Reyertas 59: Cayó la cuchilla

Primeramente, permítaseme agradecer los comentarios que algunos lectores nos dejaron a Asaltando la Red con motivo de la entrega anterior para este blog: Reyertas 58: Futuro a oscuras. Por desgracia, en esta oportunidad otra vez es preciso referirse al asunto de la industria eléctrica en términos poco halagüeños para los trabajadores, pues el sábado 10 de octubre se concretó uno de los ataques más arteros que la burguesía de librecambista ha lanzado en contra del proletariado en México: la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

A la luz de la historia

En 1881 México tenía un pueblo que aún conservaba el ánimo inflamado por la gloriosa defensa que hizo de la Constitución de 1857. Para lo cuál el país tuvo que pasar por dos desgastantes guerras, la de Reforma (1858-1861) y la intervención francesa (1862-1867), que retardaron poco más de una década el desarrollo de las fuerzas productivas. A final de cuentas, lo que se perdió económicamente con la guerra se ganó en ánimo. Pese a las rencillas causadas por el reeleccionismo, los gobiernos emanados de la nueva república lograron cimentar las bases para la creación de un mercado interno. Con Benito Juárez se expandió la industria textil, con Sebastián Lerdo de Tejada se inauguraron los primero kilómetros del ferrocarril, en 1873; el primer gobierno de Porfirio Díaz continuó con la expansión de las líneas ferroviarias y durante la presidencia de Manuel González se entregó la primer concesión de telégrafo y se introdujo el uso de energía eléctrica. Ya en plena dictadura porfirista, con capital canadiense, se fundó en 1898 la Mexican Light & Power Company, Ltd. (ML&PC). Ésta se convertiría en 1963, tras la nacionalización de la industria eléctrica del 27 de septiembre de 1960, en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A.

Además de abrir el camino de la generación masiva de electricidad con la construcción e inauguración de la planta hidroeléctrica de Necaxa, la ML&PC también fue el origen de uno de los sindicatos que más ha influido en la historia del movimiento obrero en México, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). El SME se fundó en diciembre de 1914, un par de meses después de la fundación de su sindicato hermano, la Alianza de Tranviarios.

Tanto el sindicato como la empresa han tenido una participación de claroscuros en la historia contemporánea del país. Como compañía privada la compañía de luz se caracterizo por una lucratividad que surgía del abuso por partida doble: la elevada explotación contra sus trabajadores y por un servicio limitado hacia los usuarios. Desde la nacionalización el gobierno ha intentado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) absorba a la LFC para que sea una compañía única la que brinde el servicio en todo el país. Por ello, es que desde 1960 la compañía de luz ha padecido recurrentes ataques, sufrido pésimas administraciones que intentaron quebrantarla; pese a lo anterior y a las deficiencias derivadas de la indolencia consciente de los administradores, LFC consiguió abastecer del estratégico recurso del fluido eléctrico a la economía del centro de la república. Todavía en la actualidad, con todo y la famosa política de descentralización que se implementa desde hace más de 30 años el Distrito Federal, sin contar los municipios que LFC atiende en los Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, se produce 24% más riqueza que la que generan juntos los estados de Jalisco y Nuevo León los que, por cierto, tienen una extensión territorial 98 veces mayor a la del Distrito Federal.

Labrando el camino de la privatización

Por su parte, debe reconocérsele a los trabajadores de LFC que han sacado adelante a la empresa, pese a las difíciles condiciones laborales que siempre han tenido. Pero también debe reconocerse que al SME no siempre ha sido un gran defensor de los derechos de la clase trabajadora ni tampoco de la industria eléctrica nacional. Si bien en los últimos 15 años el sindicato de electricistas ha sido la vanguardia del movimiento obrero, también hay que recordar que el corporativismo no les es algo ajeno, durante el sexenio de Salinas de Gortari el entonces secretario general del SME, Jorge Sánchez (quien por ese entreguismo fue expulsado de la organización), validó las reformas que en 1992 comenzaron el proceso de privatización de la industria eléctrica. Además, en la segunda mitad de los 70 el mexicano de electricistas abandonó a su suerte al intentó por democratizar el sindicalismo en México que encabezó Rafael Galván con la Tendencia Democrática que surgió en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

Pero como señalaba arriba, el proceso de privatización de la industria eléctrica arrancó desde las reformas de 1992 que establecieron la posibilidad de los productores independientes. Años después, hacia el final del gobierno de Ernesto Zedillo, la llegada de Alfredo Elías Ayub (personaje cercano al magnate Carlos Slim Helú) a la dirección de la CFE en enero de 1999 significó la redefinición de la estrategia privatizadora por la implementación de medidas paulatinas y silenciosas que vayan alcanzando el objetivo de entregar la industria eléctrica a las manos de la iniciativa privada.

