Ayala

La negativa del presidente a cumplir con la restitución de tierras aunado a la insurrección zapatista, fueron la gota que desató otros levantamientos anti-maderistas. El más sonado de ellos fue el de Pascual Orozco, quién se levantó en armas contra el maderismo el 3 de marzo de 1912. La rebelión orozquista, por cierto, se adhirió al Plan de Ayala.

Floresmagonismo

La política que la dictadura porfirista aplicó hacia la oposición resultó ser altamente efectiva, al menos en las primeras dos décadas. La base de ésta fue el doble rasero que manejó. Por un lado, anulaba el poder político de los opositores que pertenecían a las clases adineradas al trocarles sus demandas en mayores ganancias económicas. Así, aquéllos renunciaban a sus aspiraciones políticas pero obtenían mejores ganancias. En cambio, hacia los grupos opositores que surgían de las clases populares, el método de anulación era menos sofisticado: la represión total.

Las cosas comenzaron a cambiar a partir de los primeros años del siglo XX. Para entonces, en San Luis Potosí, Camilo Arriaga convocó a la conformación del Club Liberal Ponciano Arriaga. El objetivo era el de abrir este tipo de organizaciones en todo el país para conseguir la refundación del Partido Liberal Mexicano (PLM). Al llamado respondieron, entre otros personajes, los hermanos Flores Magón (Enrique, Ricardo y Jesús) quienes abrevaron de la espléndida biblioteca de Arriaga para forjar su propio pensamiento.

Además de plegarse al anarquismo los Flores Magón se caracterizaron por desarrollar un intenso trabajo político que rápidamente los puso a la cabeza del PLM. Para 1906 se publicó el primer programa político del partido, que fue redactado en sus puntos esenciales por Ricardo Flores Magón. Ese texto le dio verdadero contenido a las luchas opuestas a la dictadura. Gracias a la estructura política que construyeron y a través de la publicación alternativa de sus dos periódicos: Regeneración y de El hijo de el Ahuizote, los postulados del floresmagonismo se esparcieron rápidamente por el país. Incluyendo al estado de Morelos.

Impresión del Programa Político del Plan de Ayala

La concepción de los Flores Magón se apoyó en dos elementos: la abolición de la propiedad privada, la cuál complementaron con la reivindicación de las formas comunalistas practicadas entre los pueblos indígenas.

Dada la composición social morelense, los preceptos del PLM tenían campo fértil para arraigarse, especialmente entre los zapatistas. No obstante, el floresmagonismo decidió enfocar sus fuerzas en el norte del país, dado que para ellos tenía mayor interés el trabajo con la clase trabajadora. Aunque no despreciaban la aportación campesina ni la indígena.

La política agraria de los Flores Magón no solamente tuvo importantes coincidencias con el zapatismo sino que también influyó a éste. Hecho que se notó más tras la ruptura del PLM en dos fracciones: la moderada con Antonio I. Villarreal a la cabeza y la radical dirigida por Ricardo Flores Magón. Ésta segunda publicó el 23 de septiembre de 1911 un manifiesto convocando a los mexicanos a luchar por la abolición del poder y de la propiedad privada. Todo ello bajo un lema: Tierra y Libertad.

Portada del Manifiesto Floresmagonista del 23 de septiembre de 1911

A más de brindarle ideas al zapatismo, el trabajo del floresmagonismo también se dio de manera directa. Uno de los colaboradores más conocidos del PLM, el señor Antonio Díaz Soto y Gama, se unió al ELS. Con el tiempo, Soto y Gama se volvió uno de los apoyos más sólidos que Zapata tuvo tanto en lo intelectual como en lo político.

Plan de Ayala

Como señalé arriba el Plan de Ayala fue promulgado poco después del comienzo del gobierno maderista. También remarqué la influencia que tuvo el PLM en éste. Además del Manifiesto del 23 de septiembre de 1911 publicado por los Flores Magón. Respecto al programa liberal de 1906 los zapatistas tomaron como base los puntos sobre la tierra (arts. 34-37), el de protección a los indígenas (art. 48) y el de confiscación de bienes mal habidos por los funcionarios de gobierno (art. 50). Aunque el ELS fue más insistente en sus demandas sobre la restitución de tierras, lo cuál no quedó solamente plasmado en el papel del Plan de Ayala. Para el 30 de abril de 1912, basándose en dicho plan, los zapatistas realizaron en Ixcamilpa, Puebla, el primer reparto agrario. El acto fue encabezado por Eufemio Zapata Salazar, hermano mayor de Emiliano.

