Reyertas 99: Liberados

Por una u otra causa había postergado el comentario sobre un suceso importante para las clases subsumidas: la liberación de los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Tanto el amparo otorgado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la consecuente libertad de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo, Óscar Hernández, Inés Rodolfo Cuéllar, Julio César Espinosa, Juan Carlos Estrada, Edgar Eduardo Morales, Jorge Alberto Ordóñez, Román Adán Ordóñez, Narciso Arellano y Alejandro Pilón. La excarcelación de estas doce personas es un triunfo indiscutible de la movilización social. Aún pretendiendo enfocar el asunto como una concesión del Estado es importante recordar que éste nada cede por su “buena” voluntad sino en función de sus intereses. En esos términos, sin liberar a un grupo de presos políticos le resulta más redituable que mantenerlos en prisión, sin duda que lo hará en las condiciones que menos le perjudiquen.

Dado lo anterior, la pregunta es: ¿qué gana el Estado al liberar a los atenquenses? La algarabía que con justeza debe inundarnos tampoco debe ser un obstáculo para comprender qué hay detrás de ella. No se olvide que esta “justiciera” Corte es la misma que hace unos días falló en contra de los electricistas al convalidar el decreto de liquidación (que no extinción) de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Terca memoria

Como es ampliamente conocido, la aprehensión de los atenquenses derivó de los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006. En aquél momento las autoridades municipales de Texcoco, emanadas del PRD, rompieron un acuerdo que tenían con vendedores de flores provenientes de San Salvador Atenco, para que éstos pudiesen vender sus productos aprovechando la demanda por el día de la Santa Cruz. Los reclamos de los atenquenses contra la contumaz negativa municipal dieron lugar para que la policía estatal aplicase una política represiva hacia el FPDT.

El sitio policiaco quedó establecido en Atenco. Por desgracia, la desesperación y falta de claridad de los dirigentes atenquenses hizo más grande el asunto. El mismo día 3 se estaba realizando en Tlatelolco, Ciudad de México, un mitin en apoyo a la Otra Campaña, proyecto al cuál se integró el FPDT por su cercanía con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Durante el acto le fue concedido el uso de la palabra a América del Valle quién solicitó que los presentes se trasladasen al municipio de San Salvador Atenco para engrosar la masa social. La intención era que con ello quedasen disuadidas las intenciones del gobierno estatal por reprimir a los activistas. A todas luces el gobierno del Estado de México, respaldado por el federal, estaba colocando una trampa para desbaratar las fuerzas atenquenses y pro neozapatistas, además de generar mayor tensión política en la elección presidencial de ese año. Sin embargo, ni siquiera los neozapatistas, encabezados durante el acto en Tlatelolco por el subcomandante Marcos, fueron capaces de advertir la celada; mucho menos de ofrecer una alternativa de organización para que la masa alcanzase el objetivo de disuadir la represión.

La disposición solidaria con Atenco ocasionó una presencia de miles de personas dispuestas a colaborar contra el ataque de la policía estatal. Sin embargo, la magnitud resultó ser una debilidad más que una fortaleza. La indisciplina, desorganización y carencia de una estrategia de resistencia hicieron que la masa desarmada fuese un blanco fácil. Los abusos de los elementos policíacos abarcaron todo el catálogo de arbitrariedades.

El comentario anterior no significa que los neozapatistas o el FPDT sean culpables por la represión brutal de los días 3 y 4 de mayo. Pues si bien es cierto que los dirigentes están obligados a velar porque su base social no exponga su seguridad más allá de lo necesario en las acciones donde la confrontación es inminente, cosa que no ocurrió en aquél momento. También es cierto, y tiene mucho mayor peso, que el Estado tiene la obligación de garantizar la integridad de sus habitantes, incluso en la de aquellos que no están de acuerdo con alguna decisión del gobierno. No había justificación para el empleo de la fuerza pública en la situación, mucho menos la había para la serie de arbitrariedades, que fueron desde agresiones sexuales hasta el homicidio de dos personas, que se cometieron por los efectivos de la policía estatal.

La coronación de los abusos de la autoridad estuvo en la acusación contra algunos dirigentes atenquenses por el delito de secuestro equiparado de funcionarios de gobierno. Aunque tal imputación no se limitó para los hechos del 3 y 4 de mayo, sino que fueron añadidas algunas acciones de protesta que se realizaron el 8 de febrero y 6 de abril del mismo año. Bajo ese cargo se procesó a quienes fueron aprehendidos durante el asalto a San Salvador Atenco. Además se giró orden de arresto en contra de América del Valle, hija de Ignacio del Valle (quién es identificado por las autoridades como el principal dirigente del FPDT).

Una gran parte de los detenidos fue liberada paulatinamente. Solamente quedaron cautivos doce integrantes del frente. A nueve de ellos se les condenó a purgar una pena de 31 años de prisión. En cambio, a Felipe Álvarez y Héctor Galindo se les sentenció a 67 años. Finalmente a Ignacio del Valle se le impusieron 112 años de castigo (67 en primera instancia más 45 de la segunda).

