Reyertas 60: Valentía iluminada

Debe reconocerse que Felipe I, el espurio, ha hecho gala de una valentía enorme para apoyar a esas 400 grandes empresas que, según los datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), el año pasado ganaron 4 billones 960 mil millones de pesos, pero que, mediante diversas artimañas, solamente pagaron 85 mil millones de pesos en lugar de los 850 mil millones que debieron haber entregado al fisco por concepto de Impuesto Sobre la Renta (Véase La Jornada, 17/X/09). Los 765 mil millones de pesos que esa minoría privilegiada dejo de pagar equivalen a más de 18 veces el presupuesto del programa Oportunidades, mediante el cuál se podría crear una clientela electoral de 25 millones de mexicanos que recibirían mensualmente entre mil y dos mil pesos. Esa cantidad también sería suficiente para que la UNAM incrementase 36 veces su presupuesto. Sería posible desarrollar más ciencia, más tecnología, más empleos con esos 765 mil millones de pesos que el gobierno de Fepilllo I, el breve, ha evitado reclamar a los empresarios en un acto de valentía. Sabe bien que los trabajadores mexicanos le reclamaran que deje de cobrárselos a esos grandes consorcios en una época de crisis. Aún se necesita más valor para, en estas condiciones, tomar la dolorosa pero necesaria decisión (claro, siempre desde el punto de vista del capital librecambista) de extinguir la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) para dejar sin trabajo a 44 mil obreros. Un movimiento que no reportará ningún beneficio económico para el presupuesto federal. Por el contrario, hará que se erogue más en los próximos años.

Sería muy ingenuo creer que la desaparición de LFC es en verdad una medida que beneficiará a los trabajadores del país. Por principio de cuentas, las jugosísimas liquidaciones ofrecidas por el autodefinido presidente del empleo, implicarían que en el transcurso de un mes se erogarían del presupuesto federal $9,583,200,000 (sí, leyó usted bien estimable lector: nueve mil quinientos ochenta y tres millones doscientos mil pesos), lo que equivale a más de 6 veces el subejercicio presupuestal que los administradores de LFC acumularon entre enero y septiembre del 2009, monto que habría servido para que la empresa cumpliese los acuerdos de productividad firmados con el sindicato. Si a Calderón se le hubiese ocurrido la idea de que antes de extinguir la compañía, valía la pena rescatarla (como se hizo con los bancos o con las carreteras), el pago de salarios en el periodo que va del 15 de octubre al 14 de noviembre solamente sería $290 millones, no los más de $9 mil millones que se prometen pagar en el mismo período por liquidaciones.

Sobre las pensiones ni hablar. Resulta que, según Felipillo I, el católico, ya embarcó al Sistema de Enajenación de Bienes (SAE) como el encargado de pagar éstas. El monto de ellas, según las cifras del propio Calderón, son superiores a los 160 mil millones de pesos. En consecuencia no hay tal ahorro, aunque según el espurio es el que representa las mayores fugas de capital para la empresa.

Para Felipillo I la situación de la compañía era incosteable: tenía pérdidas por $33 mil millones de pesos. Las cuales, según él, son responsabilidad absoluta de los trabajadores, porque tienen privilegios más allá del promedio de los trabajadores de México. Sin embargo, al desglosar las cuentas hasta los periodistas más adictos al capitalismo se encuentran con una sorpresa que no pueden digerir. La compañía de LFC factura $48 mil millones al año, pero debido a que las administraciones no invirtieron en generación de electricidad (¿eso es culpa de los funcionarios puestos por el gobierno o de los trabajadores sindicalizados?), la empresa tiene que comprar la electricidad a las plantas generadoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se la vendían por encima de las tarifas al usuario final que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establece. Así, la CFE le cobraba anualmente a LFC más de $56 mil millones por la electricidad. Ejerciendo una forma de Dumping, una práctica penada por las leyes de muchos países, incluido México. Además de ocasionar pérdidas anuales superiores a los 8 mil millones de pesos, ese simple hecho demuestra que la CFE, como organismo autónomo descentralizado, es corresponsable de las pérdidas en LFC. Por si fuese poco, se reporta que la compañía perdía el 32.5% de la electricidad que distribuía, monto que equivalió a $25 mil millones. De esas pérdidas hay que tomar en cuenta que al menos la tercera parte son pérdidas normales en el sistema, que se incrementan en función de la distancia deba recorrer la electricidad (desde su punto de generación hasta el punto en que se consume) y de la mayor altura sobre el nivel del mar, más pérdidas se tendrán por simples fenómenos físicos que acontecen en la transmisión de energía. Los otros dos tercios de pérdidas son por robo y obsolescencia del sistema de distribución del fluido eléctrico. Elementos que no son atribuibles a nadie más que a la misma administración de la empresa, que es responsable de mantener en orden a los usuarios y las instalaciones en las mejores condiciones para los usuarios. Al sumar las pérdidas de energía con el sobreprecio por el fluido que cobra CFE se tienen más de $33 mil millones, curiosamente el monto que la empresa pierde, según el discurso oficial, por pagar las prestaciones del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Esta simple operación demuestra que la famosa inviabilidad de la empresa no se debe a los derechos que los trabajadores han consiguiendo, sino a las pésimas administraciones de funcionarios privilegiados que no dan resultados. Véase dónde estaban en LFC los “privilegiados”, mientras el salario mensual promedio de los sindicalizados era de $6,600, el director general de la LFC (quién nunca hizo realmente algo por mejorar el servicio) cobraba $240,000 al mes. Es decir una cantidad suficiente para pagar el salario de 36 electricistas. Por cierto, el salario mensual que en promedio devengan los trabajadores mexicanos no está demasiado lejos del de los electricistas de LFC, ya que con el 4% de aumento en este año, aquél ronda los $5,100.

