¡Vaya manera de preparar la conmemoración del 99 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana! El gobierno de Felipe I, el espurio, parece estar empeñado en recrear las condiciones sociales previas al 20 de noviembre de 1910. Para ello, ha dejado libre a su provocador más conspicuo. Suelto, sin bozal y sin correa, el secretario del trabajo, Javier Lozano Alarcón, se dedica un día a excitar a los trabajadores en contra del propio gobierno y al siguiente a respaldar toda acción que realicen los empresarios para explotar con mayor intensidad a los trabajadores.
Por si la rijosidad emanada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no fuese suficiente para indignar a los mexicanos, también se agregan las sabías palabras de la preclara senadora María Teresa Ortuño, quién ante la solicitud de los rectores de las universidades públicas del país por mayor presupuesto para la educación superior, solamente atinó a señalar como demagógica tal solicitud. Para colmo, la senadora panista remató diciendo: “Aunque la salud, la educación, desarrollo social, son temas prioritarios, perdónenme, donde quiera hay grasita y se puede cortar grasita sin llegar al músculo y tocar el hueso” y “donde lloran es donde está el muerto”. Tanta sensibilidad del gobierno de Felipillo I, el católico, se combina con las consecuencias de mantener a rajatabla una política económica que encadena al sistema productivo mexicano a las necesidades de consumo del mercado estadounidense.
Lo anterior viene a cuento porque la semana que acaba de transcurrir, durante la marcha del miércoles, encabezada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se planteó la posibilidad de comenzar una Huelga Nacional. Algo que durante muchos años, diversas organizaciones sociales le exigieron a los electricistas que encabezasen, pero que solo ahora que sienten el agua hasta el cuello se deciden a convocarla. Más vale tarde que nunca.
Sin embargo, dentro de la misma izquierda han surgido críticas hacia la propuesta. El sentido es más o menos el mismo: el pueblo no está preparado. Una concepción que cae abiertamente en el paternalismo. Es cierto que las estructuras organizativas de la sociedad no están lo suficientemente desarrolladas como para sostener un movimiento social de la envergadura que se está proponiendo, y al mismo tiempo llevarlo hasta la victoria definitiva. En el momento presente, una huelga nacional, que verdaderamente lo fuese implicaría un juego de azar en que las posibilidades de perder con muy altas. Aunque, no es la voluntad de los dirigentes lo que determinará lo factible o imposible de una acción de tanta magnitud, sino la disposición de los trabajadores a la lucha. Si el ánimo de las masas está en lanzarse al combate, el que los dirigentes se obstinen en contener la huelga nacional sería tan perjudicial como el lanzar esta propuesta en forma aventurera.
Pese a los cálculos del equipo calderonista y del paternalismo izquierdista, existen elementos objetivos para comenzar a considerar que la idea de una huelga nacional no está tan lejana. No se subestime que conforme la crisis se convirtió en depresión el descontento social ha tomado una tendencia ascendente, en muchos sentidos de hartazgo. De tal suerte que las condiciones políticas del país tienen el campo fértil para agudizarse, a ello hay que sumarle la serie de provocaciones que el propio gobierno federal está realizando. A todos los niveles, los abusos de los políticos profesionales, como simples instrumentos de los capitalistas, ya no están siendo tan bien recibidos. Tres indicadores que demuestran que la desaparición de Luz y Fuerza del Centro (LFC), las declaraciones de los miembros del gabinete, de los congresistas y hasta del propio Felipillo I, el breve, son: la notoriedad alcanzada por el movimiento anulista de julio pasado que en términos estrictos fue una protesta real en contra de la manera de hacer política, aunque también es cierto que los intelectuales que se colgaron al frente del movimiento supieron darle una orientación que le quitó bastante de su agudeza; el desgaste del movimiento lopezobradorista como freno a la radicalización de los movimientos sociales, incluso en el propio episodio de la elección de delegados en Iztapalapa tuvo mayor peso las acciones que tomaron los propios habitantes de la delegación que las decisiones del famoso peje; y, finalmente, las mismas acciones de sabotaje y presión que los empresarios lanzaron en contra de Calderón con motivo de la aprobación del presupuesto federal, así como de los privilegios de exención fiscal para las televisoras.
