El pasado jueves 23 los trabajadores de Francia salieron por tercera vez en el año a manifestarse contra la reforma propuesta por Nicolás Sarkozy al régimen de jubilaciones. En este mes los sindicatos han organizado dos huelgas generales, la del día 7 y ésta. Como buen político globalizado el gobierno de Sarkozy está aprovechando la recesión económica mundial para eliminar derechos a los trabajadores.
La intransigencia exhibida por el oficialismo está unificando a la oposición. Aún peor está propiciando la movilización de los trabajadores. Independientemente del resultado de las movilizaciones, lo cierto es que la clase trabajadora está acumulando una valiosísima experiencia de lucha. Será fundamental que ésta sirva para desarrollar una conciencia de clase, lo que dependerá de la asimilación de estas experiencias. Una victoria que disperse las fuerzas del proletariado sería casi tan desastrosa como el avance de la reforma al régimen de jubilaciones que pretende Sarkozy.
1. Necker no ha muerto
Al igual que Jacques Necker, aquél ministro de Louis XVI al estallar la Revolución Francesa, los neoliberales franceses demuestran una fe siga en los dogmas librecambistas. Tal fervor es obstruido por una legislación que reconoce derechos a los trabajadores. Para la camarilla sarkoziana el problema no acaba ahí, a la protección legal hacia la clase trabajadora se añade la claridad de la sociedad sobre la relevancia que tiene ese tipo de derechos.
Esa fortaleza de las organizaciones obreras, aunque no alcanza para construir una alternativa revolucionaria de clase, ha sido la base para que Francia sea desde el siglo XIX uno de los principales imperialismos. A pesar de las dos guerras mundiales que la han arrasado. No obstante, ni al señor Nicolás Sarkozy ni a su partido la Unión por el Movimiento Popular (UMP) parece interesarles el bienestar del pueblo francés. Sus políticas carecen de cortapisas al estar orientadas en la eliminación de las trabas para la libre acumulación capitalista.
Al igual que otros imperialismos, el francés está concentrado en mantener un déficit comercial derivado de la importación masiva de mercancías. Desde 2005 la balanza de comercial francesa se mantiene con un ligero déficit que ronda el 2% de su Producto Interno Bruto (PIB). En contraste, las grandes corporaciones monopólicas de origen francés extraen grandes ganancias de diversas naciones neocolonizadas, especialmente de África y Asia. Aunque compañías como L’Oreal, Peugeot, Renault, Sanofi-Aventis, Electricité De France, Total, France Télécom, Alstom, SUEZ, BNP Paribás, Societé Générale o AGF se han establecido por todo el mundo. Ese desarrollo imperialista es el que le ha permitido a L’Hexagone colocarse, junto a Alemania, como el centro en torno al cuál se ha venido erigiendo a la Unión Europea y particularmente a la zona Euro.
Pese a su fortaleza, el capital monopolista francés fue incapaz de eludir los efectos de la crisis financiera comenzada en los EE.UU. Desde los prolegómenos de ésta, la francesa fue una de las que más duramente ha padecido sus efectos. El sistema financiero francés tuvo una serie de escándalos ocasionados por quebrantos en sus principales instituciones financieras. El caso más notorio fue el fraude descubierto en enero de 2008 en la Societé Générale, cuando fueron descubiertas las malversaciones cometidas por el corredor Jérôme Kerviel. Más adelante, esa oleada de colapsos financieros en Francia derivó en otro escándalo, la oleada de suicidios acontecida en France Télécom. En el período 2008-2010 han ocurrido 58 suicidios como resultado del endurecimiento en las condiciones laborales.
Los efectos de la crisis se agudizan para Francia, y para la eurozona, debido a que la propia recesión hace vulnerable al sistema monetario europeo a los ataques especulativos del imperialismo estadounidense. Desde su puesta en circulación el 1 de enero de 2002, el euro ha sido víctima de una paciente estrategia orquestada en Wall Street para descarrillar al imperialismo europeo. No se olvide que el conjunto económico de Europa ha sido, en los años recientes, el principal competidor de los EE.UU. por la hegemonía mundial. Tal ataque complica más la situación de la eurozona dadas las profundas diferencias en el desarrollo de las fuerzas productivas de sus integrantes. Sin embargo, los recortes al presupuesto social y la eliminación de derechos de los trabajadores han sido factores comunes aplicados por los gobiernos europeos. En otras palabras, se aprovecha la recesión para lanzar una ofensiva contra la clase obrera.
2. Flexibilización laboral sarkozyana
La presidencia francesa de Sarkozy se ha caracterizado por su hostilidad hacia las conquistas sociales, especialmente las laborales. Desde que comenzó a gobernar en 2007 ha ido introduciendo reformas que pretenden desactivar la seguridad social bajo el argumento de ser políticas onerosas para el Estado francés y que le restan competitividad. Su primer objetivo fueron los inmigrantes, de ahí la imposición de la Ley de Identidad Nacional que hizo más estrictas las normas para la migración y el asilo. Casi al mismo tiempo introdujo reformas para flexibilizar la legislación laboral, en ese rubro su primer objetivo fue echar abajo la reforma de 1997 que limita la jornada a 35 horas semanales. Según los liberales del UMP se trataba de incrementar la productividad. Para 2008 el gobierno de Sarkozy comenzó a apuntar en dirección de una reforma al sistema de seguridad social, comenzando por una ampliación de la edad requerida para la jubilación. El argumento en ese caso era el alto costo de las pensiones y la prolongación de la esperanza de vida.
Los argumentos esgrimidos por los liberales del UMP no soportan el mínimo análisis estadístico. Empleando los datos oficiales que proporciona el Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE, por sus siglas en francés) resalta que la población en Francia ronda los 65 millones de personas. De éstas unos 28 millones corresponden a la Población Económicamente Activa (PEA), pero de ellos solamente unos 26 millones están empleados. Es decir, hay poco más de dos millones de franceses que carecen de trabajo, lo que equivale al 9.7% de la PEA, superando por 0.6% a la tasa de desocupación de la eurozona. Las elevadas cifras sobre el desempleo hacen evidente dos fenómenos paralelos. Por un lado que los trabajadores han conseguido una legislación que les permite acceder a prestaciones sociales que garantizan la subsistencia de aquellos que deben permanecer en el ejército industrial de reserva. Pero, al mismo tiempo queda evidenciada la falta de disposición del capital para garantizar que los trabajadores tengan acceso al pleno empleo.
Respecto al ingreso de esos casi 26 millones de trabajadores, el salario promedio por hora superaba en 2008 (dato disponible más reciente) los €9.2, es decir uno $155. Lo cuál no está demasiado lejos del salario mínimo en dicho año fue de €8.71 por hora, es decir unos $147. Esto hace que entre el salario mínimo y el salario promedio haya una diferencia menor al 6%. Así, la distribución del ingreso no es tan abismal como en el caso de otras naciones, como en el caso de México donde el diferencial supera el 250% entre ambos tipos salariales. En el caso francés el estrecho margen significa que el salario mínimo no tiene la función de presionar el valor de la fuerza de trabajo hacia su devaluación.
Esa situación hace para el capitalista un obstáculo para sus intereses, en consecuencia está obligado a buscar la manera de eliminar las trabas para seguir acumulando capital. Así que la salida que está empleando el gobierno de Sarkozy contempla dos requisitos: incrementar el plusvalor absoluto mediante la extensión de la jornada laboral y estirar hasta su máximo posible el tiempo que el trabajador debe servir al capitalista para ser explotado. En este segundo caso, que es el que más nos interesa ahora por ser el motivo directo de las protestas en Francia, se trata de incrementar en dos años la edad mínimo para el retiro. Esto, además de reducir el derecho de los trabajadores a optar por concluir sus últimos años con salud y de la manera que mejor les plazca, también reduce las obligaciones de los capitalistas al hacer que paguen menos por cuotas patronales para el fondo de jubilación, además incrementa el plazo para que los fondos de pensión permanezcan en manos de las compañías financieras que los manejan (lo que incrementa la exposición de dichos fondos a los riesgos de quiebra).
La idea del UMP de una política responsable es que dado el incremento en Francia de la esperanza de vida al nacer, 77.4 años para los hombres y 84.3 años en las mujeres, es que estén obligados a trabajar más tiempo, porque más de 40 años de vida productiva les parece poco. Eso sumado al reducido crecimiento demográfico, la mayor parte de la población francesa se concentra en el segmento de edades que va de los 35 a los 65 años. Es decir, la que estaría en condiciones de jubilarse en los próximos 15 años. Hasta aquí los argumentos de Sarkozy y del UMP parecerían válidos y justos. Pero vale la pena darle una segunda mirada a la demografía francesa. Por una parte, mientras en el crecimiento demográfico permanece estable en el segmento de 0 a 35 años, es decir cada uno de esos siete quinquenios tiene alrededor de 800,000 habitantes, en cambio la población mayor a los 65 años cae dramáticamente, sobretodo en el caso de los hombres. Eso sugiere que hay un problema serio con respecto a la demografía francesa. En primera instancia puede intentarse la explicación de las secuelas de la II Guerra Mundial, pues la población mayor a 65 años es la que nació o durante el conflicto o bien antes de éste. Sin embargo, no es la única explicación factible. Resulta que en la Francia actual la esperanza de vida supera en más de 20 años la edad mínima para aspirar al retiro (60), pero la calidad de vida no va mucho más lejos. Según datos del propio INSEE medidos hasta 2008 la esperanza de vida con buena salud, o sea sin enfermedades crónicas ni discapacidades, apenas alcanza los 63.1 años para los hombres y los 64.2 las mujeres. En otras palabras, de aprobarse el proyecto de reforma de Nicolás Sarkozy los trabajadores franceses no podrían disfrutar de una jubilación saludable por más de dos años.
Como se verá hay varias razones por las cuáles es preciso evitar que la propuesta de reforma a las pensiones sea aprobada en Francia. Al menos las dos principales son: en primer lugar se trata de reducir la tasa de explotación, no solamente a través de mecanismos directos como un mejor salario, sino también mediante mecanismos indirectos como obligar al capitalista a cargar con la mayor parte de las cuotas para pensiones y otros mecanismos de seguridad social, además de obligarle a pagar mayores impuestos.
En segunda instancia se trata de garantizar el derecho de los trabajadores a gozar de una jubilación digna después de una vida de trabajo. Cuidado, el derecho al retiro a partir de los 60 años no es algo que deba ejercerse automáticamente, sino que debe estar ahí para el trabajador que decida o deba hacerlo efectivo. Un trabajador requiere tener la opción entre seguir laborando o tener la oportunidad de dedicar su vida a cosas distintas (productivas o no), para lo cuál requiere de las mejores condiciones de vida posible. El desgaste es inevitable, sobretodo tras 30 ó 40 años de actividad, por lo tanto el propio trabajador debe tener la posibilidad de gozar de su retiro libre de enfermedades crónicas o discapacidades. Lo que también incluye tener los medios de vida suficientes: una pensión solvente.