La modernización de las instalaciones era una necesidad que los trabajadores del SME venían exigiendo desde hace algunas décadas y que la dirección nunca estuvo dispuesta a realizar. Esa indolencia administrativa obligó a los electricistas de LFC a ingeniar formas de trabajo muy distintas a las que se requieren para operar el moderno equipo al que están acostumbrados los electricistas y contratistas de la CFE. Esa diferencia es la que ha provocado el incremento de las fallas en la zona que operaba LFC y que solamente tienen dos soluciones. O habrá que esperar varios meses, e incluso años, hasta que los electricistas de LFC sean recontratados por CFE y se genere la experiencia requerida, o se modernicen los sistemas de operación. Ambas soluciones requieren incrementar el gasto presupuestal en la distribución de electricidad en la zona, soportar el empeoramiento del servicio por un tiempo (sea por el adiestramiento requerido para los trabajadores o por las obras de modernización). Para realizar cualquiera de esos gastos no era necesario liquidar a la LFC, pues la inversión en capital fijo no depende de la compañía que lo instale, sino del precio que cobren los proveedores.

Para concluir es importante señalar dos asuntos más. Primero, es cierto que de manera inmediata la extinción de la compañía no implica la privatización del servicio, pero sí es un paso hacia ella. Hasta ahora en LFC no se adquiría directamente electricidad de los Productores Independientes de Electricidad (PIE), sino que se generaba una pequeña parte en plantas obsoletas como la de Necaxa o Lechería (la primera con más de 103 años de operación) y la otra se adquiría de CFE. Sin embargo, la comisión federal sí adquiere electricidad de PIE, a tal punto que de la energía que se consume en el país el 38% es generada por privados, tal como lo reporta el documento elaborado por Alberto Montoya Martín del Campo, Análisis de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Esto ocasiona la subutilización de la infraestructura construida dinero de los mexicanos.

Finalmente, quién crea que los problemas con los cobros desproporcionados se resolverán con el cambio de empresa, vale más que la vaya desechando. Las tarifas no las impone ni LFC ni CFE sino la SHCP, que en 2002 decidió unificar las tarifas para todo el país y sacarse de la manga la categoría Doméstica de Alto Consumo (DAC). El problema estriba en que mientras la tarifa doméstica 1A, que le correspondería al centro del país (temperatura mínima promedio en verano menor a los 25°C) se cobra cuando el usuario en doce meses consume hasta 3,000 Kw/hr, que equivale a 250Kw/hr al mes. El precio de cada Kw/hr en 2008 fue de $0.88, mientras que en la DAC, que se cobra cuando en 12 meses el usuario consume 3,001Kw/hr o más, fue de $2.90. Ese Kw/hr hace una diferencia abismal y es lo que genera los problemas con los usuarios. Tan solo tómese un par de casos hipotéticos: por un lado, si se consumiese el límite de los 3,000Kw/hr en 12 meses con el límite bimestral de 500Kw/hr, el recibo más reciente sería cobrado por $440. En cambio, sí el consumo en los 12 meses recientes es de 3,001Kw/hr y el último reporta un consumo de 501Kw/hr, el cobro sería por $1,452.90. Un solo Kilowatt-hora ocasiona, en el irracional esquema tarifario de la SHCP, el sobreprecio pagado por el consumidor doméstico sea de más de $1,012.90 por ese Kw/hr. Esa política tarifaria ha ocasionado que surjan, nada más en 2009, movimientos sociales contra ella en Campeche, Chihuahua, Nayarit, Tabasco, Chiapas y Veracruz, estado donde la “alta eficiencia” de las cobranzas de CFE es la que opera, la misma que ya opera en el centro del país.

Mientras, el derecho a la energía no sea un derecho social que obligue al Estado a tomarlo con responsabilidad directa y de manera eficiente, por más que se ataque a los trabajadores no habrá un servicio que permita el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!