La suspensión definitiva del decreto por el cual se extingue a la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), tal como lo refería en la entrega anterior (Reyertas 62: ¿Esperanzas? Sólo si se trabajan?), es un pequeño avance que requerirá redoblar esfuerzos en muchos sentidos. Pero también se advertía que anímicamente sería un aliciente tanto para los electricistas como para los trabajadores que comprendemos la necesidad de la solidaridad de clase.
Tales previsiones se verificaron en la práctica. En el transcurso de estos tres días, desde que un juzgado otorgó la suspensión definitiva el día viernes 6 de noviembre, tanto entre los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) como trabajadores de diversas organizaciones e incluso los estudiantes, han retomado bríos para preparar el primer paro nacional convocado para el próximo miércoles 11 de noviembre. Esta situación no ha pasado inadvertida para el gobierno de Felipillo I, el espurio.
Es evidente que la sensibilidad política no es el fuerte ni de Calderón y mucho menos del señor Javier Lozano Alarcón, quién dice fungir como secretario del trabajo. Pese a ello, no debe olvidarse que atrás de ellos existe una serie de funcionarios que les hacen el trabajo de medir la situación social. Fue precisamente esa estructura orgánica la que alertó al prócer del caso Zhenli Ye Gón de las implicaciones políticas que tenía el hecho de una juez otorgando la suspensión provisional. Fueron esos mismos asesores los que le recomendaron al señor Lozano Alarcón (empresario especializado en asuntos de telecomunicaciones) a tomar medidas que atemorizaran a los trabajadores ante la perspectiva del otorgamiento de la suspensión definitiva. En esos términos, haciendo gala de toda la brutal fineza de la cual es capaz el secretario del trabajo, hizo un desesperado intento por generar división entre los trabajadores. Al reporte diario de las liquidaciones aceptadas, el pasado jueves 5 agregó que la suspensión solamente afectaría a los trabajadores, pues el gobierno no detendrá por ningún motivo la liquidación de LFC, ya que gracias a ella el proceso de liquidación de los electricistas no podría continuar y se perderían el jugoso bono que el gobierno les ofrece generosamente.
Esos mismos funcionarios fueron los que le hicieron ver al secretario Lozano los que tenía que pronunciarse en contra de la suspensión definitiva. Una vez más el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) echó mano de toda la rijosidad que le caracteriza para minimizar la decisión judicial. Con ello dejó entrever que a él y al gobierno federal el cumplimiento de la ley es una asignatura que les tiene sin cuidado. Para muestra de lo anteriormente expuesto, valga leer las declaraciones que el secretario del trabajo hizo este mismo lunes 9 y que se consignan en la página electrónica del Canal Once: “Con la suspensión definitiva, lo primero que quiero destacar es que se mantiene intacta la extinción de Luz y Fuerza del Centro, esto significa que no tiene ningún efecto sobre el decreto del Ejecutivo por el cual se extinguió Luz y Fuerza del Centro” (Conceden un amparo al Sindicato Mexicano de Electricista). Las afirmaciones de Lozano hacen patente que la intención del gobierno calderonista es la de ir hasta las últimas consecuencias de su decisión sin importarles que en medio de ello violen la legislación mexicana. ¿Pues no que muy defensores del Estado de derecho?
A los burócratas de alto rango no les faltan motivos para mantenerse en su decisión a cualquier costo. Por principio de cuentas vale la pena enumerar cuatro que son de mucho peso.
Primero, como lo han documentado diversos medios de comunicación y los mismos trabajadores del SME, a varios funcionarios del gobierno de Felipillo I, el breve, están ligados con empresas que persiguen la concesión de la red de fibra óptica que tiene la Comisión Federal de Electricidad (pero que sería completamente inútil sino tiene el complemento de la red que podría ampliarse utilizando la estructura de LFC, pues atiende a la región del país que mayor riqueza genera y mayores requerimientos de telecomunicaciones tiene) les conviene la desaparición de LFC gracias a que se le allanaría el campo para llegar a acuerdos con esos empresarios. Movimiento que les redituaría jugosas ganancias. Sobre este punto, recuérdese que ya la empresa española W Conections, dirigida en México por dos exsecretarios de energía durante el gobierno de Vicente Fox, tuvo importantes pérdidas al no poder concretar la instalación de fibra óptica usando los postes de LFC, debido a la oposición del SME. Así como se ha estado regalando el espectro radio eléctrico a los empresarios de las telecomunicaciones, a estas alturas queda claro que los títulos de concesión son un mito, de la misma manera se pretende entregar la fibra óptica que pertenece al Estado mexicano, no al gobierno, a particulares que no invertirían un centavo en infraestructura y generarían muchos menos empleos de los que se generarían mediante el uso directo que haría LFC.