Finalmente, es cierto que deben hacerse reformas a los regimenes de retiro, tanto en Francia como en el resto del mundo, pero no bajo los parámetros que está proponiendo el capital monopólico, incluido el UMP, sino partiendo de los criterios expresados arriba. La reducción de la explotación y el derecho del trabajador a optar por una jubilación. Así lo más justo para definir el punto en el cuál eso es posible para la mayoría de los casos implica recurrir a la racionalidad científica. No todas las formas de trabajo tienen el mismo nivel de riesgo, por ello es que la edad de jubilación no debe ser la misma para todos los tipos de trabajo sino que debe estar ajustada a las condiciones específicas.
3. Pour la vie (de l’ouvrier)
Sin duda que las jornadas de huelga, tanto la del 7 como la del 23 de septiembre, son completamente diferentes a las primeras manifestaciones que enfrentó el actual presidente francés. Aquéllas del otoño de 2007 estuvieron encabezadas por los sindicatos de la aviación y por los jóvenes universitarios. Lamentablemente no consiguieron afianzarse con la sociedad francesa. Ello repercutió para que los partidos no les diesen un respaldo más decidido.
En cambio, durante este año las jornadas de protesta se ha conseguido que las masas se apropien de las calles en las ciudades francesas. Marchas, patos, mítines, huelgas, volanteos y demás acciones han sido retomadas por el pueblo para protestas en contra de las reformas de Sarkozy. Tan solo durante la jornada más reciente, la del jueves 23, se calcula la participación de unos tres millones de trabajadores. Las movilizaciones encabezadas por la mayor central obrera francesa, la Confédération Générale du Travail (CGT) han venido creciendo de manera consistente; pese a la forma en que han sido minimizadas por el gobierno de Sarkozy.
Ha sido tal la fortaleza desplegada por el movimiento obrero que hasta los principales partidos con representación ante la Asamblea Nacional francesa, el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista Francés (PCF) se han sumado a ellas. En ambos casos el apoyo no se ha reducido a sumarse a las convocatorias para la realización de las huelgas generales del 7 y 23 de septiembre, sino que le han exigido a Sarkozy que retire su propuesta del parlamento. En el caso del PS dice comprometerse a trabajar una nueva propuesta balanceada entre las pensiones que garanticen el nivel de vida de los trabajadores y la solidaridad entre ellos, pero que al mismo tiempo permita incrementar la productividad de las empresas en Francia. En cambio, el comunicado del 23 de septiembre de Pierre Laurent, Secretario General del PCF, llama a sostener las movilizaciones en contra de la propuesta oficialista y a construir otra reforma pero que garantice el derecho de los trabajadores a jubilarse a los 60 años y vivir con dignidad sus años de retiro.
Independientemente del resultado que obtengan, aún el gobierno francés no ha dado muestras de disposición a negociar, las movilizaciones obrero-populares de Francia han sido las más importantes de Europa en el último año, lo cuál no es poco. Precisamente, ya en Reyertas 81: La crisis griega adelantábamos que conforme las protestas alcanzaran a las naciones centrales de la eurozona, los efectos serían más relevantes. A su vez, los movimientos franceses han crecido de manera acelerada desde aquellas protestas de migrantes y estudiantes de comienzos de 2007. La experiencia política que han adquirido ha sido fundamental. Lo peor que podría hacer Sarkozy es insistir neciamente en su intento. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!
El pasado 31 de agosto el presidente de los Estados Unidos decretó, por fin, el final de la invasión comenzada en marzo de 2003 a Irak. Aunque permanecerán como “asesores” de seguridad entre 35,000 a 50,000 elementos militares. Sin contar el gran ejército de contratistas (207,600) que participa en la reconstrucción de la nación mesopotámica. El gobierno de Nuri-al-Maliki, impuesto por el imperialismo estadounidense, queda así solo frente sus detractores, una insurgencia beligerante y una nación dividida por conflictos religiosos.
Aunque formalmente el hecho representa la concreción de la orden girada por la Casa Blanca el 27 de febrero de 2009. En sí se trataba de cumplir una de las promesas de campaña de Barack Obama. Mas no debe olvidarse que la medida también tiene un sesgo electoral, pues a principios de noviembre habrá elecciones legislativas en EE.UU. La golpeada popularidad tanto del presidente como de su partido, el Demócrata, representa un riesgo a la mayoría que hasta ahora han tenido. Para Obama es indispensable explotar este tipo de situaciones en las cuáles se cumple con promesas electorales para rescatar algo de la popularidad perdida antes que el conservadurismo del Partido Republicano se adueñe del derecho de veto al presidente. De ahí que en su mensaje del 31 de agosto, en que anunciaba el cumplimiento del repliegue militar, Obama haya dicho que la “nueva misión central” es la de reconstruir la economía estadounidense.
Más allá de las declaraciones, el retiro tiene implicaciones más profundas tanto para los estadounidenses como para la clase trabajadora mundial. Es una obligación de todo revolucionario esforzarse por comprender el fenómeno en toda su complejidad. Dado lo anterior, aquí intentaré establecer algunos elementos que enriquezcan el entendimiento.
1. La otra guerra de los siete años
Independientemente de su origen, los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un punto de inflexión de la política exterior estadounidense. Antes de ellos, el apoyo que el imperialismo estadounidense le daba a sus naciones aliadas que enfrentaban terrorismo en sus territorios, como en el caso de Israel y España. Sin embargo, su involucramiento nunca fue directo. De hecho en el caso palestino-israelí los gobiernos estadounidenses se presentaron continuamente como mediadores. Internamente, EE.UU. ya había enfrentado pequeñas células terroristas impulsadas por el cristianismo extremista y el neoluddismo, recuérdense los casos de Timothy McVeigh y Ted Kaczynski Unabomber.
Después de aquél 11 de septiembre, EE.UU. se convirtió en una nación agresiva en el combate al terrorismo. Con ese pretexto el imperialismo lanzó la invasión a Afganistán el 7 de octubre de 2001 con el respaldo y participación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En realidad esa política militarista llegó en un momento adecuado para el imperialismo. Por una parte, sirvió para legitimar a un gobierno neoconservador (practicante del pragmatismo postulado por Leo Strauss) que había llegado al poder en medio de fuertes sospechas de fraude electoral. Por la otra, sirvió como válvula de salida para la crisis económica que azotó a los EE.UU. y al mundo en ese 2001.
Envalentonado con el éxito obtenido en Afganistán, el gobierno de George W. Bush se atrevió a impulsar, en 2002, una nueva invasión bélica multilateral. Con la finalidad de convencer al mundo de actuar en defensa de sus intereses, el imperialismo yanqui, manipuló los informes de inteligencia sobre el armamento iraquí. La sobreestimación de tal arsenal no tuvo las repercusiones deseadas pues Rusia, Francia y China se opusieron en el Consejo de Seguridad de la ONU a que se lanzase una ofensiva contra el Irak de Sadam Hussein. En su obcecación por conseguir que el mundo diese su venía a la empresa intervencionista, George W. Bush llegó al extremo de hacer personal la cruzada contra Hussein cuando en septiembre de 2002 señaló que el presidente iraquí había sido “el tipo que intentó matar a mi papá”. Esto en clara alusión al atentado descubierto por la CIA en abril de 1993 en Kuwait que pretendía aprovechar la visita del ya expresidentes estadounidense para detonar un coche-bomba al paso del cortejo de Bush padre.
La camarilla comandada por Bush jr. consiguió el apoyo de Gran Bretaña y España, con lo cual la invasión comenzó el 20 de marzo de 2003. Originalmente el plan era conseguir una rápida victoria militar en Irak que culminase con la destitución de Sadam Hussein y su partido Baaz. Después de seis semanas, el 1 de mayo, el propio presidente de los EE.UU., George W. Bush, declaró el final de la guerra. Sin embargo, a partir de ese momento la guerra civil en contra de las fuerzas invasoras se endureció.
Desde entonces, la estrategia estadounidense se concentró en explotar las diferencias étnicas que había fomentado durante años. Al final de la Operación Tormenta del Desierto de 1991, el entonces presidente de los EE.UU., George Bush (padre) comprendió que era importante mantener al frente del gobierno iraquí a un Sadam Hussein debilitado política y militarmente. En cambio, durante la presidencia de Bill Clinton en 1996 la estrategia respecto a Irak cambió radicalmente. La propia Secretaria de Estado, Madeleine Albraight, asentó la necesidad de derrocar a Hussein bajo el argumento de proteger a la minoría kurda que estaba siendo perseguida. Para octubre de 1998 el propio Clinton firmó la Iraq Liberation Act, una ley que autorizaba que el propio gobierno estadounidense financiase a las siete principales organizaciones partidarias iraquíes de oposición.
Así, la intensa defensa popular fue contrarrestada con la segregación de la sociedad iraquí. Los insurgentes conformaron un bando que defendía los principios del laicismo postulados por el partido Baaz. De otro lado estaban las fuerzas sunnitas encabezadas por las milicias kurdas y que eran la médula espinal del ejército organizado por el imperialismo estadounidense. En un tercer bando se encontraban las milicias chiítas, cuyo apoyo principal provenía de Irán. Entre otros analistas, Alfredo Jalife-Rahme, sostiene que en algún momento la intención de las fuerzas de ocupación era tener la posibilidad de resolver el la guerra con la balcanización de Irak. Tal propuesta que tiene algunos elementos objetivos que la hacen plausible habría creado tres Estados del actual Irak.
Sin embargo, la suma de factores entre la resistencia iraquí, las protestas tanto en el mundo como en Estados Unidos y el cambio derrumbe electoral de los republicanos en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2008, fueron factores que permitieron redefinir nuevamente la política sobre la invasión.
2. Petróleo iraquí
Uno de los grandes dolores de cabeza del imperialismo estadounidense fue la revolución iraní de 1979. Para los EE.UU. el declive petrolero comenzado desde comienzos de esa década habían convertido al Medio Oriente en una región estratégica por sus grandes reservas petroleras. Durante años, junto al imperialismo británico, los gobiernos estadounidenses apoyaron al Sha Mohammad Reza Pahlevi. Cuando éste fue derrocado por la revolución chiíta encabezada por el Ayatolá Ruhollah Jomeini (descendiente de Mahoma), los acercamientos con occidente fueron cortados de tajo. Eso preocupó al imperialismo dado que el capital monopolista de las principales empresas petroleras británicas y estadounidenses tenía intereses en Irán. Con la intención de derrotar a la revolución iraní, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) comenzó darle todo su apoyo al gobierno iraquí de Sadam Hussein, quién desde 1980 le declaró la guerra a Irán. Unos años después el asunto derivó en el escándalo de corrupción Irán-Contra. En el que se comprobó que EE.UU. entregó armamento, financiamiento y capacitación tanto a milicias iraquíes como a opositores al gobierno sandinista en Nicaragua. Como parte de ese suceso quedó revelado que una política de los organismos de inteligencia estadounidenses es la de fomentar el narcotráfico. En aquella oportunidad las sospechas se centraron en la relación entre la CIA con los cárteles encabezados por Pablo Escobar en Colombia y Amado Carrillo Fuentes en México.