Más allá de la venganza del Estado contra el FPDT por evitar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la trampa que involucró a los tres niveles de gobierno, tenía la intención de desmovilizar a una organización social con el potencial para conseguir mejores avances para las clases subsumidas. La idea era que con los principales dirigentes encarcelados u obligados a escapar no hubiese organización posible ni vinculación con otros movimientos. En el peor de los escenarios para los gobernantes se forzaría al FDPT a meterse en la dinámica de rescatar a sus presos, lo que los precisaría a abandonar otras causas; e incluso atraería la atención de las organizaciones solidarias, convirtiendo a los atenquenses en un elemento de distracción política.

Persistencia

En lugar de exterminar a la organización atenquense la represión los hizo más visibles a escala internacional. El rotundo triunfo que obtuvieron en 2002 no se disipó en el aire sino que sirvió para consolidar una estructura organizativa en la región. Es cierto que al conseguir su objetivo el regreso a la cotidianidad una buena parte de la comunidad abandonó la participación directa, pero no perdió del todo la cohesión. La reducción de la organización a su mínima expresión lejos de significar su aniquilamiento se fue tornando en un elemento subjetivo que estimuló durante los años subsecuentes a las luchas sociales que aparecieron en el país. No obstante, la disminución cuantitativa tuvo sus efectos que marcaron los límites de la acción atenquense. Al mismo tiempo, la impresionante habilidad del FPDT para concretar la atención de los medios de comunicación para magnificar sus fuerzas. La obtención de sus demandas suprimió el interés de los medios por el frente, salvo algunas esporádicas menciones. Eso redundó en atenuar la proyección nacional e internacional de la organización.

La agresión de los días 3 y 4 de mayo, aunado al subsecuente proceso penal abierto a los detenidos y los abusos no castigados por la justicia mexicana, le dieron nueva proyección a los atenquenses. La difusión que obtuvieron no se limitó a la opinión pública mundial sino que tocó las esferas de la política internacional. Lo más notable fueron los pronunciamientos en el Parlamento Europeo. Las condenas de los partidos Verde y Socialista europeos causaron cierta incomodidad en el gobierno mexicano.

Implicaciones

El fallo emitido el 30 de mayo a favor de los presos del FPDT es el motivo por el cuál se les excarceló a los doce sentenciados el día 1 de julio. Uno de los proyectos de resolución de la Corte que hicieron posible el amparo fue elaborado por el ministro Juan Silva Meza, el mismo que elaboró el dictamen de la SCJN en contra de los electricistas, lo que convalidó el decreto de liquidación de LFC. Los poco más de cuatro años de lucha rindieron frutos, aunque para el cese de la persecución judicial en contra de América del Valle, hija de Ignacio, todavía fue necesario esperar un par de semanas más

Es innegable que los macheteros supieron conducir con destreza su lucha. Al conseguir que la sociedad civil nacional e internacional se involucrase en su caso hicieron que su capacidad de movilización se incrementase. Personalidades con una reputación internacional como la premio Noble Jody Williams o de la farándula como la actriz Ofelia Medina o el actor Bruno Bichir exhibieron ampliamente su simpatía por la causa de los atenquenses. También fue un gran acierto que sirvió para consolidar la fuerza de las movilizaciones, la solicitud de asilo político que se hizo al gobierno de Venezuela para América del Valle tuvo gran repercusión. La presión internacional derivada de tal situación convirtió a los atenquenses en una ficha de cambio. A la par que el proceso judicial corría para el caso de los doce macheteros presos, el gobierno federal se embarcó en un conflicto que le está acarreando problemas más fuertes: el cierre de LFC.

Para el gobierno federal mantener abiertos dos frentes de movilización que atraen la atención de la sociedad internacional significaba demasiado desgaste, por ello eligió sacudirse la presión concediendo lo que le resultaba menos oneroso: liberar a los presos. Un tercer elemento que influyó en la decisión de la Corte fue el asunto de la próxima sucesión presidencial, aunque en forma menor. El priismo peñanietista debe estar agradecido con que la resolución del poder Judicial se halla limitado a establecer la excarcelación, pues si en verdad los ministros hubiesen sido motivados por su interés en la justicia se habría abierto proceso penal en contra de los abusos cometido por el gobierno estatal. Pero es claro que el calderonato no está dispuesto a cometer el mismo error que el foxismo: apuntalar la candidatura del aspirante más adelantado mediante su persecución judicial.

Al corregir las determinaciones del gobierno estatal, la Corte le quitó al Estado mexicano la presión ejercida por la comunidad internacional, especialmente la proveniente de la Unión Europea. Además, se le favorece al gobierno federal al ponerle una máscara de apertura, mientras que al del estado de México se le responsabiliza.

Con esa despresurización y tras dejar pasar un margen de tiempo prudente, el gobierno calderonista podría endurecer su postura ante los trabajadores comenzando por el SME, para agilizar la reforma laboral. Claro que durante el compás de espera, es posible que se simulen acercamientos con los trabajadores, pero con la finalidad de entramparlos en negociaciones sin salida. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!