Segundo, no falta demasiado para que inicie la segunda mitad del sexenio calderonista. De hecho, con la instalación de la LXI legislatura en septiembre pasado podría darse por comenzado, pese a que formalmente ésta correría a partir del 1 de diciembre. Pero con la derrota electoral del PAN en las elecciones legislativas de julio, arreciaron las presiones de los principales aliados de la camarilla de Felipillo I, el católico, es decir de los grandes empresarios librecambistas. Éstas obligan a Calderón, como jefe de facción, a tomar las medidas que les permitirán incrementar las ganancias que dichos capitalistas y sus aliados, las compañías transnacionales, expolian de los trabajadores mexicanos. No se olvide que entre las anunciadas amenazas que penden sobre el proletariado en México, me refiero a la segunda remesa de reformas estructurales neoliberales que se anuncian insistentemente, están la Reforma a la Ley Federal del Trabajo y una “segunda generación” de reformas de la Industria Energética. Precisamente para facilitar la aprobación de ese paquete de modificaciones a las leyes es que se está allanando el camino mediante el viejo método de eliminar a los opositores. Las arteras agresiones verbales del porril secretario del trabajo basan su tono valentón en la estructuración de un aparato policiaco listo para actual, no en la guerra contra el crimen organizado como tanto se ha presumido, sino en contra de cualquier forma de disidencia política. La desaparición de LFC tiene su proporción inversa no en el fortalecimiento del cascarón que llaman Comisión Federal de Electricidad (CFE, más bien se encuentra en la expansión de los aparatos represivos al servicio del gobierno federal.
Tercero, la degradación de la fuerza de trabajo. Relacionado con el punto anterior, la idea de desaparecer al SME es, en primera instancia, acabar con cualquier tipo de compensación a los trabajadores que disminuya el grado de explotación al que están sujetos. La reforma laboral a la que se oponen los electricistas fomenta la tercerización del trabajo, un recurso que ha causado tantos problemas a los trabajadores que en la actualidad solamente el 20% de la población mexicana en edad de trabajar tiene un empleo digno. En otras palabras, únicamente uno de cada cinco empleados percibe salario, tiene estabilidad laboral y prestaciones de seguridad social. Sin embargo, esa cantidad le parece abusiva a los capitalistas que tienen intereses en el país, por ello es que les urge reducirlos mediante una reforma laboral. Pero la tercerización que pretende fomentar el calderonato no solamente es un tema indirecto en el caso de la liquidación de LFC, que sea importante por la oposición del SME. También lo es debido a que con el famoso sabadazo y la consecuente entrega a la CFE de la industria eléctrica en la zona centro del país, implica que a partir de ahora la subcontratación o tercerización del trabajo de los electricistas será la norma. Quién esté medianamente informado de las condiciones laborales prevalecientes en la CFE sabrá que en efecto, la nómina de ésta era proporcionalmente menor que la de LFC, pero la mayoría de los trabajos son cubiertos por compañías contratistas, cuyos trabajadores en muchos casos carecen hasta de las condiciones de seguridad más básicas para el cumplimiento de sus tareas, ya no se diga los raquíticos salarios que pagan las compañías contratistas, incluyendo las cooperativas. Justamente ese modelo es el que Javier Lozano le está ofreciendo a aquellos trabajadores de LFC que acepten su liquidación sin remilgos y en completa sumisión. En otras palabaras: Roma no paga a traidores.
Finalmente, aunque no menos importante. No se olvide que el SME y no la Convención Nacional Democrática (CND) del lopezobradorismo es la fuerza que encabezó el rechazo al atraco que Calderón pretendió hacer con la Reforma Petrolera de 2008. Si bien no se consiguió detenerla del todo, al menos si se contuvo lo suficiente para ocasionar las rabietas de Felipillo debido a que a las petroleras transnacionales no les interesaron las condiciones planteadas en dicha reforma. Por tanto, el SME es el que debe pagar los platos rotos de ese fracaso calderonista. Evitar el atropello requerirá redoblar esfuerzos. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!
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