Una vez conocida la insurrección zapatista en contra del presidente, los eventos se desataron. El desconocimiento de Madero como jefe de la revolución fue complementado con el reconocimiento de Pascual Orozco como máximo dirigente del movimiento armado. Así, cuando el presidente Madero le encomendó a Orozco la misión de combatir a los zapatistas, éste no sólo se negó, sino que se insurreccionó contra el gobierno federal al proclamar en marzo de 1912 el Pacto de la Embajadora.

La torpeza presidencial para resolver las demandas de los grupos que le habían apoyado en el derrocamiento del antiguo régimen, tuvo también el efecto de alentar las aspiraciones de los partidarios del porfirismo. Por ello, mientras Madero enviaba al general Juvencio Robles, primero, y después a Felipe Ángeles, para aplacar a los zapatistas, los generales Manuel Mondragón, Bernardo Reyes y Félix Díaz, férreos partidarios del Porfiriato, orquestaron un plan contra el gobierno mexicano: la Decena Trágica.

Con el Pacto de la Embajada, Victoriano Huerta asumió la presidencia de la República el 19 de febrero de 1913. A éste se había unido un acérrimo enemigo de Francisco I. Madero, el general Pascual Orozco.

Consumada la traición, no solamente contra el maderismo, sino contra todo el movimiento revolucionario, la ambición política de Orozco lo llevó a buscar la manera de pacificar a los zapatistas. Para ello, en abril del 1913 envió a su propio padre, el coronel Pascual Orozco, a negociar la rendición de los zapatistas. Por supuesto que Emiliano Zapata se rehusó a las propuestas del nuevo huertista y mandó fusilar al mensajero.

Mientras en el norte del país los grupos revolucionarios se compactaban en torno al Plan de Guadalupe, promulgado por Venustiano Carranza, que desconoció al gobierno usurpador, los zapatistas solamente le realizaron una reforma, el 30 de mayo de 1913, al Plan de Ayala mediante la cuál se desconocía la presidencia de Huerta. Dicha modificación también tomó su distancia con el Ejército Constitucionalista porque en lugar de reconocer a Carranza como el jefe máximo de la revolución, se le dio ese lugar al general Emiliano Zapata.

Durante la dictadura de Huerta el zapatismo se fortaleció y expandió considerablemente. Los estados de Morelos, Puebla, Guerrero, Estado de México, Hidalgo y el sur del Distrito Federal estaban ocupados por completo, o en parte, por las fuerzas zapatistas. En tanto, que en los estados de Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca había grupos revolucionarios que decían compartir los postulados del Plan de Ayala aunque nunca se adhirieron al ELS.

El auge del zapatismo no solamente se fundamentó tanto en su capacidad militar sino en su política. Así, mientras la derrota de los usurpadores era garantizada con la firma de los Tratados de Teoloyucan el 13 de agosto de 1914, los zapatistas organizaron la formación de comisiones para repartir las tierras. Al frente de la consolidación de las demandas agraristas estuvo, una vez más, Eufemio Zapata.

Inmediatamente concluida la guerra en contra del huertismo, afloraron las diferencias entre los carrancistas y los zapatistas. En lugar de apropiarse de los postulados del Plan de Ayala, Carranza decidió adoptar la posición de defender los intereses de los hacendados. Conminó al ELS a rendirse incondicionalmente ante el nuevo gobierno nacional.

Para el 29 de agosto, 15 días después del arribo de Carranza a la Ciudad de México, el nuevo gobierno federal mandó a Antonio I. Villareal, Juan Sarabia y Luis Cabrera, todos ellos antiguos miembros del PLM, a negociar con los zapatistas. El fracaso de tales pláticas estaba más que cantado, pues los surianos seguían exigiendo que Carranza reconociese los postulados del Plan de Ayala.

El reinicio del conflicto armado solamente se contuvo por el llamado de los constitucionalistas a la conformación de la Convención Nacional (1 de octubre de 1914) que tenía por objetivo fijar las reglas para la conformación de un nuevo gobierno. En principio, los carrancistas tenían previsto ganarlo todo. Sin embargo, los trabajos de esta debieron ser suspendidos dada la ausencia de los villistas y zapatistas. Para enmendar el apuro se trasladaron la realización de la convención a la ciudad de Aguascalientes y el general Felipe Ángeles, presidente de la asamblea general, envió una invitación personal al general Zapata para que su bando se integrase a los trabajos. Para el 28 de octubre se integraron a las sesiones los delegados zapatistas, Paulino Martínez y Antonio Díaz Soto y Gama, este último protagonizó uno de los incidentes más ríspidos de la convención al negarse a firmar sobre la bandera porfirista.

