Reyertas 98: La corriente Corte

En los nueve meses transcurridos desde la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se ha convertido en un tema recurrente para este blog. El objetivo ha sido abordar el problema lo más objetivamente posible para no extraviarnos (ni al autor ni al lector) con visiones reduccionistas que desemboquen en el maniqueísmo ramplón. Eludir el simplismo de los “buenos” contra los “malos” es una tarea fundamental para conocer el estado exacto de la realidad que pretendemos transformar. Pretender que la justicia asiste a las causas, y que nada más por ello merecen triunfar, es una posición por demás ingenua. Al inmiscuirse en la política viva debe tenerse completamente claro que las fuerzas transformadoras están obligadas a demostrar su justeza y, por tanto, su derecho a existir es algo por ganarse. En cambio, para persistir en la hegemonía de su política, los capitalistas harán lo posible por defenderla: es preciso tener consciente que la burguesía está dispuesta a todo con tal de sostenerla.

Lo anterior viene a colación por las repercusiones que podrían derivar de la resolución que el 5 de julio pronunció el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al otorgarle completa validez al decreto de extinción (sic) de LFC. Pocos días después de la liberación de los presos políticos de San Salvador Atenco, tema que abordaremos en una próxima entrega, hecho que atenúa un tanto la condena nacional e internacional por las decisiones que tomadas por los poderes de gobierno. En otras palabras, se trocó una arbitrariedad a cambio de conceder un triunfo.

Pero para poder poner en perspectiva el nuevo giro que le está dando la decisión de la SCJN al asunto de los electricistas del SME es necesario hacer un análisis que incluya la visión histórica del problema.

1. El presidente contra el empleo

Durante su campaña electoral Felipillo I, el espurio, se presentó como quién sería el presidente del empleo. Su dicho se sustentaba en otra promesa de campaña: ser el garante de la institucionalidad republicana capaz de hacer cumplir el Estado de derecho para dar la certeza jurídica que requieren los grandes capitales extranjeros. En contraposición, el entonces candidato presidencial, colocaba a sus adversarios rivales como auténticos destructores del orden constitucional que nada más con llegar al gobierno ahuyentarían a las inversiones extranjeras. El peor pecado capital en la era neoliberal. En el discurso calderonista el priismo fue identificado con un pasado de atraso económico-social que de volver a la presidencia significaría la pérdida de competitividad internacional. A las izquierdas electorales se les calificó como un peligro para México, cuyo populismo haría que se perdiese toda la estabilidad económica que el país ganó en el sexenio foxista.

A cuatro años de aquella polémica elección presidencial de 2006, los resultados son muy distintos a la realidad. Ni el PRI ni la izquierda aglutinada en torno al PRD representan verdaderos virajes en política económica. Los gobiernos estatales de ambos partidos lo corroboran. Ninguna entidad de la república mexicana aplica un proyecto distinto a las políticas librecambistas empleadas por el gobierno federal. Las diferencias más profundas se encuentran en la forma en que se ejercen los recursos del presupuesto destinado a programas sociales. Los estados priistas siguen empleando los recursos sociales de manera corporativa, así quiénes perciben los beneficios son unos cuantos dirigentes que se encargan de organizar a los miembros de su sector. Los perredistas hacen una gran faramalla en su liberalidad, pero no hacen más que utilizar los programas sociales de manera asistencial. Es decir, se utilizan esos recursos para fomentar un mínimo de consumo social. En cambio, el panismo, tanto a nivel federal como estatal, ejerce un asistencialismo electorero. Es decir, se subejerce el presupuesto para generar ahorros que solamente son utilizados en los períodos electorales.

Como se puede apreciar, ninguna de las tres políticas ataca el problema de fondo: el bajo desarrollo de las fuerzas productivas del país. El cuento calderonista de velar por el cumplimiento del Estado de derecho ni es la panacea que supone el trasnochado conservadurismo mexicano, ni se ha buscado como un objetivo real.

