Reyertas 09; El aprendiz petrolero de Napoleón

¿Qué será peor? ¿Convertir los triunfos en derrotas o creer que los mexicanos debemos conformarnos con victorias pírricas? Sin duda que ninguna de las dos posiciones son más que la base sobre la cual se sustenta el santoral de mártires por la liberación de los pueblos. Sin embargo, es claro que la transformación de la sociedad mexicana no necesita de mártires sino de verdaderos avances para derrocar la dictadura del capital. En los últimos días, con motivo de la reforma petrolera que está por aprobarse en el Congreso de la Unión, resulta curioso que las facciones de las izquierdas electorales que se arrogan el título de ser la izquierda histórica en México, cuando no es más que una de parte de las expresiones de la izquierda electoral y cuya historia está plagada de cuestionamientos sobre su seriedad y compromiso social, han reducido todo el fenómeno de la aprobación de dicha reforma a la cuestión de festejar lo que hay o convertir al movimiento en defensa de la industria petrolera en una derrota más. Esa expresión de la izquierda aboga porque todos nos subamos al carro de los festejos acríticos. Esa posición sin duda está cargada tanto de un oportunismo como de un desprecio profundo a la acción de la sociedad. Veamos por qué.

Tras la aprobación de la reforma en el Senado de la República, seguida por la aprobación de los siete dictámenes por las comisiones en la Cámara de Diputados, el grupo de legisladores identificados con la corriente perredista de Nueva Izquierda (chuchos), se pronunció por dejar pasar las redacciones aprobadas sin hacer el más mínimo esfuerzo por dejar explícita la prohibición para que las compañías privadas puedan apropiarse de una parte de la renta petrolera. Es cierto, que al ser eliminadas algunas de las propuestas contenidas en las propuestas de reforma presentadas por el PAN y el PRI, se dio un gran avance. Pero, sin quedar explícito el problema se estaría abriendo el paso para que en instancias menores, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos (que se crearía gracias a la reforma en aprobación) y el Consejo de Administración (cuya nueva estructura permitirá que los intereses privados la controlen a discresión), generan las condiciones necesarias para que sean las empresas particulares la que exploten directamente los hidrocarburos propiedad de la nación. Lo anterior implicaría una franca violación al artículo 27 constitucional. Es por eso, que lo avanzado no basta: es un triunfo pírrico que en cualquier momento podría convertirse en una derrota contundente contra la sociedad mexicana. El desprecio de los legisladores perredista hacia la movilización popular, su propia base, radica en que tanto el efectivo coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, como el eterno suspirante a la gubernatura del estado de Morelos, Graco Ramírez, presentan los avances alcanzados como logros que los mexicanos debemos a las excelsas cualidades negociadoras de los legisladores perredista, y no gracias al esfuerzo de movilización realizado por el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo (MNDP). Claro que todo movimiento requiere de dirigentes con suficiente capacidad para concretar la movilización social en avances, pero ni siquiera el dirigente más habilidoso para la negociación puede lograr avances sin el respaldo de una fuerza social y mucho menos podrá hacer que sus contrapartes acaten los acuerdos sin esa fuerza.