Al perder el control sobre la convención, los carrancistas ya no consiguieron contener las fuerzas de las facciones revolucionarias; las que le exigían al jefe constitucionalista que se alejase del poder. El 30 de octubre la sesión acordó el cese de Venustiano Carranza como primer jefe revolucionario, colocando en lugar de éste a Eulalio Gutiérrez Ortiz como presidente de la república.

La guerra civil volvió a desatarse. Los zapatistas ocuparon la Ciudad de México desde el 24 de noviembre de 1914, en tanto que los carrancistas se refugiaron en Veracruz. Unos días después, el 4 de diciembre, Zapata y Villa se encontraron por primera vez en Xochimilco. Allí firmaron el Pacto de Xochimilco en el cuál el jefe de la División del Norte se comprometió a defender los puntos del Plan de Ayala.

Para dar cumplimiento al reparto de tierras se nombró como secretario de agricultura y colonización al general zapatista Manuel Palafox cuya tarea principal fue la de supervisar a las Comisiones Agrarias. No obstante, las derrotas que sufrió Villa en los llanos de Celaya en 1915 le restaron demasiada fuerza a la Convención. El ocaso de la junta revolucionaria se prolongó hasta mayo de 1916, cuando por fin fue disuelta. Los carrancistas quedaron entonces con todo el control sobre la nación, con excepción de los bastiones villistas y zapatistas. Aunque poco a poco las hostilidades fueron reduciéndose, el cerco en contra de los insurrectos fue cada vez más fuerte. A tal punto que para el 18 de junio de 1917 fue asesinado en Cuautla, Morelos, el general Eufemio Zapata. Supuestamente se trató de un pleito de cantina, pero el crimen nunca se esclareció satisfactoriamente. En el mismo año Palafox y otros oficiales surianos decidieron aceptar las propuestas de indulto del gobierno carrancista.

Entre 1918 y 1919 los federales infligieron varias derrotas a los zapatistas, pero no lograban derrotar a la guerrilla. Tuvo que venir la celada concebida por el general Pablo González, para acabar con el jefe del ELS. Aún después de ello, los rebeldes se mantuvieron en armas contra el gobierno de Carranza.

Los sobrevivientes

La emboscada de Chinameca pretendía terminar definitivamente con el zapatismo. Aunque tuvo éxito por el lado de exterminar a su principal dirigente, puede decirse que quedó limitado en dos rubros. Por un lado, el ELS continuó combatiendo a un carrancismo que cada vez estaba más aislado. Por el otro, quizá el punto más importante, marcó una separación tremenda entre la causa suriana y el zapatismo como ideología agrarista.

Tras la muerte de Zapata fueron nombrado jefes del ejército suriano, Gildardo Magaña y Genovevo de la O, sucesivamente, quienes un año después se aliaron con los rebeldes del Plan de Agua Prieta en contra de Venustiano Carranza. Irónicamente, muchos de los personajes aguaprietistas tuvieron parte en la persecución que padecieron los zapatistas, incluyendo el mismo asesinato del general Emiliano Zapata. Tras el triunfo que catapultó a Obregón como la figura más importante de la revolución, lo que aún quedaba del ejército suriano fue recompensado con su incorporación al Ejército Federal.

Pero no todos los oficiales leales a Zapata siguieron el nuevo rumbo, con el tiempo fundaron organizaciones agraristas que pusieron cierta distancia con las instituciones posrevolucionarias. No se olvide que la gran desventaja del ELS fue su informalidad como fuerza beligerante. Es decir, no conformaba un ejército regular, a diferencia de los carrancistas, sino que sus integrantes eran campesinos que dedicaban su tiempo al cultivo de la tierra y solamente lo interrumpían para defender sus propiedades.

Zapatismos

Aunque en varios puntos las condiciones de vida tradicionales de las comunidades morelenses poseían muchos de los elementos que se retomaron para conformar el pensamiento comunista-libertario de los Flores Magón, en realidad la vinculación e influencia mutua no tuvo demasiados frutos directos. Pues, pese a que floresmagonistas de la talla de Antonio Díaz Soto y Gama, quién llegó a ser el principal consejero político de Emiliano Zapata, participaron aportando elementos de contenido al Plan de Ayala; la tendencia del zapatismo sobre la propiedad de la tierra y el desprecio hacia las formas industriales del trabajo distanciaron enormemente a los floresmagonistas de los zapatistas. En general los integrantes del PLM, tanto en su versión moderada como en la floresmagonista, terminaron plegándose a colaborar con los gobiernos revolucionarios de Carranza, primero, y posteriormente con los emanados del grupo Sonora (Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles).