En medio de todo el embrollo, Hussein aprovechó el respaldo y dinero estadounidense para desarrollar la industria petrolera iraquí. Para 1980 las reservas probadas de petróleo en Irak alcanzaban los 30,000 millones de barriles. Diez años después, en 1990 habían llegado a los 100,000 millones, solamente debajo de las reservas petroleras de Arabia Saudita.
La doble motivación estadounidense, los nexos con la CIA y su importancia petrolera, hicieron creer a Hussein que su régimen estaba lo suficientemente fortalecido para intentar la invasión de Kuwait. Así en 1990 el ejército iraquí se apoderó del pequeño emirato vecino, pero el cálculo fue inexacto pues los intereses de las petroleras estaban respaldados por el propio presidente estadounidense, George Bush (quién además de haber sido director de la CIA durante la presidencia de Gerald Ford) provenía de una familia ligada a los intereses de las petroleras. Al verse afectadas por la invasión iraquí, las compañías solicitaron la intervención del imperialismo, el cuál ni tardo ni perezoso comenzó la guerra en enero de 1991. Tal suceso quebró el respaldo que tenía Hussein. A partir de entonces las relaciones entre EE.UU. e Irak se enfocaron en el intento del primero por socavar las fuerzas del otro.
Durante toda la década de 1990 el presidente iraquí fue el villano favorito de los estadounidenses. Aunque su gobierno consiguió mantener cierta estabilidad, pese al acoso de los organismos militares y financieros internacionales, gracias a sus ingresos petroleros.
Para 2001 la crisis económica evidenció la urgencia de los EE.UU. por controlar las fuentes de energéticos. Por ello, tras los atentados del 11 de septiembre y la subsecuente guerra contra Afganistán, los EE.UU. decidieron poner en la mira a su adversario más desafiante en la península arábiga: Irak.
La hegemonía estadounidense requería de seguir incrementando su déficit comercial. Lo cuál le exigía ampliar su oferta monetaria. Todo ello con el afán de apropiarse de la producción de otros mercados, para lo que sería clave el petróleo, e incrementar la circulación de mercancías en su mercado interno.
Durante los años de ocupación, los EE.UU. introdujeron a sus compañías petroleras, principalmente a Halliburton (vinculada al ex vicepresidente Dick Cheney). No obstante, al irse abriendo el espacio, debido a la presión internacional, las compañías petroleras estadounidenses tuvieron que ceder ante otras.
3. La boca del pez
El anuncio de George W. Bush del 1 de mayo de 2003 sobre el triunfo militar no fue más que un espejismo. El control que se pretendía tener sobre el territorio iraquí estaba muy lejos de ser cierto. Por años se intentó crear la imagen de progresiva pacificación. Primero se abrió un proceso de elecciones democráticas, después se convocó a la elaboración de una Constitución y finalmente se pretendió la instalación de ese gobierno legalizado. La idea era convencer tanto a los iraquíes como al resto del mundo de la bondad que había sido le intervención armada del imperialismo.
Sin embargo, las operaciones armadas continuaron. Las guerrillas urbanas y rurales que buscaban expulsar a los invasores no cejaron en sus intentos. El intento por balcanizar a Irak tampoco cuajó. En cambio, las noticias sobre la continuidad de la guerra, las ofensivas de la resistencia y los excesos de las fuerzas de ocupación contra la población civil iraquí pronto se fueron extendiendo por el mundo. Pronto, a Irak se le comenzó a comparar, con insistencia creciente, con Vietnam (1964-1975). Para 2008 la invasión a Irak se había vuelto impopular en los EE.UU. Entre los soldados que regresaban muertos o gravemente afectados y el desprecio internacional, la discusión sobre el retiro de tropas se fue haciendo cada vez más general. La situación fue bien sensibilizada por el candidato Obama. Aunque ya como presidente se encontró con las presiones del capital monopolista y el de las fuerzas armadas que pretendían mantener y reforzar la invasión.
Sin embargo, los resultados insatisfactorios que el gobierno de Obama ha rendido al enfrentar la crisis económica, le han obligado a buscar otros medios para mantener legitimidad. Así, la desocupación que ahora se anuncia es producto de esas presiones a las que está sometido el presidente estadounidense.
4. Después de la tormenta
La multilateralidad implícita en el asunto iraquí posibilita tener a la mano una gran cantidad de materiales indispensables para comprender muchos otros asuntos. Uno de ellos es, sin duda, que se ha iniciado una tendencia hacia las confrontaciones entre imperialismos. El que dos imperialismos tan connotados como el alemán y el francés se hayan opuesto a los planes beligerantes de EE.UU. es un elemento que apunta en esa dirección. Lo cuál quedó reforzado por la negativa de dos aspirantes a imperialismos, China y Rusia.
En segundo lugar, quedó exhibido el progresivo debilitamiento que está padeciendo la hegemonía estadounidense. No solamente fue incapaz de imponer sus demandas en 2003 sino que hasta fue incapaz de hacer valer una supremacía armamentista enorme. En lugar de arrasar a la famélica resistencia iraquí, la prolongada guerra terminó por erosionar la credibilidad político-militar de los estadounidenses. A ello es preciso sumar la incapacidad para garantizarle a sus monopolios protegidos el control sobre las reservas petroleras iraquíes. En el reparto del botín al imperialismo estadounidense no le quedó más remedio que compartir los campos petroleros con la británica British Petroleum (BP), la francesa Total y la anglo-holandesa Royal Dutch Shell. Además, la ley petrolera de 2007 no consiguió avances espectaculares en la desnacionalización de la industria, la Compañía Nacional de Petróleo de Irak (INOC, por sus siglas en inglés) sigue siendo la más importante. Pues, a pesar de haberse reducido su control a solamente 17 de los 80 campos existentes, el resto de las actividades de la industria petrolera siguen siendo controladas por la INOC.
En tercer lugar, el retiro de las fuerzas de ocupación en Irak deja en relativo estado de aislamiento a Israel, un Estado aliado incondicional del imperialismo yanqui que pese a su poderío económico, financiero, político y militar no ha conseguido doblegar a sus vecinos ni exterminar al pueblo palestino.
En cuarto lugar, el control político sobre Medio Oriente ha quedado más abierto que nunca. Los problemas económico-financieros del imperialismo estadounidense le impiden recomponer su dominio sobre esa región. Sin embargo, ninguna de las naciones competidoras o en ciernes de serlo (como China o Rusia) posee de un plan que les permita introducirse en la región. Así, la trascendencia energética del Medio Oriente mantiene su potencial como generadora de conflictos entre potencias.
Finalmente, los conflictos internos de Irak que habían sido controlados por Saddam Hussein apenas se manifestaron durante la ocupación estadounidense. Sin embargo, entre la falta de mecanismos de concertación entre grupos étnicos, y los intereses vecinos que bien podrían atizar las rencillas internas, no sería extraño que al igual que la África postcolonial, Irak entrase en un proceso de balcanización que incluiría guerras civiles. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡NECESARIO ES VENCER!
El video publicado por la British Broadcasting Corporation (BBC) en su página de Internet el pasado 5 de septiembre, ocasionó gran sorpresa a escala internacional. Hace tiempo que Euzkadi Ta Azkatazuna (ETA) no realiza acciones armadas, tampoco había dado muestras de acercamiento con el gobierno español. En poco más de un minuto la organización independentista vasca anunció que dará pasos para tomar la vía democrática hacia un País Vasco y socialista.
Video de la BBC con el comunicado de ETA, versión de texto completa aquí
Tan desprevenido estaba el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que no consiguió articular una verdadera respuesta. Aunque no faltó la objeción de siempre. Apenas conocido el anuncio el ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, apuntó que lo ETA estaba “muy lejos” de los “mínimos democráticos necesarios” En términos iguales se pronunciaron otras autoridades: tanto el lehendakari, Patxi López, como la representante regional del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal.
Más importante que la recepción dada al anuncio por los políticos profesionales, lo verdaderamente importante es comprender el significado de tal mensaje en el contexto tanto de una España golpeada por la recesión como del País Vasco que mantiene su lucha por la independencia.
La España que muere
Hace un par de meses me referí al contexto económico de la España actual (véase Reyertas 97: Hacia la huelga española). En aquella oportunidad ya exponía que el milagro español no es más que un mito. La apariencia de sólido crecimiento se la ha dado la fuerte intervención de capital monopolista europeo que ha forzado la integración de la Unión Europea. La recesión (2008-2010) exhibió la gran fragilidad española.
Es decir, la unificación de la economía europea ha desarrollado prematuramente el entramado financiero español, pero sin el firme sustento del desarrollo pleno de las fuerzas productivas. Convirtiendo a España en la triple víctima de los intereses imperialistas tanto alemanes como británicos y estadounidenses. Las consecuencias sociales de la política económica española saltan a la vista: un drama de tal envergadura como la derrota de la Armada Invencible en el Canal de la Mancha en 1588. España padece un nivel de desempleo, principalmente entre los jóvenes, superior al resto de las naciones de la zona euro.
Si la población española que carece de un trabajo supera el 30% de la Población Económicamente Activa (PEA). Esa cifra se reduce a la mitad en dos de las regiones más productivas de España: Cataluña, la primera, y País Vasco, la quinta. Esto sugiere que uno de los principales motivos por los cuáles el reino español es tan reacio a aceptar la independencia de ambos territorios es el económico.
Estatutos autonómicos
La Constitución española de 1978 reconoció el derecho de sus provincias a ejercer su propio gobierno. Fue un gran avance con respecto a lo ocurrido durante la dictadura franquista, que enarbolaba el lema “España una, grande y libre”. El objetivo de las Cortes Constituyentes era atenuar el nacionalismo vasco y catalán que se habían fortalecido con la dictadura. El éxito de tal medida fue relativo, pues si bien se consiguió que los principales partidos participantes en la elaboración de la Constitución de 1978 la aprobasen, las pequeñas organizaciones partidarias regionales no solamente la rechazaron sino que han ido impulsando movimientos de Liberación Nacional.
Los motivos para oponerse a lo estipulado en la legislación democrática son diversos, pero se pueden resumir en dos elementos. Por un lado, los alcances constitucionales de los regímenes autonómicos derivados de la Constitución de 1978 son menores a los que obtuvieron durante la II República (1931-1939) tanto Cataluña (1932) como el País Vasco (1936).
Con todo, los regímenes autonómicos no se han mantenido inamovibles. Sobre todo durante los gobiernos del Partido Obrero Socialista Español (PSOE) se han conseguido algunos avances. El ejemplo más reciente ocurrió en 2006 cuando se aprobó el nuevo estatuto autonómico de Cataluña, en el cuál ya hay elementos más claros de un autogobierno catalán. Sin embargo no se puede decir que tales avances se han debido a la “buena voluntad” de los socialistas. Más bien los gobiernos del PSOE han empleado el problema de la autonomía como una ficha de negociación para premiar o castigar a los nacionalismos.