Durante los diez años que Elías Ayub lleva al frente de CFE la generación privada de electricidad se ha incrementado más allá de cualquier límite sensato, tal como lo ha denunciado en diversos foros el Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE). La situación ha llegado a tal punto que CFE tuvo que desmantelar plantas de generación por darle prioridad a la compra de electricidad a productores privados. Esta política no solamente ha causado estragos para la economía del país, también pone en peligro la integridad de numerosos pueblos en la nación. Para muestra está el ejemplo de la inundación que en 2007 asoló a Villahermosa y otros pueblos de Tabasco. A la pésima planeación urbana se sumó la negativa de CFE a desahogar las presas del Grijalva, simplemente porque eso habría implicado generar electricidad que, de otra manera, ya no se compraría a los productores privados. Por cierto, si alguien tiene la ilusa idea que con la intervención de la “eficiente” CFE se eliminarán en el Valle de México el problema de la mala facturación, vaya desechándola porque al consultar los boletines del CNEE uno puede darse cuenta que en varios estados de la república los abusos en cobros han degenerado en el surgimiento de movimientos sociales de consumidores.

De goles, festejos y sabadazos

La ofensiva cuidadosamente planeada (así es camaradas ya va siendo hora de abandonar esa soberbia que nada más ha servido para menospreciar la capacidad del minigolpista, mientras éste nos asesta golpes efectivos) por el gobierno de Felipillo I, el espurio, para liquidar a la LFC no se limitó al plano jurídico (con la negación de la toma de nota al SME y el decreto presidencial), ni al plano militar (con la toma de las instalaciones de la compañía por la Policía Federal), sino que también incluyó una intensa ofensiva ideológica. Por cierto que esta última no se restringió al simple plano de usar a los medios de comunicación, sino que tuvo el acierto de ser desarrollada en diversos contextos. Aprovechando el desprestigio que pesa sobre el sindicalismo, a partir de la negativa del conspicuo provocador que despacha en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para darle la toma de nota al secretario general electo, se desató una línea ofensiva a través de todos los “líderes de opinión” que se lanzaron a la yugular del SME. Sin importar que posición digan compartir, todos esos escribanos del capital coincidieron en el objetivo de aislar mediante sus dichos a los electricistas del resto de la sociedad. Algunos como la “feminista de izquierda” Denise Dresser en su editorial “Código Dresser: Bajarles el switch” publicado en la revista cibernética Reporte Índigo, núm. 150 del 9 de octubre de 2009; llegan al extremo de señalar los ciudadanos (whatever than means) somos víctimas de los trabajadores, específicamente de los electricistas.

Por su parte, los burócratas que cobran sus onerosos salarios en el gobierno de Felipe I, el breve, no se han cansado de repetir, en complicidad con los titulares de los programas noticiosos de radio y televisión, una retahíla de cifras convenientemente arregladas para argumentar que la compañía de LFC ha sido quebrantada por los despreciables trabajadores y no por las pudorosas administraciones neoliberales. ¡Viva los burócratas que nos eliminan la patria!

