Reyertas 84: Doping positivo

Los extremos políticos han desarrollado sus propios dogmas canónicos sobre el consumo de drogas. Los conservadores proclaman combatirlas a toda costa, los izquierdistas enarbolan la bandera de la despenalización. Más allá de adoptar a priori una de las dos posturas, sea “la guerra contra el narco” o “el derecho a pachequearse”, los trabajadores necesitamos cuestionar ambos dogmas basándose en elementos de las ciencias naturales como de las sociales para construir una posición de clase firme.

No es ocioso tocar ahora este tema dado el entorno político-social generado en los años recientes en México. La que presentamos no pretende ser una postura definitiva sino una reflexión sobre varios aspectos, principalmente del campo de las ciencias sociales. Ojala los camaradas con mejor formación en las naturales tuviesen el tiempo y la disposición para profundizar en esos aspectos.

Pirro resurrecto

En Reyertas 10: La victoria pírrica relaté el origen de la expresión: victoria pírrica, es decir, aquella que se obtiene perdiendo más de lo ganado. El concepto encaja perfectamente para la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipillo I (el espurio) desde los primeros días de su mandato. Se trata de una ofensiva unilateral, sin más recursos que la fuerza bruta: ejército y la marina convertidos en policías. Se dieron dos justificaciones: el poder de fuego de los narcotraficantes y su capacidad corruptora. En realidad se trató de recrudecer la represión social, más allá del combate al crimen, por el otro se debe al abandono de los gobiernos panistas hacia los organismos de inteligencia. Sobre el primer punto ya haré una fundamentación más extensa a lo largo de este texto, sobre el segundo cabe señalar que desde el gobierno de Vicente Fox, el pretendido cambio político democrático tuvo como una de sus consignas desarticular el talante autoritario de los gobiernos priistas.

Aunque el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN) se siguió utilizando para someter a la oposición política, en lugar de utilizarse para garantizar el derecho a la seguridad de los mexicanos, aquél no continuó renovándose. Ante esas condiciones el poder económico de los cárteles consiguió dejar muy atrás a los organismos oficiales de inteligencia.

Felipe, el católico, tampoco pretendió consolidar su guerra contra el narcotráfico mediante un trabajo de inteligencia que permitiese conocer a las organizaciones criminales de raíz. Emplear una estrategia burda tenía un resultado previsible: incrementar la violencia. Poniendo, con ello, en peligro a los trabajadores ajenos a la guerra calderoniana. Mientras las policías fueron puestas en manos de los amigos cercanos de Calderón, véase Genaro García Luna, el CISEN, dependencia de la Secretaría de Gobernación, fue entregada a uno de los orquestadores de la campaña presidencial de Felipillo I (el espurio), Guillermo Valdés Castellanos, quién fue director de la empresa Grupo de Economistas Asociados (GEA). Curiosamente dicha empresa fue fundada por Jesús Reyes Heroles (actual director general de PEMEX).

La lógica de repartir puestos de trascendencia estratégica para el Estado basándose en compadrazgos y pago de favores dejó inerme al calderonato en su teatral guerra contra el narcotráfico. Aunque Felipillo I (el católico) hubiese querido emplear más armas que la fuerza militar no hubiese podido, ya que tanto él como quién lo precedió en el cargo desarticularon las demás herramientas estatales.

La presión de los Estados Unidos es lo que está obligando a Calderón a rearticular los instrumentos de inteligencia. Con la Iniciativa Mérida el gobierno estadounidense influye sobre el mexicano. En tres años del plan, los EE.UU. han entregado a México más de 1,300 millones de dólares. De éstos, unos US$500,000 fueron destinados para la prevención de adicciones; el resto se trata de equipo y asistencia técnica. Pero, nada garantiza que realmente los recursos invertidos por el gobierno estadounidense se estén utilizando efectivamente. Tanto el ataque al consulado norteamericano en Ciudad Juárez como las declaraciones de Janet Napolitano (véase Proceso 28/03/10, p. 20-21), demuestran que el imperialismo desconfía de la eficacia del gobierno neocolonial. Al tiempo, se exhibe la desesperación calderoniana.

Es cierto que la violencia creciente es resultado de las contradicciones inherentes al capitalismo en coincidencia con el agotamiento del modelo de acumulación operante. Sin embargo, reducir la falta de acciones para solucionar la situación a la torpeza gubernamental es un grave error que termina por banalizar el problema real. Esto oscurece la comprensión de la realidad.

De una parte, la violencia desatada beneficia al segmento de capitalistas dedicados al armamentismo, en otra la mayoría de los burgueses requieren de condiciones pacíficas para el desarrollo de las actividades lucrativas. En tercer lugar, una porción burguesa que no es legalmente admitida por sus pares: crean sus propios medios para imponerse. Esas condiciones del mercado magnifican los efectos de la competencia, con ello, la violencia como una de sus vías de resolución.

No obstante, toda competencia tiene límites prácticos, lo que obliga a los capitalistas a ceder en algún punto. La guerra contra el narcotráfico no es más que un método para resolver las contradicciones internas de la burguesía, en ésta los trabajadores son sacrificables. Esto lo tiene claro el propio gobierno calderonista.