El autogobierno de Cataluña tiene mucho de logro propio de los catalanes, pero tiene también mucho que agradecerle a la radicalidad euskera. Por su parte, a Euskal Herria (denominación en euskera que comprende a toda la Vasconia: País Vasco, Navarra e Iparralde) le ha sido negada sistemáticamente la posibilidad de un autogobierno. Ni siquiera el edulcorado Plan Ibarretxe ha tenido suerte en el parlamento español.
El segundo elemento por el cuál los partidos nacionalistas rechazaron la Constitución de 1978 fue porque en ella se estableció que para conseguir el estatuto autonómico se necesitaba o que la propuesta fuese elaborada por el parlamento regional y aprobado por las Cortes Generales, lo que en la práctica le concede derecho de veto a esta última. Como comenté líneas arriba ese derecho fácilmente pudiese ser empleado como premio o castigo. El propio Plan Ibarretxe es demostración del uso de ese derecho de veto en forma lesiva a los intereses vascos. Curiosamente, el estatuto catalán es más radical que el proyecto presentado por el lehendakari en 2005.
País Vasco y Libertad
Sin lugar a dudas la organización en pro de la independencia vasca que más fama ha cobrado a lo largo de más de medio siglo de existencia es Euskadi Ta Azkatazuna que en español significa País Vasco y Libertad. ETA se fundó en 1958, en medio de la dictadura franquista, con miembros que provenían de Ekin (acometida) y de las Juventudes del Partido Nacionalista Vasco (PNV). Ambas agrupaciones tenían conflictos ideológicos muy serios con el PNV, ilegalizado durante la dictadura, por lo que se decidió conformar una nueva organización clandestina más consecuente con la lucha del pueblo vasco por su independencia.
Tres años después, 18 de julio de 1961, ETA comenzó a emplear la acción directa como forma de lucha contra el franquismo. En aquella ocasión se trató de un atentado en contra de un tres de voluntarios franquistas que se dirigían a una ceremonia, en la localidad de San Sebastián, por la conmemoración del inicio de la Guerra Civil. Al año siguiente en Belloc, Francia, se realizó su primera asamblea general. El resultado de ésta demuestra que en los primeros años la facción dominante era la nacionalista vasca. Fue hasta mediados de la década de 1960 que ETA se acercó al socialismo.
Durante los años restantes de la dictadura, la organización clandestina vasca tuvo la simpatía de muchas otras facciones que también permanecían ilegalizadas por el franquismo. Incluso a escala internacional. De hecho, ni el exitoso atentado del 20 de diciembre de 1973 contra el almirante, y presidente del gobierno español, Luis Carrero Blanco (Operación Ogro), quién era el sucesor designado por el propio “generalísimo” ante la proximidad de su muerte, no fue un suceso que le restase simpatías a los etakideak (integrantes de ETA, no etarras o etistas como mal refieren los medios de comunicación masiva).
Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar tras la muerte, en 1975, del dictador Francisco Franco. La reforma democratizadora estaba en vías de concretarse con la convocatoria a conformar las Cortes Constituyentes en 1977. Al igual que otras agrupaciones regionales, ETA se negó a reconocer el documento constitucional de 1978, debido a las consideraciones expresadas líneas arriba. En cambio, continuó con su política de acción directa en contra del Estado español.
Poco a poco eso le restó simpatías. Para 1982, cuando el PSOE subió al gobierno de España en la persona de Felipe González (1982-1996) la persecución en contra de ETA se hizo cada vez más patente. De manera subrepticia, durante los años del gobierno socialista, se conformaron los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que fueron cuerpos paramilitares que so pretexto de combatir al terrorismo, cometieron una serie de abusos y violaciones a los Derechos Humanos cuyas repercusiones aún persisten en Euskal Herria. Pese a los escándalos de corrupción derivados de la acción de las GAL, financiadas por el gobierno socialista, las consecuencias no tocaron a la élite encabezada por Felipe González. Las condenas se redujeron a unos cuantos involucrados por los casos Marey y Amedo, ambos acciones muy específicas que no tocaban a la red política que estaba tras las GAL. Por el contrario, el gobierno del franquista Partido Popular (PP) de José María Aznar (1996-2004) se encargó de fomentar la impunidad del gobierno de González sobre esa guerra sucia.
En esos términos, los gobiernos “democráticos” se han encargado de utilizar el pretexto de combatir el terrorismo vasco para castigar severamente a esa comunidad. Según información proporcionada por la revista Contralínea en su edición 196 del 22 de agosto de 2010, nada más desde 2003 han sido condenados por abusos de autoridad contra jóvenes vascos unos 335 funcionarios de policía. Sin contar los numerosos casos en que las causas se desestiman de manera arbitraria. Tampoco la representación política les es libremente permitida a los independentistas vascos, desde la ilegalización de Batasuna (a la cuál se le consideró el “brazo político de ETA”) en 2002, no se ha permitido la formación de partidos políticos con la bandera de la independencia. En cambio, se ha premiado el colaboracionismo del arcaico Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Atochados
Tras el final de la guerra fría, mantener la hegemonía estadounidense exigía enfocar el armamentismo en un nuevo objetivo militar. Las luchas asimétricas libradas tanto por agrupaciones de liberación nacional como por las revolucionarias se convirtieron en el blanco ideal; éstas fueron igualadas bajo el tamiz del término terrorismo. Desde los años 1990 Medio Oriente, con el conflicto árabe-israelí, América Latina con las guerrillas y España con el “separatismo” vasco se convirtieron en las caras más visibles del nuevo flagelo para la soberanía imperialista. Sin embargo, fue hasta después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York que el discurso antiterrorismo tuvo un verdadero auge internacional.
En España, los años transcurridos desde la transición democrática fueron tiempos en que ETA perdió una gran parte del respaldo social que tuvo durante la dictadura, en que el rechazo al terrorismo se masificó. La asimilación del discurso antiterrorismo promovido por las clases dominantes tuvo su mayor reforzador con los atentados contra el sistema de trenes de Madrid el 11 de marzo de 2004 en las cercanías de la concurrida estación de Atocha.
En una primera instancia el gobierno populista de José María Aznar intentó responsabilizar a ETA de los atentados, pero pronto quedó claro que se trataba de un acto organizado por un comando yihadista, las Brigadas de Abu Hafs Al Masri, vinculado directamente a Al Qaeda. El motivo no era otro que el castigar al gobierno español por haberse involucrado directamente en la invasión contra Irak en 2003.
La sensibilidad del pueblo español quedó muy agitada en contra del terrorismo tras los atentados referidos. Ello derivó en dos situaciones completamente distintas con respecto a la política del gobierno del PP durante ocho años. Por un lado, la respuesta socarrona de Aznar ante los atentados en Atocha fue el empujoncito para el triunfo electoral del PSOE el 14 de marzo de 2004, con ello el ascenso al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por el otro, la misma ETA comprendió que ante las condiciones de la sociedad española debía adoptar una postura de diálogo, lo que hizo para marzo de 2006, dos años después de los atentados. No obstante, la falta de seriedad del gobierno español y la falta de habilidad de la organización independentista para ganarse la simpatía de la mayoría de las clases subsumidas fueron factores que terminaron por descarrillar los acuerdos de Loyola. Así, para mediados de 2007 ETA volvió a las armas. Tanto por parte de los partidarios de la causa vasca como la reacción española quedaron fortalecidos. La intransigencia de la derecha encabezada por el PP es la posición dominante en la opinión hispana.
ETA-Izquierda Abertzale
La situación actual de ETA, incluyendo la tregua unilateral anunciada, es la demostración de cuán equivoco es utilizar el centralismo democrático a ultranza. Es preciso reconocer que salvo la organización vasca, las FARC (en Colombia) y algunas guerrillas de corte maoísta en Asia, esta forma de organización revolucionaria no es empleada en manera seria y consecuente en el resto del mundo. Resulta penoso ver las parodias de centralismo democrático que los partidos “marxistas” de apodos ideológicos variopintos desarrollan. Por ello no es posible tomar a esas organizaciones como demostración de nada. En cambio, una organización revolucionaria seria como ETA, cuya capacidad insurgente ha sido evidente por más de medio siglo, si es un referente del que es posible extraer enseñanzas trascendentes.
Por principio de cuentas, queda claro que bajo condiciones de un desarrollo amplio de la democracia burguesa los mecanismos de una organización revolucionaria basada en el centralismo democrático son más un lastre que un beneficio para el avance de la lucha obrera y la estimulación de una conciencia de clase. En cambio, bajo condiciones de un gobierno burgués autoritario, el centralismo democrático no solamente fue la forma organizativa que le permitió a ETA subsistir, sino prácticamente era la única capaz de garantizar la existencia de una opción revolucionaria y de forjar un proletariado para sí.
En el propio mensaje de cese al fuego la organización pro-vasca dejó esbozada cierta simpatía por crear una organización revolucionaria más horizontal que vertical. Éste es un punto fundamental, pues para aprovechar el espacio ideológico que se abre en un sistema político tan laxo como la democracia burguesa, dónde todo está organizado para que los principios de las clases subalternas se diluyan en la multitud de opiniones. Aunque por su puesto que un asunto es dejar los procesos organizativos verticales para momentos en que sean más útiles, y otra cosa completamente distinta es incurrir en el error de la ultrademocracia. Es preciso tener conciencia que el exceso de horizontalidad en las organizaciones revolucionarias, bajo condiciones de democracia burguesa, también conducen a neutralizar cualquier intento transformador de la sociedad.
En segundo punto, la insistencia retórica sobre lo políticamente correcto no debe ser adoptada sin crítica por los trabajadores. Descalificar formas de lucha en abstracto resulta un error grave. La condena a priori de los métodos es tan peligrosa como el desfase entre medios y objetivos. Las organizaciones políticas son entes cuya existencia resulta independiente de nuestra conciencia, por tanto no serán como las queremos. A ETA se vale y se le debe criticar severamente, pero antes habría que valorar si su lucha es consecuente con las necesidades del proletariado.
La tregua quizá no amaine la persecución que el gobierno español ha desatado, al menos en lo inmediato, contra ETA. Pero sí es posible que le abra nuevos caminos de lucha a la izquierda abertzale. Ni España ni Francia reconocerán, en lo inmediato, la independencia euskera, pero al menos se abrieren a vías para remasificar la causa, no solo en territorio vasco sino como demanda de la clase trabajadora a escala mundial. ¡Gora Euskal Herria Askatuta! ¡Gora Euskal Herria Sozialista!
Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡Necesario es vencer!
Los percances ocurridos en torno al IV Informe de Felipe Calderón resultan ridículos a más de uno. Aún en caso que se compartiese la idea del absurdo político, no por ello deja de ser necesario esforzar por comprender la situación: hasta éste tiene una razón. El lugar común que los medios de comunicación oficialistas han estado explotando es la banalización de la situación, reduciéndola a caprichos de los congresistas. Esto cumple una función: alejar a la gente del fondo del asunto y, por tanto, evitar que la reflexión conduzca hacia mayores niveles de concientización política.