La imagen de Emiliano Zapata como un revolucionario rebelde ante el poder, fue erigida por el zapatismo sobreviviente a la revolución solamente hasta la década de los años 1940, pues la mayoría de los oficiales se había institucionalizado durante el gobierno de Álvaro Obregón. Es decir, una vez vengada la traición del carrancismo.

Una vez incorporado el ELS a las fuerzas federales, los reacomodos políticos alcanzaron a la cúpula suriana. A la integración militar de los generales Genovevo de la O y Gildardo Magaña, siguió la integración política de Antonio Díaz Soto y Gama a las instituciones posrevolucionarias con la fundación del Partido Nacional Agrarista (PNA) que decía defender los postulados del Plan de Ayala, haciendo uso indiscriminado de la figura del Caudillo del Sur. El resultado fue la desactivación del zapatismo como fuerza política agrarista. No es secreto que el PNA se dedicó a colaborar con los gobiernos aguaprietistas hasta el extremo de solicitar la reelección de Obregón. Aunque años más tarde el propio Soto y Gama quedaría atrapado entre su apoyo a la rebelión escobarista contra el gobierno de Emilio Portes Gil y la integración de las fuerzas revolucionarias en un partido único: el Partido Nacional Revolucionario (PNR).

Tampoco faltaron los zapatistas que lograron lucrar con la revolución. El caso más notable fue el del general Juan Andreu Almazán, quién llegó a ser secretario de Comunicaciones y Transportes durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, cargo que aprovecho para convertirse en uno de los empresarios más exitosos del país. El antiguo militar zapatista, después villista, no se conformó con lo que había conseguido, así que para preservar y fortalecer su poder, tanto económico como político, de la amenaza “nazi comunista” creada por el cardenismo, lanzó su candidatura a la presidencia en 1940 apoyado por su propio partido, el Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN) y el insipiente Partido Acción Nacional (PAN). Curiosamente Almazán había desarrollado amistad con grupos estadounidenses cercanos al nazismo.

La Reforma Agraria impulsada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas sirvió para revitalizar las ideas del zapatismo. Pero nada más llegó a la presidencia Manuel Ávila Camacho las puertas se volvieron a cerrar para el agrarismo, incluido el zapatista. En respuesta a los obstáculos que el nuevo gobierno le imponía a los agraristas, antiguos zapatistas como Genovevo de la O y Rubén Jaramillo se dieron a la tarea de organizar a los pueblos morelenses. Rápidamente esas organizaciones se rebelaron ante los gobiernos federales. De la O fundó el Frente Zapatista en 1940 (cuya conformación intentó ser saboteada por Soto y Gama), y posteriormente participó en la integración de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM). Por su parte, Rubén Jaramillo participó en la fundación de la Unión de Productores de Caña de la República Mexicana, al final del cardenismo, posteriormente fundó el Partido Agrario Obrero Morelense (PAOM) y mantuvo cierta cercanía con el Partido Comunista de México (PCM). Además de ello encabezó rebeliones guerrilleras contra los gobiernos de Manuel Ávila Camacho (1943-1944), Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos (1945-1959). Hasta su asesinato en 1962, Jaramillo fue el máximo exponente de ese agrarismo zapatista que no se pliega a los designios del gobierno.

Durante décadas se impuso una visión de un zapatismo heroico, patriótico y constructor del nuevo régimen que no tuvo contradicciones con las otras facciones revolucionarias. El caudillo de la reforma agraria se erigió como una figura de bronce, aunque la reforma agraria hubiese sido saboteada constantemente para favorecer a las agroempresas.

Una revitalización del zapatismo solamente se consiguió hasta la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El mérito del neozapatismo estuvo en conseguir una mejor integración entre los objetivos postulados por el agrarismo del ELS, el indigenismo y el comunismo libertario de los Flores Magón.

En términos históricos el neozapatismo resultó fundamental como nuevo punto de partida para los movimientos anticapitalistas. Además sentó las bases ideológicas para que el indigenismo saliese de su letargo corporativo y se acercase a posturas revolucionarias. Aunque es preciso recordar que si bien el neozapatismo fusiona elementos del agrarismo con el indigenismo y el floresmagonismo, también toma algunas de las limitaciones básicas de cada propuesta: no supera los objetivos pequeño-burgueses del campesino desposeído, desprecia (en los hechos, no en el discurso) al obrero industrial e intensifica la segregación, pues pese a su argumentación en pro de la unidad de los pobres, en la práctica la autonomía que desempeñan aísla a las comunidades del resto de los oprimidos.

Sin duda que ningún proyecto revolucionario, que realmente supere al capitalismo, es posible sin pasar por una reforma agraria consecuente y que genere una mística de lucha en los sujetos revolucionarios. Desde ese punto de vista es importante rescatar los elementos del zapatismo y del neozapatismo.