El segundo elmento señalado salta a la vista en una nación que no fue capaz de esclarecer las dudas emanadas de la elección del 2006, ni siquiera se tiene esa certeza. Además, Felipillo I, el apocalíptico teólogo, ha gobernado con legislaciones de facto que pretende que el Congreso le apruebe a posteriori. No se olvide que en el caso de la industria petrolera el gobierno está concediendo espacio a inversionistas privados en actividades que ni la reforma de 2008 permite. En la industria eléctrica los Productores Independientes de Electricidad (PIE) no están vendiéndole a la Comisión Federal de Electricidad sus excedentes, como reza la legislación vigente, sino que han instalado plantas que producen fluido eléctrico con la finalidad de venderlo íntegramente a la paraestatal (para abundar en el tema, cfr. el documento de trabajo del Comité Nacional de Estudios de la Energía, elaborado por Rosío Vargas y Mario Govea Sansón, Mayores espacios para las corporaciones trasnacionales: contradicciones y riesgos para el sistema eléctrico, México, CNEE, 2010). Más allá del sector de la energía, el calderonato también ha transgredido el régimen constitucional con su guerra al narcotráfico, pues emplea al ejército en ella sin que haya un marco normativo al respecto. Finalmente, los derechos de los trabajadores tampoco han sido defendidos en el marco de la legislación vigente, sino que en casos como el de los mineros y electricistas se han empleado decisiones jurídicas como si los planteamientos elaborados por la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) y presentados como propios por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Cierto que el calderonato no ha hecho el mínimo esfuerzo por cumplir con el Estado de derecho. Pero éste, contrariamente a lo que el idealismo de los politólogos supone, no basta para garantizar el desarrollo de las fuerzas productivas. Tanto el marco jurídico como su efectivo cumplimiento son únicamente la forma dentro de la cuál se desarrolla la producción de una nación. El desdoblamiento del mercado interno está más vinculado a que las relaciones de producción mantengan una independencia relativa del mercado mundial, aunque sin dejar de participar de éste. En otras palabras, incluso dentro del capitalismo, el desarrollo de las fuerzas productivas requiere de alejarse del neocolonialismo. En ese sentido, el problema de fomentar la Inversión Extranjera Directa, no es el origen de ese capital sino su uso como instrumento de sometimiento imperialista. Si algo ha fomentado el calderonato es que el capital monopolista se apropie del mercado interno mexicano, por ello es que la recesión ha sido tan severa para México. La economía del país es la segunda de peor desempeño en América Latina, solo delante de Haití, lo que se traduce en el duplicación del desempleo, pese a los esfuerzos de maquillaje de la STPS. Del 1.3 millones de mexicanos sin trabajo que se registraban en 2006, en el presente año se calcula que la cifra pasó a 2.7 millones. Ello sin contar la pérdida del poder adquisitivo del salario.

2. Sobrevivencia sindical

La liquidación, que no extinción, de LFC representó el cierre de una fuente de trabajo que empleaba a más de 40,000 personas de manera directa. A ellas habrá que agregar el golpe que representa para todos los proveedores de servicios que satisfacían las necesidades de consumo tanto de los trabajadores como de sus familias. La arbitraria cancelación del poder adquisitivo que padecen los electricistas derivados del cierre de la empresa no puede tener más que dos vías de solución para los éstos. O se agregan al segmento informal de la economía (en que por supuesto se incluyen todas las actividades ilegalizadas), en el cuál no se genera valor sino que exclusivamente se facilita el consumo de mercancías. O se endurece gradualmente la resistencia de los trabajadores. La disyuntiva, en términos formales, afecta exclusivamente al obrero individual, pues en como un conjunto se presentan ambas. Así tenemos que la porción de electricistas que aceptaron la liquidación, en su inmensa mayoría, están concentrados en sobrevivir mediante actividades informales que, debido a la dura competencia en el sector, están destinadas por regla general a perecer.

En el otro extremo, la misma desesperación que condujo a la claudicación de una parte de los electricistas, está llevando a otra bastante numerosa, más de 16,000, a endurecer su lucha. Tanto el plantón instalado en el Centro Histórico de la Ciudad de México como la huelga de hambre que poco más de una veintena de electricistas mantiene desde finales de abril, son demostración clara de la desesperación de los trabajadores pero también de su disposición a la lucha.

Pero la resolución de ofrendar la propia vida por la causa no es el único elemento en que se percibe la combatividad de los electricistas. Tanto el campamento como la propia persistencia del SME serían imposibles sin la solidaridad del pueblo, bien sea de manera individual o mediante las organizaciones sociales. Ésta no se como producto del altruismo expiatorio de pecados que sustenta a las instituciones religiosas, sino que es el resultado del trabajo de movilización de los propios agremiado al SME. Para tener una idea del cómo se manifiesta en la práctica la solidaridad popular vale la pena consultar el artículo que la reportera Rosalía Vergara, “Entre la convicción y la desesperación”, Proceso, 30 de mayo de 2010, p. 38-42. En dicho documento se puede apreciar que es la propia gente que responde al trabajo realizado por los electricistas la que dona todo tipo de productos útiles para mantener el campamento, la huelga de hambre, así como a todo el movimiento.