La complicada situación mexicana es resultado directo de las turbiedades alrededor del ascenso de Felipillo I, el espurio, a la presidencia. La sospechosa elección, sumada a la velada amenaza militar desplegada desde la media noche del 1 de septiembre de 2006 (la cuál permitió realizar el protocolo de la toma de protesta presidencial) y al respaldo pasivo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) son los factores que determinan la ilegitimidad del calderonato. Dicho golpe de Estado sigue teniendo consecuencias a casi cuatro años de consumado. La política belicista en contra del narcotráfico se ha vuelto el programa de gobierno del sexenio. Por ella la degradación moral de la sociedad se extiende cada vez más. La hostilidad militar hacia la población civil, la estrategia burda de combate a los cárteles y la forma desigual para atacar a las organizaciones delictivas han rendido frutos. Por un lado, un ambiente violento que limita la disposición social a la protesta. Por otro, se justifica la aplicación de medidas de gobierno que reconstruyen al autoritarismo.
No obstante los avances de Felipillo I, el teólogo, para fabricarse una base para sustentar su permanencia en el gobierno han tenido sus costos. El más importante de ellos es la recomposición del PRI como garante de los intereses de la burguesía. Hecho que quedó reafirmado con el triunfo priista en las elecciones de 2009. El rompimiento propiciado por el calderonato, mediante la difusión del acuerdo entre el PAN y el PRI para la aprobación del presupuesto 2010, dio el pretexto para que el priismo endureciese sus posiciones a tal grado que ahora representa la oposición más sólida contra el panismo.
Actualmente, dadas las traiciones que se han hecho a sí mismos los perredistas y el raquitismo del PT o Convergencia, resulta que el único partido electoral capaz de ser oposición es el PRI. Lo cuál por ningún motivo es una esperanza para la clase trabajadora; en más de una ocasión ese partido ha sido el más fiel servidor del capital monopolista.
La confrontación en la Cámara de Diputados para conformar la Mesa Directiva del segundo año de sesiones de la LXI Legislatura no se reduce a un capricho priista. Se trata de exhibir su fortaleza política. Finalmente los panistas están obligados a negociar con ellos para cumplir la voluntad de su patrón, el presidente, y el PRD es un partido muerto cuya sepultura ha quedado pospuesta por lo manipulables que son los chuchos ante el calderonato.
1. Discurso triunfalista
El triunfo popular que representó en 2006 la inasistencia de Vicente Fox a perorar su último informe presidencial quedó incompleto al no crearse una nueva forma de comparecencia del poder ejecutivo ante la nación. De esa manera, el día del presidente solamente quedó ajustado a los “nuevos tiempos” pero sin cambiar de fondo. El cuarto informe de Felipillo I, el breve, fue la mejor demostración de la vigencia del culto presidencialista.
El discurso que Felipillo I, el espurio, leyó en el patio principal de Palacio Nacional frente a un ato de cortesanos, fue una arenga que hizo gala de la demagogia que ha caracterizado al presidencialismo. Aprovechando los festejos patrios Calderón hizo uso y abuso de algunos pasajes históricos. Redujo la Independencia a la lucha de unos cuantos personajes, la Reforma a la Batalla del 5 de mayo (omitiendo el triunfo del Estado laico) y la Revolución no fue más que la pugna contra el Porfiriato. Ese hipócrita fervor nacionalista fue mezclado con una serie de cifras que, casualmente, siempre son las más grandes o las más altas o la primera vez en la historia de México. Las únicas deficiencias del país referido por Felipillo I, el teólogo, tienen su origen en la prehistoria nacional (antes de 2006). Las secuelas del autoritarismo, el subdesarrollo económico y la delincuencia organizada.
Sin duda un discurso autocomplaciente en que Felipillo I, el breve, es el gran prócer nacional. Su andanada demagógica no tiene desperdicio, inclusive describió un panorama apocalíptico para dar a entender a los mexicanos que solamente hay de dos sopas: o se aprueban sus propuestas o desaparecerá el país.
Aunque es justo decir que los discursos que tres días después ofrecieron los siete partidos políticos con representación parlamentaria no fueron mejores. Oscilaron entre la apología presidencial y la crítica visceral. No se trató de discutir un programa político o un proyecto de nación, sino de acaparar la atención de las clientelas para la siguiente elección.
2. Terca realidad
El discurso autoelogioso tiene su clímax en lo que el presidente considera sus grandes logros: combate a la pobreza, superación de la crisis mundial, guerra contra el crimen organizado y protección del medio ambiente. Alguien que esté medianamente enterado de la situación de cada uno de esos rubros sabe lo falso panorama idílico que, según Calderón, nos ha construido a todos los mexicanos con su arduo trabajo. Para esclarecer el mensaje ofrecido el 2 de septiembre por Felipillo I, el espurio, van algunas acotaciones sobre la economía, la política y la seguridad.
Economía
Resulta un insulto a la razón lo que Calderón presume como logros en el combate a la pobreza. Comenzando por la cobertura del programa Oportunidades superior al de los mexicanos por debajo de la línea de pobreza extrema. Conseguida por la expansión del programa hacia las ciudades. Una política que realmente estuviese enfocada a eliminar la pobreza no se centra en los magros subsidios, dónde quedó el libre mercado. En el mejor de los casos, con el Oportunidades, una familia de cinco integrantes percibiría hasta $2,900 al mes. Es decir, $19 diarios por persona. Lo suficiente para aparentar en el mundo la supresión de la pobreza extrema (ingresos menores a un dólar al día) en México.
Tener acceso a un poco de dinero no garantiza tener lo necesario para sobrevivir. Menos salir de la miseria. Se requiere que tener mercancías disponibles para intercambiar y la única manera de tenerlas es producirlas. En varias regiones del país la adquisición de los insumos básico se encarece muy por encima de los ingresos de cada hogar. El que se entreguen recursos asistencialmente a las mujeres no garantiza el uso racional de éstos, pues factores externos como, el transporte difícil o los acaparadores también disipan el voluntarismo de los programas de combate a la pobreza. Mientras el país carezca de un proyecto integral para desarrollar las fuerzas productivas de un mercado interno, cualquier apertura al mercado mundial está condenada a profundizar la situación del país como una neocolonia del imperialismo estadounidense. Algo tan sencillo que hasta un presidente en funciones debería comprender.
El calderonato es repelente a cualquier frase que contenga la mínima brizna de crítica. Consecuentemente al hablarse del fracaso económico lo que a Felipillo I, el espurio, le gusta revirar es la fabulosa creación de empleos en su gobierno. Para demostrar sus grandes éxitos se recurre a cifras que, en el mejor de los casos, resultan sospechosas. Según el mensaje presidencial hasta el 31 de agosto, durante lo que va de 2010, se habían creado más de 630,000 empleos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ofrece al público los datos hasta julio recién transcurrido, en estos se constata la generación de poco más de 500 mil trabajos. Curiosamente la tasa de desempleo sigue estando por encima del 5% de la Población Económicamente Activa (PEA), 5.7% en julio.
Sin contar que la inflación neutraliza los magros incrementos salariales.
Los esfuerzos por convencer a los mexicanos del afortunado gobierno que tienen, incluyen una serie de cifras alegres para demostrar el éxito de las reformas calderonistas para echar a andar la economía mediante la apertura de nuevas empresas. Tanto la inversión estatal en infraestructura como la disponibilidad crediticia para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) se financian con los ingresos impositivos obtenidos gracias al arduo trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Labores que incluyen tanto la ampliación del padrón de contribuyentes fiscales como la creación del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), que en realidad es un caballo de Troya para finiquitar al Impuesto Sobre la Renta (ISR). A éste se le han hecho reformas en los sexenios neoliberales que limitan su carácter progresivo. Una reforma fiscal útil al país se enfocaría en incrementar la tasa de este último para las grandes empresas, mientras se eliminan los mecanismos de exención.
También se presume que la política energética cumple con el doble propósito de combatir el cambio climático y acelerar el desarrollo económico. La construcción de más centrales de generación eléctrica suele ser un despilfarro puesto que mediante la legislación secundaria se privatiza al sistema eléctrico. El esquema de generación independiente, además de fomentar amenazas ecológicas como la que pende sobre el estado de Tabasco, también ocasiona una defraudación al erario nacional: parte de la infraestructura creada queda sin ser utilizada.
La liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) tampoco es el remedio publicitado. Porque las pérdidas que la empresa reportaba, y que fueron el argumento para eliminarla, fueron producto de una política de sabotaje. A LFC no se le permitió expandir su capacidad de generación, en contraste se le forzó a vender la energía por debajo del precio al que se le obligaba a adquirirla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esto imposibilitó financiar la modernización de la infraestructura. En realidad los trabajadores de LFC hacían milagros para que la red eléctrica no colapsase. En los casi once meses posteriores a la liquidación, quedó demostrado que el personal subcontratado por CFE para atender la demanda en el centro del país carece de la capacitación y experiencia fundamentales para operar un sistema tan antiguo. Los propios ahorros que se harían con la desaparición de LFC son una falacia, al igual que los 50,000 millones que ahora se emplearían en el programa Oportunidades. La razón es sencilla. En lo inmediato el costo de la liquidación implica un gran desembolso. Suponiendo que Felipillo I, el teólogo, dijese la verdad, dos años y medio de salario para cada electricista implica que cada uno de los aproximadamente 25,000 liquidados recibió $195,000. Ello haría un total superior a los $4,875 millones. Reduciendo en 10% los ahorros publicitados. Encima de ello la modernización del sistema eléctrico en el centro del país implica renovar toda la infraestructura de distribución y comercialización, aún haciéndose mediante subcontrataciones (práctica violatoria del derecho laboral pero fomentada por los panistas) implicará inversiones muy superiores a los $50,000 millones que se supone perdía LFC.
Para acabar de vanagloriarse en su discurso, Calderón lanzó una clara amenaza a la soberanía nacional: su gobierno trabaja en “modernizar” la industria petrolera. Es claro que la reforma de 2008 aunque fue un avance importante para los librecambistas, no los dejó satisfechos. En lugar de poner en marcha aspectos importantes para el desarrollo de la industria petrolera, como la construcción de la nueva refinería en Tula (siguen sin iniciarse las obras), se fomenta la malversación de los recursos petroleros a través de la confiscación fiscal y el desvío de fondos a través de PMI (véase Nancy Flores, “PEMEX: legal, la privatización del erario” en Contralínea, 5 de septiembre de 2010, p. 30-36.) Recursos que además de beneficiar a transnacionales petroleras también han servido para inflar las reservas internacionales presumidas por Calderón, según él alcanzan ya los US$106,000 millones. La intención del calderonato es obvia: sabotear a PEMEX para justificar la apertura a las transnacionales. El problema es que eso traería la perdida de la soberanía energética.
En síntesis, el modelo económico solamente ha servido para echar a andar programas económicos de alta publicidad y baja efectividad. Eso ha generado una importante masa susceptible de ser asimilada por el narcotráfico.