Para cerrar la pinza, atisbaron un conflicto interno mediante la añeja técnica del inflamar las ambiciosas aspiraciones de un personaje sin demasiada claridad política para que, a cambio de la promesa de recursos que le permitiesen encaramarse en la secretaría general del SME, generasen una gran división al interior del gremio emblemático de la lucha obrera antineoliberal. Todavía el 8 de octubre en la entrevista que el excandidato a la dirección del sindicato de electricistas, Alejandro Muñoz concedió al noticiero matutino de Radio Trece, conducido por Javier Solórzano, asumía una actitud altanera cuando afirmaba que el conflicto sindical no significaba una amenaza hacia la empresa porque todo se reducía a la vida interna del SME. De hecho, planteó que había que restringir la participación del sindicato en el movimiento obrero, porque “…de todos los movimientos que hemos apoyado y de todas las marchas que hemos hecho, que nos diga [Martín Esparza] qué hemos obtenido como trabajadores o que beneficios hemos tenido”. En contraste, en las entrevistas concedidas por el propio Muñoz, tras la publicación del decreto de extinción de LFC, su actitud ha sido diametralmente opuesta. No solamente aceptó la propuesta de unidad, y aún se niega a aceptar que se le defina como esquirol, sino que es notoria la desaparición de esa actitud jactanciosa exhibida tres días antes.

Es cierto, como se señalaba en la entrega anterior, que la dirigencia de Esparza se ha caracterizado por solapar la corrupción e inconsciencia al interior del sindicato, que se cometió un abuso al elevar las cuotas sindicales so pretexto de la construcción del nuevo edifico para la sede sindical. Pero, también es cierto que ni Esparza ni Muñoz son el SME por sí mismos, al igual que lo es que para poder ampliar la democratización de un sindicato, es decir que los trabajadores realmente se apropien de su organización, primero es necesario que exista dicho sindicato. La desaparición de la empresa junto con el contrato colectivo y la organización gremial no conduce a otro destino que a la repetición de la historia: el SME se está viendo en el reflejo del Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 (SUTAUR-100) de 1995. Esparza tal vez no haya demostrado ser el personaje más adecuado para dirigir al sindicato que está más cercano a ser democrático en México y Muñoz dejó que los calderonistas lo usaran de la forma más soez. Pero, el objetivo es ganar la subsistencia del sindicato, no resguardar los privilegios de algún dirigente en particular. Por cierto, que será básico cuidarle las manos a la dirigencia sindical porque, como en el caso de SUTAUR100, podrían negociar mejorías en su forma de vida a costa de los miembros del sindicato.

La insostenibilidad de los leves argumentos calderonistas

Los burócratas calderonistas (¿acaso calderópatas?) utilizan una serie de argumentos falaces para fundamentar el Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. El supuesto esfuerzo por modernizar la empresa queda rápidamente desmentido cuando se observa que hasta septiembre del presente año la compañía de luz tenía un subejercicio presupuestal superior a los mil 500 millones de pesos, además del incumplimiento por la patronal de los convenios de productividad que se pactaron en la más reciente revisión contractual. La administración tampoco ha tenido la intención de crear infraestructura de generación (una política completamente opuesta a la de CFE que, con tal de alentar el crecimiento de la generación privada, incluso desmantela plantas con poco tiempo de haberse construido para venderse como chatarra) de manera tal que LFC debe comprar casi la totalidad de la energía que distribuye; para colmo adquiere de CFE la energía a precios mucho mayores que las tarifas a las que está obligada a vender. Por cierto, los empresarios se alinearon para exigir y festejar la liquidación de la compañía, pero curiosamente las grandes empresas son las que presentan mayor morosidad en el servicio de electricidad, si no es que ya han entrado en el negocio de generar electricidad, supuestamente para autoconsumo, que venden a la comisión federal con jugosas ganancias. Por si fuese poco el planeado descuido con que el gobierno a dirigido la LFC, tanto Reporte Índigo, núm.150; como la revista Proceso, núm. 1719; dan cuenta de la disputa por la fibra óptica en la que están involucrados: Carlos Slim (a través de Alfredo Elías Ayub ya que la CFE posee la mayor red de este tipo en el país y quedaría redondeado el negocio con el control de la zona económica más importante del país), la empresa española WL Comunicaciones (representada en México por los exsecretarios de energía Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond, que ya firmaron un contrato en 2005, que nunca se cumplió, para instalar fibra óptica en la postería de LFC) y el propio SME que desde 2003 ha venido proponiendo que la propia empresa puede brindar los servicios triple play basándose en el modelo que sigue Electricité de France, y con ello romper los monopolios en la industria de las telecomunicaciones. Pero lo realmente importante en el asunto de la liquidación de la compañía es el falso argumento que responsabiliza a los trabajadores de todos los males que condujeron a la desaparición de aquélla. Prestaciones por encima de la ley, altos salarios, una plantilla laboral amplia, edad de jubilación por debajo de la media nacional y altos pasivos por las jubilaciones que se pagan, son los argumentos que Felipillo I, el católico, esgrimió tanto en los considerandos del decreto de liquidación como en su mensaje a la nación del domingo 11 de octubre. Lo que realmente le duele a la burguesía librecambista es que esas condiciones contractuales reducen la explotación que sufren los trabajadores, por eso lloran desaforadamente y le exigen al resto del proletariado (al cual llaman ciudadanía para hacerle olvidar que también pertenecen a la clase obrera) que se lance en contra de esos injustos trabajadores que no se dejan explotar tan fácilmente (fomentan así, el síndrome de los cangrejos al que tanto aludía el exdirector técnico nacional Hugo Sánchez). Pero esto exhibe que se trata de un sabotaje calculado de la empresa, pues cualquier empresario sabe bien que perfeccionar los medios de trabajo reduce el trabajo socialmente necesario en la misma proporción que se incrementa la plusvalía. Ello hace viables e incrementa la productividad (e incluso la competitividad) de cualquier empresa que se rija por las leyes del mercado capitalista.