3. Indecisión directiva

Lamentablemente no bastan ni la disposición de la base ni la cantidad masiva que esta pueda alcanzar para conseguir el triunfo de un movimiento social. Siempre hace falta que al gran desarrollo de esos elementos se corresponda con una dirección capaz. Por desgracia para el SME la actual dirigencia no ha dado demasiadas muestras de habilidad política. El principal error de Martín Esparza como Secretario General del sindicato ha sido su incapacidad para cohesionar a la organización o al menos conseguir neutralizar a las principales corrientes opositoras. Incluso, alejó a algunos de sus antiguos promotores, como en el caso de su antecesor en el cargo Rosendo Flores. Esa incapacidad fue la que originó la ruptura interna del sindicato, lo que se expresó en la aparición de Alejandro Muñoz como aspirante de la oposición a la Secretaria General. Como se ha señalado anteriormente en este medio, el principal respaldo de Muñoz era Jorge Sánchez, otro de dirigente opositor al interior del sindicato, quién encabezó una serie de acciones con la intención política de plegar el SME al calderonismo en medio del conflicto postelectoral de 2006.

Para colmo, la obstinación de Esparza en frivolidades profundizó las contradicciones internas. Para la elección de 2009 una gran parte de la base sindical estaba descontenta con la gestión del presupuesto sindical que se había realizado hasta ese momento. Muñoz aprovechó la situación para postularse a la secretaría general con la venia del calderonista Sánchez. El lance fue utilizado por el gobierno federal para profundizar las divisiones sindicales. Así, la STPS desconoció la elección de la Secretaría General, generando condiciones favorables para dar el paso definitivo en el cierre de la empresa. Pero el papel de comparsa desempeñado por Muñoz no se quedó ahí. Una vez que había sido liquidada LFC el protagonismo del opositor sirvió para desactivar a gran parte de los sindicalistas. En otras palabras, se le utilizó como a un títere. Por cierto, dado que Roma no paga traidores, reza un refrán, hasta la fecha ni Muñoz ni sus seguidores han obtenido la gran recompensa ofrecida por “haber obedecido al presidente”.

Por su parte, la dirección del SME mantiene la resistencia, sí, pero es preciso reconocer que el rompimiento de la unidad sindical se complementó con las actitudes personalistas de Martín Esparza. La falta de imaginación ha conducido a desperdiciar las demostraciones de fuerza del sindicato, pues se insiste en utilizarlas sólo como elemento de presión contra el gobierno de Calderón en lugar de emplearla para abrir otras vías de negociación con fuerzas del Estado.

El otro error ha sido reducir la idea de las movilizaciones a tres tipos de acción: marchas, mítines y plantones. Habría que buscar otras formas que vinculen al sindicato con la sociedad. Más ahora que el GDF obligó al SME ha una tregua de movilizaciones (marchas).

4. La Tremenda Corte

El fallo resuelto en poco menos de tres horas y media por la SCJN asienta un precedente nocivo tanto para los trabajadores como para la nación misma. Lo que los once ministros (incluyendo a la ausente Olga Sánchez Cordero) avalaron con su decisión poderes extrajudiciales para el poder ejecutivo federal al negar el amparo en contra de la “extinción” de LFC. Según la determinación expuesta por el ministro Juan Silva Meza, el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (LFEP) es completamente compatible con el artículo 16 constitucional. Ni al ministro Silva ni a sus colegas les importó que dicho artículo no reglamenta parámetros objetivos mediante los que se pueda mesurar si un organismo deja de cumplir su finalidad, o si económicamente es de interés nacional, todo queda al libre arbitrio del titular del ejecutivo federal. Estos argumentos jurídicos no son exclusivamente la opinión del autor de las presentes líneas, sino que también las han argumentado especialistas en derecho constitucional como el doctor Raúl Carrancá y Rivas, de quién pueden decirse muchas cosas menos que es un prócer de la lucha anticapitalista.

Es cierto que los magistrados dejaron abierta una opción para los trabajadores del SME al no pronunciarse sobre la figura del patrón sustituto, la cuál tendría que hacerse válida para los 17,000 trabajadores que no se han liquidado al persistir la materia de trabajo. Sin embargo, hasta esa misma salida está acotada pues se encargó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), dependiente de la STPS que emita una resolución al respecto. El problema es que en la dependencia a cargo de Javier Lozano Alarcón no se garantiza el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo sino proteger a los capitalistas de la perversidad de los trabajadores.

El fallido fallo de la SCJN no es el final de la historia, sino uno más de los prolegómenos por venir en la industria eléctrica. Las facultades extrajurídicas que le reconoció al presidente, posibilitarán que se elimine del mapa a las empresas estatales para concederle la materia de trabajo a la iniciativa privada. Algo delicado en función de la voracidad del capital monopolista que difícilmente desarrollare las fuerzas productivas nacionales para fortalecer el mercado interno, más bien persiguiere el lucro para su matriz. En otras palabras, la decisión de la SCJN abre el precedente para que en el futuro PEMEX o la misma CFE sean desaparecidas y sus tareas asumidas por trasnacionales. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!