Violencia social
Los operativos policiaco-militares en contra de la delincuencia organizada no han conseguido más que colocar como rehenes a los civiles. Se justifica con el falso argumento del arrinconamiento de los cárteles y su violenta respuesta. Para convencer a los mexicanos de lo justo que resulta la muerte de casi 30,000 personas en cuatro años, el gobierno ha sobredimensionado los tres golpes dados en el año reciente a los cárteles: el asesinato de Beltrán Leyva, el de Ignacio Coronel y la detención de Edgar Valdez. Por si fuese poco, en su mensaje del 2 de septiembre, Felipillo I, el breve, busca corresponsabilizar al pueblo mexicano en su guerra, la cuál extiende hacia todo el crimen y no solamente al narcotráfico como afirmó desde el principio de su mandato.
Por su parte, no se necesita ser vidente para preveer que la guerra de Calderón no es para erradicar al narcotráfico ni al crimen, sino para depurar a los beneficiarios de aquél. La intervención directa de los Estados Unidos en Colombia y Afganistán con el objetivo de erradicar la producción de drogas en esas naciones, ha resultado infructuosa si se evalúa ese criterio. Pero ha sido éxitosa si se busca a los que ahora se benefician de esa rama productiva. En el caso de Afganistán es mucho más evidente que el capital monopolista estadounidense es quién ahora fomenta la producción y controla la distribución en la nación que más opio produce.
Con toda esa violencia fomentada desde el mismo gobierno, también se consigue el objetivo de obstaculizar que las clases subsumidas ejerzan su derecho de protesta, e incluso a cambiar de gobierno. Mientras las instituciones para el pueblo están siendo erosionadas para protegerse en contra del pueblo.
Política
El decreto mediante el cuál se adelanta el denominado apagón analógico es un ejemplo clarísimo de la política del calderonato para favorecer los intereses del capital monopolista, al tiempo que se generan clientelas electorales. Las condiciones que se proponen solamente favorecerían a las compañías que ya controlan las telecomunicaciones. Esto tiene la finalidad de congraciar al PAN con esa facción de los capitalistas. Mientras tanto, el programa sugerido para cambiar los receptores analógicos por digitales, tiene la clara intención de garantizar un elemento para encausar el voto en las elecciones presidenciales de 2012 a favor del partido en el gobierno federal.
Con todo, hoy más que nunca el PAN es percibido como el seguro derrotado en el 2012. La suposición no es sin sustento ya que el PRI está capitalizando el descontento social contra el gobierno y el sabotaje que los chuchos le han hecho a las izquierdas, incluyendo la sepultura del PRD. Las izquierdas más populares están creciendo, pero desarticuladamente y la figura del “peje” las polariza entre el rechazo y la devoción. Ni la muerte ni la derrota son opciones: ¡Necesario es vencer!
En el año en que se festeja el bicentenario del inicio de la guerra de independencia mexicana, que no el bicentenario de México, los ejercicios ideológicos abundan con exceso. En algunos casos se pretende una reflexión seria sobre el significado que tuvo la independencia así como los resultados que ha tenido. También han proliferado los anecdotarios que satisfacen la curiosidad de los eruditos o aspirantes a ello y las trivializaciones más groseras del movimiento insurgente (como aquella de sacar a orear los huesos de los próceres y exhibirlos como si fuesen trofeos deportivos).
No es que anteriormente este tipo de actividades estuviesen ausentes de la historiografía de la independencia mexicana. Por el contrario, tanto la independencia como toda la historia del país están plagadas de ejercicios de ese tipo. La diferencia es que el pretexto del bicentenario los ha multiplicado. Obviamente dejando mejores ganancias para aquellos vivales que aprovechan para hacer negocio con el tema de moda.
Pese a la supuesta influencia del materialismo histórico en México a mediados del siglo XX, lo cierto es que en realidad ni el conjunto del desarrollo patrio ni menos el movimiento de independencia han tenido una explicación científica, se omite el análisis de clase. A lo que se reducen los supuestos estudios marxistas y estructuralistas sobre el tema es a emplear una jerigonza radicaloide, que en realidad está mal empleada y vacía toda clase de contenidos a los conceptos. Muestra de ello son los trabajos que se han publicado en la historiografía mexicana. Incluso trabajos tan completos como la Historia General de México, editada por el Colegio de México, carecen de una interpretación materialista. En realidad eso es una verdadera pena, dado que técnicamente muchos de los historiadores en México están bien capacitados técnicamente. Ya a mediados del siglo XIX intelectuales de la talla del conservador Lucas Alamán o del liberal José María Luis Mora habían recopilado una masa documental importante. A tal grado que cada uno tuvo elementos suficientes para justificar sus posiciones políticas.
Comprender el desarrollo de la lucha de clases en México implica desplegar un trabajo de comprensión con base en una perspectiva materialista. Incluyendo el proceso de la independencia. No es la finalidad del presente texto presentar una versión acabada que explique el período de formación nacional. Por el contrario, se trata de abrir una discusión seria que permita construir una explicación materialista del devenir histórico de México, y en particular, de su independencia. Por supuesto que habrá especialistas más versados en los pormenores del período histórico que sean capaces de profundizar más una explicación materialista que, por ese carácter científico, le sea útil a la clase obrera para avanzar en la formación de niveles superiores de consciencia. En oposición a la versión inocua que se ofrece al pueblo desde las instituciones del gobierno.
Por cierto, sobre la concepción que los capitalistas, y en especial sus administradores panistas, difunden a toda hora en todos los medios a su alcance. La banalización del movimiento insurgente refleja las ideas antisociales que emanan la ideología humanista de Acción Nacional. En primer lugar los festejos del supuesto bicentenario de México, que en este año apenas cumpla 189 años de constituido, todos los festejos se centran exclusivamente en la guerra de Independencia. La Revolución de 1910, aunque se menciona su centenario, en realidad ha sido prácticamente excluida de los festejos que organiza la comisión de festejos que organizó la Secretaría de Gobernación y que tiene al frente a José Manuel Villalpando un intelectual del establishment con una larga colección de títulos nobiliarios modernos (académicos), pero cuyo trabajo como profesional de la historia deja mucho que desear. Tampoco se hace la menor referencia a momentos clave como la disputa entre liberales y conservadores por implantar un modelo de nación diametralmente opuesto, disputa que permitió la invasión estadounidense de 1847 y la francesa de 1862-1867. Además, en el discurso oficial del bicentenario la causa es reducida a los personajes sobresalientes, a la vez que estos son igualados hasta el punto en que las diferencias de objetivos desaparecen misteriosamente. Así, se crea la ficción de un Morelos hermanado con un Iturbide por la causa independentista. Una Leona Vicario sin diferencia alguna con Gertrudis Bocanegra.
En cierto sentido tienen razón aquellos que critican la organización de los festejos de los centenarios al decir que justamente este gobierno no tiene ganas de celebrar. No las tiene ni las puede tener porque la ideología con que se ha ido forjando al país tiene dos características completamente contrarias al ser de los panistas: 1) el carácter progresista de los liberalismo triunfante tras las guerras de Reforma y la Revolución Mexicana, y 2) el papel activo (revolucionario) del pueblo en los grandes cambios del país. Aplanar la historia nacional de manera que el pueblo mexicano la olvide sería el gran logro tanto de los panistas como demás neoliberales. Así le sería mucho más sencillo imponer su programa neocolonial de gobierno.
La única alternativa que los trabajadores tenemos para rescatar el proyecto revolucionario de nación. Abriendo al mismo tiempo la posibilidad de conseguir una revolución socialista implica hacer el esfuerzo por generar explicaciones más precisas, científicas; para expandir la conciencia de clase. Ojalá que las presentes notas sean de utilidad para comenzar a construir esa explicación materialista.
Tiempos de Revoluciones Burguesas
Parte de la desactivación de la historia como herramienta cognitiva revolucionaria es el procedimiento de abstraer los hechos. De tal manera se genera la apariencia que cada proceso histórico es absolutamente independiente de otros. El enfoque que se la ha dado en el discurso oficialista a la guerra de Independencia incurre en ese defecto. Cuando más se reconoce como una simple coincidencia que en la misma ocurrieron las guerras de independencia de otras naciones de América Latina como la de Argentina.
Sin embargo es preciso subrayar que la gesta mexicana se inscribió en una etapa de la historia mundial plagada de transformaciones revolucionarias. Por principio de cuentas hay que recordar que las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX fueron tiempos de consolidación de la acumulación originaria del capital. La expansión internacional del mercado inglés, que fue posibilitada por la invención de la máquina de vapor la cual dio pie a la Revolución Industrial, estimuló la codicia de la burguesía mundial. En diversas partes del mundo, al mismo tiempo, rápidamente se desarrollo la contradicción entre la añeja estructura precapitalista y la necesidad de los capitalistas por consolidar un mercado interno, para lo cuál les urgía transformar toda la articulación del Estado. Así fueron posibles procesos tales como la Independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa (véase Memoria Proletaria 12: El revolucionario julio), así mismo las independencias de América Latina (ver Memoria Proletaria 2: Plebe independentista).
En Inglaterra el proceso revolucionario, la Revolución Incruenta fue algo menos violento gracias a que la burguesía había conseguido infiltrar espontáneamente al Parlamento. Sumado a la fragilidad que para entonces ya demostraban tanto la aristocracia nobiliaria como la monarquía. En cambio, en el resto del mundo las luchas revolucionarias tuvieron un gran componente de violencia debido a las resistencias de una clase hegemónica mucho más consolidada y vigorosa.
La Francia de la dinastía Bourbon tenía fuertemente centralizado el control político en el monarca. Mientras la nobleza y el alto clero vivían en una situación de gran privilegio con respecto al resto de la sociedad francesa. Esto contribuyó a que los intentos de la burguesía por desprenderse de los controles políticos que mermaban su capacidad para la libre cumulación de capital requiriesen de una mayor violencia. Algo similar había ocurrido un poco antes durante el movimiento de independencia de las 13 colonias (Estados Unidos) y también sucedió posteriormente en el caso de las colonias que la Europa latinizada mantenía en América.
En todos los casos anteriores el carácter revolucionario no solamente estuvo definido por la bancarrota de las estructuras económicas precapitalistas ni por el colapso de los Estados absolutistas. A esos dos factores es preciso agregar la vitalidad que le infundió a las masas el pensamiento de la Ilustración, el cuál sirvió como teoría revolucionaria.
No se debe olvidar en ningún momento que el resultado de las transformaciones sociales acaecidas en esta época fue la consolidación de los mercados internos de las principales potencias decimonónicas: Francia y Gran Bretaña. Lo que además del esfuerzo por redireccionar las fuerzas productivas nacionales en función de la propiedad privada capitalista: de la integración del mercado, también exigió una mayor actividad comercial con el mercado mundial. Lo que incrementó las posibilidades de hacer fortunas fáciles y rápidas en las demás naciones, lo que terminó propagando las insurrecciones revolucionarias en el mundo.