Como evidentemente no bastan los argumentos que reclaman el alto costo del Contrato Colectivo de Trabajo del SME, como el factor que quebrantó a la compañía, a consecuencia de las prestaciones (ganadas por los trabajadores) que incluye, el gobierno federal intenta comprar (al más puro estilo de El Padrino) la voluntad de los trabajadores. Por cierto, que las propuestas de indemnización (por encima de las de ley) exhiben que la liquidación de LFC es una maniobra política que nada tiene que ver con la funcionalidad de la empresa. La propuesta de compensaciones mantiene íntegro el gasto en jubilaciones (¿pues no que eso representaba lo más despreciable?) y las erogaciones para liquidar a los trabajadores activos implica gastos más desproporcionados que el mantener funcionando a la empresa. Tan sólo el monto que se gastará en el pago base de tres meses, sin contar los doce días por año de antigüedad, tomando en cuenta que el salario promedio de cada electricista es de $205 diarios y que la plantilla sindical (sin contar a los empleados de confianza) ronda los 44,500 trabajadores, ascendería a más de $821 millones. A esa cifra habría que sumarle los bonos (compra de consciencia obrera) que el calderonato ofrece para que los trabajadores se desistan de cualquier protesta.

Las tramposas comparaciones entre la inversión que cada año se hace en LFC contra el gasto en el combate a la pobreza, demuestra que al gobierno de Felipillo I, el breve, no le interesa realmente sacar de la miseria al 60% de los trabajadores y campesinos que la padecen en México; para ello se necesitaría garantizar el incremento de los empleos con buena remuneración y prestaciones de acuerdo con la ley. El que el presupuesto de LFC sea similar al del “estratégico” programa Oportunidades, pero que éste no sea tocado ni con el pétalo de una rosa, demuestra que además de ser un paso más rumbo a la privatización de la industria eléctrica, entregar la red de fibra óptica al capital transnacional y liberar el paso para la reforma laboral neoliberal, la jugada también incluye que Felipillo I, el católico, siga construyendo la clientela política que le permita revivir al panismo en las elecciones generales de 2012.

Por último, cierto que el cierre de Luz y Fuerza no significa la privatización inmediata de la industria eléctrica, pero sí es un paso más en ese sentido. No se olvide que una gran porción de la Comisión Federal de Electricidad ya depende de las compañías privadas, sobre todo en el ramo de la generación. Ese es el futuro que en términos reales le espera al centro del país. Ahora los trabajadores requerimos entrar a la lucha real con la mayor decisión, pero todavía con más inteligencia, ser tan prudentes como el griego Ulises, porque hoy es contra los electricistas pero mañana será contra todos los demás (no hay que caer en la trampa de esa ambigüedad conceptual de la “ciudadanía” que al igualarnos a todos también nos arrebata de la mente la realidad de que somos trabajadores). El peso de la clase obrera reclama, al fin, el compromiso de los electricistas. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!