La simple frase: “No suscribirán contratos de exploración o producción que contemplen el otorgamiento de bloques o áreas exclusivas”, causa la reticencia más enconada por parte de los legisladores del PRI y del PAN que defienden la política neoliberal de la privatización de los sectores estratégicos. Eso debería ser un elemento que llamase la atención de todo aquél que se autoproclame como legislador de izquierda, o al menos como nacionalista. Al respecto, las declaraciones vertidas a la prensa por el diputado panista Juan José Rodríguez Pratts, el sábado 25 de octubre, tras la aprobación en comisiones de la minuta que envió el Senado sobre la Reforma Petrolera, dejan muy clara cuál es la estrategia de los neoliberales para aprovechar la reforma. Según el político tabasqueño: “ceder en la inclusión de las 12 palabras que propone López Obrador sería matar a la empresa pública... nos llevaría a amarrar inclusive contratos que hoy está firmando Pemex, por ejemplo en perímetros, en territorio nacional, porque a eso es a lo que se refiere con áreas exclusivas ”. Bastaría un poco de sagacidad a los legisladores novo izquierdistas para darse cuenta de la trampa que está utilizando el panista. Primero tendrían que recordar que en el artículo 27, la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece claramente la exclusividad de la Nación para la explotación de los hidrocarburos, para ello expresa también claramente que en materia de explotación no se podrán otorgar contratos ni concesiones. Es decir, los particulares, nacionales o extranjeros, no pueden tener la posibilidad de beneficiarse de la producción de petrolíferos ni controlar físicamente los yacimiento ni áreas específicas dónde se hallen aquéllos; pero, no se prohibe que la Nación pueda contratar a particulares para que le ayuden a construir la infraestructura necesaria para explotar los hidrocarburos, bajo la estipulación constitucional los particulares pueden participar en la industria petrolera, pero con la límitante de no tener acceso al control del producto ni a los beneficios directos que emanen de la explotación. Por eso mismo es que PEMEX ha tenido desde hace mchos años compañías contratistas que le entregan productos que la empresa estatal requiere para cumplir con su objetivo. El agregar esas doce palabras simplemente pondría la Reforma Petrolera en tono con la Constitución, lo que anularía el riesgo de inconstitucionalidad. Pero entonces, ¿por qué el ilustre tabasqueño Rodríguez Pratts habla del riesgo de matar a Pemex, atarla de manos e impedir los contratos que se están firmando en áreas exclusivas? ¿Será que mediante esos contratos que se están firmando, se permitirá que las compañías trasnacionales controlen físicamente tanto una porción del territorio nacional (los yacimientos) como el producto obtenido? De ser esto cierto, la cuestión pone en peligro la soberanía nacional no solamente por el hecho de violar la Constitución, sino porque significa cometer el mismo error que naciones petroleras, como Venezuela, cometieron en la década de los noventa. El caso venezolano es particularmente ilustrativo de lo que implica que la Nación otorgue ese tipo de concesiones a particulares, pues con el pretexto de carecer de la tecnología adecuada, la política de Apertura petrolera entregó a las trasnacionales campos maduros y de difícil producción para que ellas lograsen volverlos rentables mediante la utilización de innovaciones tecnológicas. El resultado de esa decisió que saltó a la vista cuando comenzó el proceso de renacionalización de la industria petrolera con la Ley de Hidrocarburos de 2001, en cuánto comenzó a ponerse en práctica, sobre todo en 2004, se descubrió que las trasnacionales estaban defraudando al fisco venezolano al declarar menor producción de la que obtenían o por haberse apropiado de una mayor extensión territorial de la que se les había permitido. Así, Venezuela estaba perdiendo por partida doble: ni obtenía la renta petrolera ni podía recaudar correctamente los impuestos generados de esas actividades. ¿Ese es el tipo de soberanía energética que persiguen afanosamente los neoliberales? ¿Conviene esto más a soberanía de los mexicanos que tomar las medidas parlamentarias necesarias para lograr una trasnferencia tecnológica en materia petrolera?

Por último, la manera en que fue aprobado en el Senado el dictamen petrolero es una muestra más de que el régimen de Calderón es un régimen golpista, sin tanta violencia como la explayada por las dictaduras latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX, pero golpismo al fin y al cabo: se violó flagrantemente la división de poderes al utilizar a la Policía Federal Preventiva como instrumento de coerción para anular a los Senadores opositores, rompiendo así el orden constitucional, eliminando la soberanía de los legisladores, que dicho sea de paso radica en que son representantes de la voluntad social y no de sí mismos, como lo sugirió el propio presidente de la mesa directiva de los diputados, César Duarte, después de la aprobación de la minuta de reforma. Las protestas de las bancadas perredista en el Congreso, no han estado a la altura de la gravedad que repercute tal acontecimiento; la consecuencia de ello es que de facto se legitima el golpismo calderonista. López Obrador podrá parecernos a muchos que no es el dirigente revolucionario que México necesita o que incluso podría llegar a ser un obstáculo para el avance revolucionario, pero no se trata ahora de los personalismos, de renunciar a las demandas básicas por antojos o animadversiones personales. Se trata de construir una política que permita el desarrollo de los medios de producción en el país, lo cuál pasa, inevitablemente, por defender las industrias estratégicas. Ni la muerte ni la derrota son ahora opciones: ¡Necesario es vencer!