La vieja España
Si en el siglo XVII la hegemonía española sobre el mundo había sido sepultada con la Guerra de los 30 años y la subsecuente firma de la Paz de Westfalia, el advenimiento del siglo XIX significó el sepulcro definitivo del Imperio Español. El inmenso poderío que durante el siglo XVI erigieron Carlos I (1516-1556) y Felipe II (1556-1598) fue debilitándose con el paso de los siglos hasta que la invasión de Napoleón a España en 1808 le dio la estocada final.
El fallecimiento sin descendencia del rey de España, Carlos II de Habsburgo (mejor conocido como El Hechizado), en 1700 abrió el camino para el ascenso de la dinastía Borbón, emparentada con la realeza francesa, al trono español. El cuarto rey de este linaje, Carlos III (1759-1788), realizó una serie de reformas que pretendían, al igual que en Francia, implementar el despotismo ilustrado. Es decir, una monarquía absolutista pero que basaba su control ideológico en los principios de la filosofía iluminista del siglo XVIII. Dichas reformas fueron conocidas posteriormente como Reformas Borbónicas. El objetivo que se perseguía era impulsar el desarrollo económico del imperio pero centralizando los beneficios en la corona, y concentrar más el poder político en la figura del rey. Sin duda que tales postulados estaban en el camino de modernizar al imperio español. Sin embargo, a la muerte de Carlos III heredó la corona imperial su hijo Carlos IV (1788-1808), quién al enterarse de la Revolución Francesa se atemorizó del pensamiento ilustrado e intentó dar un viraje hacia un gobierno absolutista más conservador.
Carlos III, rey de España de la dinastía Borbón
En términos económicos el resultado fue una nueva época de bonanza en las colonias americanas que servía para financiar a España. Aunque también generó una escalada de la corrupción de los funcionarios reales. Pese a todo, esas condiciones permitieron la conformación de una reducida clase burguesa que, para colmo se caracterizó por ser bastante timorata. Del lado opuesto, los grandes perjudicados fueron los criollos y los comerciantes extranjeros cuyas concesiones fueron revocadas.
En medio de esas condiciones contradictorias de descomposición política y social frente a cierta recomposición económica, es que el imperio español arribó al siglo XIX. La decadencia era patente. Militarmente España ya ni siquiera era la sombra de aquella Armada Invencible de la época de Felipe II, lo que se hizo evidente en la derrota que sufrieron, junto a los franceses, a manos de la marina inglesa en la batalla de Trafalgar en 1805. Era solamente cuestión de tiempo para que la Francia bonapartista se anexase el reino de España.
Castas: organización social en quiebra
La ideología medieval mediante la cuál Carlos I erigió su enorme imperio intercontinental se basó en dos puntales: la superioridad tanto de la pureza de sangre y la del cristianismo católico. Esos elementos habían conseguido unificar a los pueblos españoles para conseguir la expulsión de los moros hacia finales del siglo XV. Por lo que no era extraño que el rey Habsburgo explotase esas ideas para expandir sus dominios y administrar los territorios del nuevo mundo. La promesa real de entregar en recompensa grandes extensiones de terreno con todo y sus recursos, además de la servidumbre para explotarla, fueron incentivo más que suficiente para atraer la codicia de muchos europeos, principalmente blancos de los diversos pueblos españoles aunque no exclusivamente, hacia América. Esa medida semi-feudal tuvo su contraparte en el sometimiento por la fuerza de los pueblos indígenas a regímenes de servidumbre y la reducción a la esclavitud de seres humanos arrancados de su natal África.
Esta jerarquización social práctica produjo que más tarde el mismo mestizaje estuviese sujeto al predominio con base en el origen étnico. Por cierto determinismo geográfico los blancos nacidos en América, criollos, eran concebidos por la corona como inferiores a los originarios de Europa; aunque eso sí, muy superiores al resto de las castas. De ahí en fuera, los mestizos, mulatos, zambos, cambujos, moriscos, albinos, castizos, salta atrás, no te entiendo, tente en el aire, lobos, coyotes y demás; eran relegados socialmente conforme más impura era su cuna.
Cuadro de Castas en la Nueva España
La jerarquización racial pronto tuvo estrecha relación con la estratificación en clases. Muy frecuentemente clase y casta fueron un mismo fenómeno. A tal grado que para muchos historiadores han pasado por alto que conforme la evolución internacional de la economía hacia el capitalismo, aunado a la subsecuente imposibilidad para identificar con precisión la casta de muchos individuos dada la multiplicación de éstas, la correlación casta-clase dejó de operar.
A lo largo del siglo XVIII novohispano, se fue consolidando la burguesía rentista que ya mencioné líneas arriba. La mayor parte de sus integrantes fueron criollos cuya heredad provenía de sus padres peninsulares. Sin embargo, aunque toda esa burguesía era de origen criollo, ni remotamente se puede pensar que todos los criollos fuesen rentistas. Paralelamente se fue conformando una pequeña burguesía entre los profesionistas, actividades que no estaban exclusivamente restringidas a los españoles, también fue ejercida por mestizos como en el caso de José María Morelos y Pavón. Por su parte los gremios artesanales tampoco estaban ceñidos, en la práctica, como actividad exclusiva de una casta, sino que formaban una clase social independientemente de su origen étnico. La corrupción fue otro elemento que desdibujó las ordenanzas administrativas dadas por la corona española sobre las castas.
La contradicción entre la realidad económica y social contra los postulados jurídicos fue otro de los elementos que contribuyó a limitar el desarrollo de las colonias, especialmente de la Nueva España. La concentración del poder político en manos de los realistas peninsulares fue un obstáculo que impidió a los propietarios de las grandes haciendas y minas la posibilidad de incrementar su comercio libremente con Inglaterra y Francia. Al mismo tiempo, la propiedad de la Iglesia sobre una gran cantidad de terrenos, limitaron la capacidad de desarrollar una actividad agropecuaria más sólida. Estos dos factores hicieron escaso e ineficiente la generación e inversión de capitales.
Para los historiadores seguir solamente el camino de la legislación colonial representa incurrir en el mismo error cometido por las autoridades novohispanas.
Nación criolla
La creciente brecha que en la práctica se generó entre las clases sociales y el concepto de castas derivó en una ideología concreta: la identidad criolla. En su ensayo de 1992, Del gachupín al criollo. O de cómo los españoles de México dejaron de serlo, la doctora Solange Alberro argumentó en términos bastante claros la manera en que se fue dando la adaptación práctica de los españoles a las sociedades conquistadas. La exposición cotidiana fue permeando las costumbres traídas desde España. El tiempo de permanencia en la Nueva España, sobretodo a través de las sucesivas generaciones, fue un factor para que esos españoles asumiesen nuevos comportamientos ajustados a la sociedad en que se desarrollaron. Al nacer y hacer su vida en la Nueva España los criollos eran los más claramente expuestos a reproducir e incluso ampliar esas nuevas prácticas.
Otro elemento clave para colocar a los criollos como un segmento decisivo dentro de la sociedad novohispana, pese a ser una minoría en ella, al mismo tiempo que estaba limitada por las ordenanzas imperiales sobre las castas; fue el poder económico que acumularon a lo largo de las décadas. No se olvide que los europeos que llegaron a América para hacer fortuna se apropiaron de diversas tierras. Pero al permanecer durante el resto de sus días usufructuando sus propiedades novohispanas, tenían que hacer su vida en la colonia lo que comúnmente implicaba integrar su propia familia. Los hijos nacidos en América eventualmente heredaron las tierras de sus padres y con ello los medios de vida. La situación privilegiada de esos criollos les facilitó el acceso a un desarrollo cultural-profesional de tipo europeo. Pero, en contraste con esas condiciones ventajosas, la corona los restringió políticamente, lo cuál fue un grave error.
En resumen, los criollos quedaron relegados a un segundo plano social muy alejado de la aristocracia proveniente de Europa. Aunque también muy por encima de la miseria de las masas populares. Limitar las posibilidades de crecimiento personal en términos político-sociales no significó extinguir las aspiraciones de grandeza de muchos criollos. Ante esa relativa marginación de los blancos nacidos en América, éstos tuvieron una reacción muy fuerte: la estructuración de una ideología propia. Ésta fue una combinación de los anhelos de ascenso social y del rescate de ciertos aspectos provenientes de la elite indígena precolombina. Una ideología híbrida que sirvió para distinguir a los criollos de los peninsulares.
Esas formas de pensamiento pronto se fueron infiltrando en el resto de las castas subordinadas de la sociedad novohispana. Así, tanto para bien como para mal esa mezcolanza creada por los europeos nacidos en América es la que forjó la base de la identidad mexicana como pueblo. El culto a la virgen de Guadalupe (traída por el mismo Hernán Cortés y fusionada por los criollos con el culto a la diosa Tonantzin) como patrona de los mexicanos en oposición, el nostálgico encumbramiento del pasado indígena en contraste con el desprecio a los pueblos indígenas contemporáneos, el estilo barroco del habla cotidiano de los mexicanos, e incluso el desarrollo de buena parte de la alta cultura mexicana fueron características creadas por estos criollos novohispanos.
Conspiraciones y guerras criollas
Al retrotraerse a la situación imperante en la España de los primeros años del siglo XIX, nos encontramos con una nación en franca descomposición. El pensamiento absolutista con que pretendían gobernar los Borbón era incompatible con el contexto mundial. El temor a que el fervor revolucionario francés se contagiase al pueblo español condujo a Carlos IV a someterse al imperio Napoleónico como su aliado. Pero en medio de la lucha entre las grandes potencias imperiales: Inglaterra y Francia, quedó exhibida en todo su esplendor la gran debilidad del imperio español. El rey cometió dos grandes errores frente a Napoleón. Primero aceptó las presiones de éste para restituir a Manuel Godoy como Primer Ministro de España y la falta de reformas para modernizar la economía, pues el soberano temía excitar los ánimos revolucionarios del pueblo, tal como había ocurrido en Francia unos años antes.
Godoy firmó, a nombre de Carlos IV, con el emperador francés los Tratados de Fontainebleau en octubre de 1807 para la invasión conjunta de Portugal. Las continuas guerras en que participó España a finales del siglo XVIII e inicios del XIX terminaron por agotar el tesoro real, lo que derivó en una depresión económica española. Ese par de eventos complicó la situación del rey pues unas cuantas semanas después de la firma de los tratados el hijo de Carlos IV, Fernando VII, encabezó la Conjura de El Escorial, pero fue descubierta y el propio Fernando terminó delatando a sus partidarios.
La situación se agravó con el ingreso del ejército francés a tierras españolas so pretexto de estar de paso rumbo a Portugal. El pueblo estaba cada vez más inconforme con Carlos IV, lo que nuevamente intentó aprovechar Fernando VII y sus partidarios. En marzo los fernandistas encabezaron el Motín de Aranjuez. Así como resultado del levantamiento, el 19 de marzo rey abdicó la corona española a favor de su hijo. Además, durante este suceso Manuel Godoy, odiado por el pueblo, fue destituido y encarcelado.