Subrepticiamente la reestructuración del espionaje no se está enfocando hacia el narcotráfico. Si los grandes golpes contra del narco derivan de denuncias anónimas, como en el caso de Arturo Beltrán Leyva, que después son vengadas por los sicarios de esas organizaciones; el espionaje sirve para perseguir a la oposición política y social. Al tiempo, el ejército permanece en las calles sin visos de retorno a los cuarteles. Esa presencia militar es fuente de diversas violaciones a los derechos humanos, que son encubiertos por las autoridades federales. La masacre de dos alumnos del Tec de Monterrey es la más reciente de las tropelías de un cuerpo armado que oficialmente sólo mata a narcos.

Adicción farmacéutica

Una arista que suele omitirse al referirse al narcotráfico es el relacionado con la industria farmacéutica. Tantos las drogas como los medicamentos son compuestos químicos que tienen la función de alterar el funcionamiento regular del organismo. Incluso, al igual que las bebidas alcohólicas y el tabaco, en la industria farmacéutica, se elaboran sustancias adictivas. La gran diferencia entre los capitalistas propietarios de farmacéuticas, tabacaleras y licoreras con los narcotraficantes es que las tres primeras son aceptadas por el resto de la burguesía. Hasta llegan a considerarse como altamente honorables en el mundo del capital mientras los narcotraficantes son considerados “indeseables”.

No obstante, como se indica en el Manifiesto del Partido Comunista: “La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces tenían por venerables y dignas de piadoso respeto” (Marx y Engels, 1985, p. 39). Así, la producción de fármacos pasó del objetivo central de salvar vidas al de generar ganancias. Si bien la estructura capitalista ha posibilitado grandes avances médicos, también ciñen su producción a lineamientos de mercado en donde la competencia obliga a los contendientes a aniquilar a sus contrapartes. Al igual que en otras industria, en la farmacéutica, se erigieron grandes cárteles monopolistas que dominan no solamente la producción de medicinas sino todas las actividades vinculadas a ésta.

Encabezando los monopolios sanitarios está el capital financiero a través de los bancos y aseguradoras. Éstos ofrecen instrumentos para costear la investigación médica, construir centros de salud, sufragar los gastos de la producción de medicamentos y equipo terapéutico. A cambio de tanto altruismo de dichas instituciones, éstas obtienen el control sobre todas las ganancias generadas en el sector salud. Ello supone que la política social del Estado benefactor les representa un obstáculo, pues garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, habría una porción considerable de ganancias que escapasen a los monopolistas. En segundo plano se encuentra la rama netamente productiva: la industria farmacéutica, incluyendo a la investigación. Centros de salud y las farmacias complementan las ramas monopolizadas.

Es difícil conocer las dimensiones de los monopolios de la salud dada la opacidad característica del mundo financiero. Sin embargo, se tendría una idea más o menos precisa de la magnitud de tales monopolios observando la presión política que son capaces de ejercer sobre los gobiernos del mundo. En muchas naciones los programas sociales están condicionados por los intereses de las grandes compañías farmacéuticas.

Mientras naciones como EE.UU. predominan sistemas de salud privados que excluyen a la gran mayoría de los habitantes, en América Latina se han implementado, en las últimas décadas, reformas que amplían las desigualdades de acceso a servicios de asistencia médica. Aunque en papel se amplía la cobertura, en la realidad la atención ha ido perdiendo calidad. En contraste se fomenta la ampliación de los servicios privados mediante diversos mecanismos, incluyendo la subrogación. Para colmo las reformas también atacan el problema de seguros médicos: aquellos al alcance de la población en general tienen fuertes limitaciones que dejan fuera las enfermedades cuyo costo es más oneroso, aunque sean recurrentes en los sectores más vulnerables.

La crisis sanitaria de la influenza A/H1N1 que sacudió al mundo durante 2009 demostró cuan sometidos están los gobiernos del mundo a las presiones del monopolio sanitario. Como solamente el zanamivir (Relenza) y el oseltamivir (Tamiflu) mostraron efectividad contra la enfermedad, las farmacéuticas productoras de dichos medicamentos (Glaxo SmithKline y Roche, respectivamente) tuvieron voluminosas ganancias. Incluso, la subsidiaria australiana de Glaxo (creadora del zanamivir) reportó en los primeros días de la crisis que sus acciones subieron 81.6% (véase “Beneficiará influenza a empresas farmacéuticas” en El Economista, 27/04/09). La fabricación de una vacuna para una enfermedad, más letal en el papel que en la práctica, también ha sido altamente lucrativa, todas las farmacéuticas realizan esfuerzos por tener una vacuna contra la A/H1N1 lista para venderla en el mercado. Resulta interesante el caso de la firma Sanofi-Aventis, reportado por CNN Expansión (08/12/09), ésta suspendió temporalmente sus planes expansionistas, inversiones por US$15,000 millones en cinco años, para producir una vacuna que le reportaría ganancias por US$742 millones tan sólo en el primer trimestre de ventas.

