En los minutos finales del jueves 22 de julio el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) llegó a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para instalar una mesa de negociaciones para resolver el conflicto derivado de la liquidación (“extinción”, según Felipillo I, el breve). Unas horas después, en la madrugada del viernes 23, se levantó la huelga de hambre que sostenían 14 trabajadores electricistas. Solamente uno de ellos, Cayetano Cabrera, resistió los 90 días que duró la manifestación. Inicialmente, el 25 de abril, a la acción se sumaron 94 sindicalistas.
Este desenlace implicó una serie de eventos que hacen del suceso un punto crítico en la lucha de los trabajadores. De entrada el gobierno calderonista tuvo que crear las condiciones políticas a su interior para que se abriera la posibilidad. Eso no fue algo tan sencillo como se supondría, implicó el cambio de negociadores, es decir del secretario de Gobernación. El relevo de Fernando Gómez Mont, quién ya había sido debilitado como interlocutor del gobierno federal tras el escándalo del acuerdo anticoaliciones con el PRI del Estado de México (véase Reyertas 85: La carrera), por José Francisco Blake Mora, un perfecto desconocido que ha ido de fracaso en fracaso en los cargos públicos que ha desempeñado, era un movimiento obligado para destrabar la situación con los electricistas dándole nuevo aire al gobierno federal.
Pero, el hecho que el calderonato haya accedido a desbloquear las negociaciones con el SME no se debe a la bonhomía de Felipillo I, el espurio, sino a la movilización de los sindicalistas. Aunque no debe olvidarse que el contexto en que se da ésta, cuenta mucho. No se olvide que sin abandonar del todo su ofensiva contra los trabajadores, recuérdese el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de los jubilados (véase Reyertas 100: Fallo contra pensionados, sí está intentando despresurizar el descontento social. Tal como indiqué en Reyertas 99: Liberados, la decisión de excarcelar a los dirigentes atenquenses tuvo la doble intención de influir en la carrera presidencial del 2012 al exhibir al precandidato Enrique Peña Nieto, pero también la de distender la movilización de los opositores al gobierno calderonista.
Pero, ¿cuál es el objetivo de perseguir la relajación de las fuerzas opositoras? Muy probablemente se trate de una doble finalidad: magnificar los efectos intimidatorios que tiene sobre la sociedad mexicana la guerra contra el narcotráfico que está desplegando Felipillo I, el teólogo, al mismo tiempo que prepara el terreno legislativo para dos ofensivas: obtener la aprobación del presupuesto para 2011 y le reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Para estrechar la comprensión sobre el momento en que se dio el levantamiento de la huelga de hambre de los esmeitas, es preciso valorar algunos puntos adicionales.
La borrasca
Las elecciones estatales del pasado 4 de julio generaron una serie de confusiones entre los “destacados” analistas políticos de todas las ideologías. Mucha de esa incertidumbre parte de enfocar la elección del poder ejecutivo estatal como lo principal, sin voltear a ver el entramado que se teje desde los otros poderes y niveles de gobierno. Si bien la coalición oportunista entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) consiguió que sus candidatos en Puebla, Oaxaca y Sinaloa ganasen los gobiernos estatales, también es cierto que esos partidos perdieron los estados que gobernaban sus militantes (Aguascalientes y Tlaxcala en el caso del PAN y Zacatecas en el del PRD). Desde la perspectiva de los partidos electorales, la de las clientelas de votantes, los tres estados ganados por la coalición derecha-izquierda representa una mayor cantidad de sufragantes posibles que los tres perdidos. Al revisar los resultados de las elecciones de diputados para los Congresos Estatales resultó que el PRI ganó 11 de los 14 en disputa y que en los otros tres las fuerzas quedaron muy divididas. Esto significa que se mantendrá la capacidad de veto de los priistas hasta en las entidades que perdió. Lo cuál no es muy buen anuncio ni para César Nava, dirigente nacional del PAN ni para Jesús Ortega del PRD.
Los resultados de la elección de gobernador en los seis estados mencionados, e incluso en el total de estados en que hubo comicios, el abstencionismo por regla general superó el 40% de la lista nominal. Esto refleja el desgaste que está teniendo la sociedad mexicana, que aún sin desarrollar una práctica consciente de la democracia burguesa la está abandonando. Es decir, la transición democrática como resultado de la alternancia de partidos en el gobierno muy pronto se le está revelando a los mexicanos como una falacia. En realidad las organizaciones partidarias carecen de una congruencia ideológica debido a que sus prácticas no se distinguen entre sí, lo cuál rápidamente está hartando a la sociedad.
Así, el resultado de las elecciones estatales dejó una situación comprometida para el calderonato. A ello es preciso sumar el pésimo manejo de la recesión económica y la devastación social generada por el combate al narcotráfico. Todos esos elementos hacen explícito que el actual presidente jamás tuvo un planteamiento para enfrentar los problemas del país. Su mérito como fiel devoto del capitalismo librecambista no le ha alcanzado para tomar el control social. Todo se le ha ido en fortalecer las ganancias del capitalismo monopolista.
El desgaste que la sociedad acusa por esa pésima política se ha expresado en algunas movilizaciones sociales y en el abstencionismo en los procesos electorales. Aunque una porción de ese descontento ha quedado diluido por la violencia desatada: la guerra contra el narcotráfico como medio de control social.