Es cierto, que en última instancia la burguesía siempre se alineará con sus representantes políticos. Sin embargo, eso no les impide buscar los medios que les posibiliten obtener una mejor tajada en el reparto de los privilegios. Lo anterior no pueden hacerlo los capitalistas, en las circunstancias presente, sin retroalimentar el descontento social. Ese es el riesgo que los empresarios están dispuestos a correr con tal de incrementar su tasa de ganancias.
Al respecto, vale la pena incluir aquí un breve video del cuál me dio noticia una antigua amistad, en el que un conocido personaje de Televisa recordó a la teleaudiencia el 11 de septiembre de 2009 las promesas que Felipillo I, el espurio, realizó durante uno de los debates entre candidatos a la presidencia en 2006.
Por su puesto que la línea editorial de Televisa no es inocente, no se olvide que desde septiembre pasado arreciaron las discusiones y presiones sobre el Congreso para que el presupuesto favoreciese a su respectivo partido. Sin embargo, el hacer memoria sobre las promesas incumplidas de Calderón, tiene su riesgo para los capitalistas que la hacen. Sobre todo cuando se comienza a contrastar las cifras sobre las condiciones de vida de los mexicanos con los ofrecimientos electorales de Felipillo I, el católico.
¿Una política que priorice la creación de empleos? Los mismos datos oficiales desmienten eso. Al consultar la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009 (ENOE), en un momento determinado se tendrá que hacer una comparación de datos entre las cifras de la actualidad con las del pasado reciente. Según la STPS el desempleo este año ya alcanzó el 6.2% de la Población Económicamente Activa (PEA). No obstante, la situación rápidamente se devela como mucho peor. La cantidad de trabajadores activos que se tuvo durante el tercer trimestre de 2006, el último completo del gobierno de Vicente Fox, resulta que fueron 42.6 millones. Tres años más tarde, el tercer trimestre de 2009 (tras tres años de calderonato) esa cifra de trabajadores apenas si alcanzó los 43.9 millones de personas. Es decir, un incremento de 3.08% lo cuál sería un incremento raquítico, pero incremento al fin. El problema real viene cuando se considera que la población en edad de trabajar también crece, y suele hacerlo a tasas más elevadas que ese 3%. Al tomar eso en consideración se tiene que en el período referido de 2006 el desempleo real, no la maquillada por las arbitrarias definiciones del INEGI, alcanzó el 43.15% de la población. En cambio, para el tercer trimestre de 2009 aquél llegó al 44.4%. En otras palabras, no solamente no se crearon empleos como lo habría prometido el señor Calderón, sino que hubo un retroceso real de 1.25 puntos porcentuales en la creación de fuentes de trabajo.
Por su parte, la porción de trabajadores que además de tener un empleo y el salario respectivo, cuentan con seguridad social también se ha mantenido estancada en los años recientes. Entre 2006 y 2009 la cifra de trabajadores asegurados en el país se ha mantenido estable al rededor de los 16.5 millones, menos de dos de cada cinco asalariados en México tienen seguridad social. El problema con esto es que una parte importante del salario que perciben los empleados tiene que destinarse a salud, en lugar de que éste sea un derecho garantizado por el Estado a sus habitantes. Al tener que incrementar los gastos en salud se reducen los gastos en alimentación, vivienda, habitación y demás necesidades. Para colmo, el valor de la fuerza de trabajo en México, (es decir, el salario medio de los trabajadores) es de apenas poco más de $5,000 mensuales, de manera que la seguridad social se hace, para el trabajador promedio, más que indispensable.
En esas circunstancias, hay elementos objetivos que nos permiten considerar a la posibilidad de una huelga general como algo que se acerca cada día más. Aunque, es cierto, que no se quede en un simple instrumento del SME, dejando colgados al resto de los trabajadores, requerirá mucha más organización y disciplina. En primera que se obligue a superar la demanda inmediata de marcha atrás del decreto de extinción (whatever than means) de LFC, con demandas de mayor trascendencia estratégica para la nación. Y en segunda, se requeriría una dirección amplia que le restase al SME el poder total que tiene por el momento con respecto al movimiento.
Por el momento, ante la falta de instancias maduras del movimiento, sería insensato provocarlo, pero sería estúpido no luchar decididamente en éste si estalla. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!
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