Es cierto que la influenza se convirtió en un problema mundial de salud, pero no muy distinto al de otras cepas de influenza. La respuesta exagerada de los gobiernos y de la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), fue impulsada por las propias farmacéuticas para inflar sus ganancias.

Si bien la capacidad política de los monopolios sanitarios llegan hasta el punto de fomentar momentos de pánico social que disparan sus ventas con mayor razón presionan para conseguir que la penalización del consumo y producción de determinadas sustancias. Finalmente, un objetivo de los monopolios es erradicar la competencia, aún si ésta lo es sólo potencial. Este segundo objetivo resulta más sencillo dado el arraigado prohibicionismo de la cultura capitalista. No se olvide que el alcohol ha pasado por periodos de proscripción, la Ley seca de Estados Unidos de 1919 a 1933 fue la más famosa, y que en la actualidad sobre el tabaco pesan campañas que promueven reformas políticas, desde la OMS, que tienden a su prohibición.

El combate proscriptivo ha sido infructuoso para la sociedad. En el caso de las drogas legales: tabaco y alcohol, no se erradicó su consumo. Al contrario, ha sido en años recientes cuando se adoptó la estrategia informativa que hay algunos indicios de disminución del consumo. Según el informe de la OMS Neurociencia del consumo y dependencia a sustancias psicoactivas (2004), las últimas cuatro décadas del siglo XX el consumo per cápita de alcohol en las naciones desarrolladas descendió desde los casi siete litros por persona, en 1975, a cinco para 2000. En las naciones en desarrollo tuvo un incremento lento pero constante. En cambio en las naciones del antiguo bloque socialista, el consumo por persona se disparó a partir de 1990.

El combate mediante la prohibición, contrariamente, no ha reducido la producción de drogas. Según el Informe Mundial sobre las Drogas (2009) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) demuestra que, en la última década, las tres principales sustancias (opiáceos, cocaína y cannabis) han incrementado su producción pese a la reducción de la superficie cultivada.

Burgueses vs. burgueses

Las drogas o sustancias psicoactivas se clasifican en cuatro categorías: depresores, estimulantes, opioides y alucinógenas. Pese cada droga tiene un mecanismo distinto para generar dependencia en el consumidor, todas consiguen desatar procesos bioconductuales. Estimulan las zonas motivacionales del cerebro para que se continúe con el comportamiento de consumo, eso consolida un círculo vicioso pues la conducta se repite una y otra vez hasta forjar la dependencia.

La adicción física no es el único efecto del consumo de drogas: enfermedades crónicas, accidentes y conflictos sociales también lo son.

Ni los mecanismos de dependencia ni los efectos reconocen si una droga fue producida legalmente por una farmacéutica o por una organización narcotraficante. Esas diferencias son sociales. La legalidad o ilegalidad para producir drogas determina las condiciones de trabajo, más brutales en la clandestinidad; designa la posibilidad para controlar la calidad de las sustancias, restringe el acceso del capital clandestino a medios institucionales para proteger la propiedad y motiva la violencia social. Ante la incertidumbre de su condición como capitalistas parias, las organizaciones narcotraficantes recurren a crear sus propias estructuras político-sociales. Las que se mezclan en puntos clave con las instituciones formales mediante la corrupción.

Desde tiempo atrás, en México, el narcotráfico dejó claro que su estructuración es sólida, en ocasiones más que la del propio gobierno mexicano. Son un poder que quita o coloca funcionarios públicos, controla pueblos enteros y se beneficia de los subsidios para el campo. Esto es porque EE.UU. es el mayor consumidor de drogas en el mundo gracias a la combinación entre su conformación ideológica y poder económico. Por su parte, comercialmente México tiene una posición geográfica ventajosa, lo que hace de la exportación y reexportación de drogas hacia EE.UU. un gran negocio. Todo eso se ha publicado, durante años, en la prensa nacional e internacional. Con ello la legalización de las sustancias psicoactivas en México es una utopía. En sentido estricto sería una medida justa, pero inútil. Justa desde el punto de vista que han señalado numerosos especialistas: disminuiría la extrema violencia asociada al capital clandestino. Inútil desde del punto de vista del proletariado, pues no sería más que un formalismo: declarar válida una explotación que de cualquier manera ya existe.

Tendencia de la guerra

La política del calderonato continúa la destrucción del tejido social. Ante la falta de empleo y los bajos salarios, muchos trabajadores se contratan con los narcotraficantes. Dada esa situación, aunque se despenalizase el uso de las drogas, las cosas no cambiarían demasiado: dichas organizaciones tendrían todas las armas para competir con los monopolios sanitarios. Lo que seguiría cobrando cientos o miles de víctimas diariamente.

Además, con el pretexto del combate al crimen organizado, el calderonato, está creando las condiciones para organizar un cuerpo represivo altamente especializado en eliminar a la oposición.

Antes que la despenalización de los narcóticos es indispensable generar una mayor cohesión social, además de un intenso programa de prevención y rehabilitación de adictos. Legalizar sin esos mínimos sería irresponsable para la clase obrera, pues a la explotación señalada se agregaría la consecuencia de incrementar el efecto enajenante de las drogas sobre la clase obrera. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!