Gabinete confrontado
Al menos en apariencia los titulares de las Secretarías de Estado están generando una profunda división en el poder ejecutivo federal. Es difícil darle veracidad a tal divergencia interior, pues el estilo para gobernar ejercido por Felipillo I, el espurio, es el de un personaje que exige obediencia absoluta a sus subordinados. Eso quiere decir que antes de ser designados en los altos cargos del gabinete debieron demostrar una actitud servil para ser considerados siquiera como posibles candidatos para encabezar secretarías federales. En los casos en que los subalternos calderonistas han cometido errores de actuación individualista, sin importar su cercanía con Felipillo I, el breve, han sido defenestrados sin miramientos.
Partiendo de esa base de comportamiento se encuentra que las contradicciones entre secretarios son simuladas. En el caso del SME las desavenencias entre el secretario del trabajo, Javier Lozano Alarcón, y el de Gobernación, Fernando Gómez Mont, obstruyeron las posibilidades de la negociación. En realidad se trataba de prolongar ad infinitum la situación para desgastar a la base trabajadora, pero quitándole la responsabilidad directa al jefe de ambos.
Sin embargo, los más de 90 días que los electricistas permanecieron en huelga de hambre sumada a la necesidad del grupo calderonista por reorganizarse tras las perspectivas negativas para su causa de cara a las elecciones de 2012, fue algo que obligó a abrir la vía de la negociación. Los panistas de Calderón requieren hacer un esfuerzo supremo para crear las condiciones político-sociales que le permitan ganarse de nueva cuenta el respaldo del capital monopolista. En otras palabras, aprobar reformas a la LFT y al régimen fiscal, así como todas aquellas que faciliten el libre flujo de capitales.
Javier Lozano Alarcón ha cumplido con eficacia su papel como ariete en contra de la clase trabajadora. Su desempeño como protector de los intereses empresariales ha sido impecable. En cambio, Fernando Gómez Mont pese a cumplir las encomiendas del presidente se desgastó mucho ante los interlocutores, lo que en un cargo de negociador con las fuerzas políticas es más un obstáculo que algo factible de ser recompensado. De ahí que su sustitución fuese algo anunciado desde febrero pasado, ante el aceleramiento de las condiciones políticas que se suscita tras las elecciones estatales, la remoción de Gómez Mont se hizo inaplazable. En su lugar se colocó a un personaje con una trayectoria política bastante oscura, José Francisco Blake Mora. Quién, salvo su pasó por la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura (2000-2003) como representante del V Distrito Electoral Federal de Baja California, ha ejercido toda su trayectoria como político en su estado natal. Curiosamente el cambio de secretarios se dio una semana antes de la negociación entre Gobernación y el SME, mediante la cuál se alcanzó el acuerdo para el levantamiento de la huelga de hambre.
Hasta ahora ha trascendido en diversos medios de comunicación que el resultado de las conversaciones entre el Blake y Martín Esparza, secretario general del SME, ha sido el compromiso por parte del gobierno federal a reconocer al dirigente sindical que gane un proceso electoral que reponga el realizado en 2009. Además, se estableció que el diálogo se mantendrá sobre el tema para darle una salida a los más de 16,000 electricistas que se niegan a aceptar su liquidación. El SME ha presentado algunas opciones al respecto, como el reconocimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como patrón sustituto de los trabajadores o la propuesta de conformar una empresa administrada por los electricistas que se dedique a operar la fibra óptica.
Perspectivas
Más allá de los chocarreros rumores que corrieron en la prensa nacional sobre la falsedad de la huelga de hambre de los agremiados del SME. O de la trivialización de la lucha que Milenio Diario con notas como la publicada el 25 de julio sobre los $7,000 millones de los que dispondría el sindicato por concepto de las cuotas de los jubilados. Las alternativas que se abren con el levantamiento de la huelga, sobretodo por el contexto de la lucha de clases en México.
Pese a los furibundos ataques de la prensa más reaccionaria que vociferando exige al gobierno de Felipillo I, el teólogo, hacer caso omiso de las demandas sindicales. Para ellos lo que se debería hace es aplastar al movimiento de los electricistas. Lo cierto es lo más probable es que el calderonato solamente de la mayor cantidad posible de largas a cualquier solución de fondo. En todo caso irá soltando algunas pequeñas concesiones para mantener el interés del SME en las negociaciones, así el gobierno se reservaría el privilegio de romper el diálogo. El objetivo, en este escenario que es el más probable, es simple y sencillamente neutralizar al sindicato en lo que llega un momento más propicio para dar el golpe final. Un tanto a la usanza del zedillato en contra de los trabajadores de Ruta100.
El otro escenario con mayor probabilidad, no son los únicos pero sí los más plausibles, es la prolongación del conflicto para esconder por lo bajo la cooptación de los dirigentes del SME mediante el recurso de la corrupción (compra de conciencias). Esto tendría la ventaja para el gobierno de darle la posibilidad de explotar con mayor efectividad la degradación de las organizaciones gremiales, e incluso de la izquierda electoral.
Por parte de los trabajadores, la mejor opción que se tiene es la de ampliar sus alcances hacia el resto de la sociedad. Encausar la manía del SME por crear frentes populares para generar una organización social que salga de los rígidos márgenes del sindicalismo, sin descartar una posible incidencia en los procesos electorales por venir. Ese desdoblamiento de la organización hacia la sociedad es la que permitiría la realización de los planteamientos. Ningún partido por más democrático y de izquierda que se autodefina hará caso si los electricistas dilapidan sus fuerzas en vano. Pero también se trata de construir organización desde el frente opuesto de la lucha, es decir con aquellas agrupaciones que se niegan rotundamente a tocar los procesos electorales. En muchos casos se trata de colectivos conformados en zonas desatendidas, en las cuáles la capacidades técnicas de los semitas serían útiles para erigir proyectos productivos y de cohesión social. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!
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