Todo esto ocurría en España mientras Napoleón Bonaparte avanzaba por ese reino con su ejército rumbo a Portugal. Así que decidió aprovechar la situación para apoderarse del reino español. Obligó a las partes en disputa, Carlos IV y Fernando VII, a reunirse con él en Bayona, Francia. El resultado de esas entrevistas, entre abril y mayo de 1808, fue que el emperador francés obligó a los dos contendientes españoles a abdicar a favor del propio Napoleón, quién cedió la corona de España a su hermano mayor, José Bonaparte.
Mientras en Bayona los Borbón ofrecían un espectáculo ridículo al emperador francés, al tiempo que éste se complacía en humillarles reiteradamente, en Madrid el pueblo español se sublevó contra los franceses el 2 de mayo. Las protestas iniciales habían sido aplacadas por el general Joachim Murat, pero las insurrecciones populares continuaron. Ese mismo día, horas después de la represión militar, se firmó el Bando de los alcaldes de Móstoles o Bando de Independencia que dio comienzo a seis años de guerra en la península ibérica por liberar a España del yugo francés.
Francisco de Goya, "Con razón o sin ella", Los desastres de la guerra, 1812-1815. Serie de grabados en torno a la independencia española
Poco a poco se fueron conformando las Juntas de Gobierno en varias ciudades españolas, e incluso en las americanas (como la convocada por Francisco Primo de Verdad en la Ciudad de México). El objetivo era que a través de estos organismos provisionales se resguardase la soberanía española al concentrar las funciones legislativas y ejecutivas. Para septiembre de aquel 1808 las Juntas Locales conformaron la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino como órgano de gobierno de los independentistas españoles. Más tarde, en 1810 dicha Junta dio origen al Consejo de Regencia de España e Indias y posteriormente a las Cortes de Cádiz de dónde surgió la Constitución de 1812.
Para formalizar su reinado español el bonapartismo promulgó una Constitución para la península ibérica basada en la Carta Magna francesa, el Estatuto de Bayona que fue promulgado el 8 de julio de 1808. Pese a ser un documento que sustentaba los principios de la Ilustración, ni el reinado de Pepe Botella (apodo que los españoles le dieron a José Bonaparte) ni la pepa (como se denominaban al Estatuto) fueron suficientes para allegarse el apoyo ni de las clases populares ni de la mayoría de los ilustrados. Más allá del reducido grupo de afrancesados la oposición a la monarquía bonapartista fue abrumadora en España. Era evidente que los métodos napoleónicos estaban en contradicción con el discurso de la revolución francesa.
La guerra de independencia española fue un elementó que obligó a los súbditos de la corona hispana a desarrollar nuevas ideas sobre el tipo de nación que requerían. En las colonias americanas los criollos descubrieron que era el momento para conseguir que el reino les concediese la autonomía para ejercer un gobierno más eficiente. Sin embargo, el predominio de peninsulares partidarios de un realismo sumamente conservador en los puestos de gobierno en las colonias hizo imposible que se concretasen reformas para modernizar la administración de los territorios ultramarinos. Tal negativa aceleró las contradicciones entre criollos y peninsulares. Así para 1809-1810 en todos los virreinatos de la América española estallaron movimientos armados que degeneraron en auténticas guerras por la independencia.
La Nueva España no fue la excepción. Si bien desde el siglo XVI en la Nueva España habían acontecido levantamientos populares que se proponían conseguir la independencia, como el de los negros cimarrones de Veracruz encabezados por Gaspar Yanga entre 1570-1609 o el de los indígenas mayas de la península de Yucatán dirigidos por Jacinto Canek en 1761 o la Rebelión de los machetes en 1799 en que mestizos y mulatos comandados por Pedro Portilla intentaron derrocar al virrey; lo cierto es que en ninguno de los alzamientos previos a 1808 tuvieron participación los criollos.
Las noticias sobre la invasión francesa llegaron a la Nueva España en junio. Dos meses después los síndicos del Ayuntamiento de la Ciudad de México, Francisco Primo de Verdad y Juan Francisco Azcárate (ambos criollos), basados en el principio ilustrado de la soberanía popular, propusieron la conformación de la Junta de México. El rechazo de los peninsulares a tal propuesta estuvo encabezada por el inquisidor Bernardo Prado y Obejero. Pocos días después el virrey José de Iturrigaray se negó a adherir al Virreinato a las Juntas de Sevilla y Oviedo, lo cuál fue interpretado como un respaldo a la propuesta de Primo de Verdad, al tiempo que se le achacaron intenciones separatistas.
Eso degeneró en el golpe de Estado que la noche del 15 de septiembre encabezaron los peninsulares bajo las órdenes del hacendado Gabriel de Yermo, contando con la bendición del arzobispo de México Francisco Xavier de Lizana y Beaumont. El resultado fue la destitución de Iturrigaray, así como la aprehensión de Primo de Verdad, Azcárate y el fraile Melchor de Talamantes. Al día siguiente, 16 de septiembre, tomó posesión como nuevo Virrey el militar octogenario Pedro de Garibay.
Pese al triunfo del conservadurismo peninsular la idea de conformar una Junta soberanista que ejerciese el gobierno en nombre de Fernando VII permaneció latente. En 1809, un grupo de criollos tanto del ejército como del clero formaron la Conjura de Valladolid. Las reuniones ser realizaban en la casa de José María García Obeso, vecino de la ciudad de Valladolid (hoy Morelia). A las reuniones asistían personajes de la talla de José Mariano Michelena, José María Izazaga, Manuel Villalongín, José Nicolás Michelena y Luis Correa. Sin embargo, estos conspiradores fueron descubiertos en diciembre. Se les arrestó, aunque durante el proceso judicial posterior se les terminó liberando a causa de la intervención del, ya para entonces, Virrey Lizana y Beaumont.
Michelena y García Obeso habían entrado en contacto con militares del Regimiento de Dragones de la Reina de San Miguel el Grande, entre ellos se encontraban los capitanes Ignacio Allende y Mariano Abasolo. Al ser descubierta la Conjura de Valladolid estos dos militares tomaron la iniciativa de organizar una nueva conspiración. A ésta pronto se unió el Corregidor de la ciudad de Querétaro, Miguel Domínguez. Una de las diferencia con las tentativas anteriores es que la de 1810 no solamente estaba constituida por militares y clérigos, sino que fue un grupo mucho más heterogéneo, aunque no dejaban de ser criollos.
La Conspiración de Querétaro fue encabezada, originalmente, por el capitán Ignacio Allende y el industrial Ignacio Aldama. También participaron en ésta, el ya mencionado Miguel Domínguez, Josefa Ortiz (esposa del anterior), Miguel Hidalgo (cura del pueblo de Dolores), Juan Aldama (militar hermano de Ignacio), Mariano Abasolo y Mariano Jiménez (ambos militares).
Como es bien sabido también esta conspiración fue descubierta gracias a la delación que hicieron José Mariano Galván y Joaquín Arias. Las autoridades virreinales presionaron al Corregidor para detener a los hermanos González (Epigmenio y Emeterio) comerciantes que participaban en la Conspiración y tenían armas almacenadas en sus casas. La denuncia intimidó al señor Domínguez, pero no a doña Josefa Ortiz quién, pese al intento de su marido por contenerla, consiguió dar aviso a Juan Aldama a través de Ignacio Pérez (alcalde de Querétaro). Unas horas después de recibir la noticia de la delación, Aldama informó al resto de los implicados, incluyendo a Miguel Hidalgo. Los conspiradores se reunieron de manera urgente en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Su decisión fue la de adelantar todos sus planes de insurrección. Hasta ese momento la idea era generar un levantamiento armado para diciembre de ese año en San Juan de los Lagos, Jalisco. Pero ante las circunstancias decidieron convocar al pueblo a tomar las armas en esa misma madrugada.
De esa manera, Miguel Hidalgo llamó a la gente al alzamiento (Grito de Dolores) a la voz de: “¡Viva Fernando VII!, ¡Viva América!, ¡Viva la religión y muera el mal gobierno!”, según lo relatado por el propio Juan Aldama. A partir de ese momento, las características de la insurrección cambiaron diametralmente. Desde 1808 los intentos realizados por introducir cambios políticos en la Nueva España se habían sido desplegados en su totalidad por criollos tanto de la aristocracia como de las incipientes burguesía y pequeña burguesía. Por el contrario, la convocatoria de Dolores fue seguida por integrantes de las clases populares.
El ejército insurgente era una milicia conformada fundamentalmente por campesinos, mineros, artesanos y un reducido número de soldados; de aquí que estuviese pésimamente armado, además de mal entrenado. En cambio, la dirección era netamente de criollos ilustrados, aunque muy mal capacitados para ejercer una dirección político-militar del movimiento. Esa combinación explica porqué al avanzar el ejército insurgente por las poblaciones del Bajío guanajuatense (Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao) iba creciendo el temor de las clases acomodadas como resultado de los saqueos y rapiña que la turba realizaba al tomar esas poblaciones. Pero nada se comparó con los acontecimientos posteriores a la toma de Guanajuato, el 28 de septiembre. Cuando el enardecimiento de las clases subsumidas se tradujo en una violencia arrasadora. En ese episodio el intendente Juan Antonio de Riaño fue víctima de las armas insurgentes junto a toda la aristocracia guanajuatense que se refugió en la Alhóndiga de Granaditas.
El terror que los saqueos populares generaron entre los ilustrados, otrora partidarios del levantamiento, quedó retratado por dos testigos directos (vecinos de Guanajuato) que posteriormente destacaron como los más brillantes intelectuales mexicanos del siglo XIX; el conservador Lucas Alamán y el liberal José María Luis Mora. Ambos quedaron horrorizados por la violencia ejercida por el pueblo, lo que los llevó a oponerse a cualquier cosa que condujese a una revolución.
Asalto a la Alhóndiga de Granaditas, grabado de Enrique Olavarría
Pero más allá de reducir la explicación de la situación a un simple acto de salvajismo cometido por las masas, es preciso reconocer que toda forma de odio generado tanto en los individuos como en las sociedades es, en última instancia, un sentimiento generado por las condiciones en que se desenvuelven las clases sociales. Conforme la opresión hacia las clases subsumidas se hace más intolerable a tal grado que la insatisfacción de cada individuo se generaliza. En otras palabras, se universaliza la ausencia de satisfactores personales. Como consecuencia, al repetirse la misma situación en un conjunto amplio, se convierte en una necesidad el hacer justicia por propia mano. Comprender este tipo de necesidades sociales no es algo sencillo ni siquiera en nuestros días, debido a la densa carga moral y la imposibilidad para diferenciar el pensamiento idealista de una concepción científica de los fenómenos sociales. Mucho menos era fácil entender esto en un contexto en que el peso de la moralidad cristiana era mucho más abrumador.
Independientemente de la falta de fuentes fidedignas que nos den luz sobre las consideraciones para algunas decisiones que tomaron los insurgentes de esta primera etapa, lo cierto es que la dirección criolla del movimiento no tuvo la capacidad para juzgar con precisión lo que había ocurrido con su ejército. Resulta fútil descifrar los motivos que tuvo Hidalgo para no avanzar sobre la Ciudad de México tras el triunfo insurgente en el Cerro de las Cruces, lo cierto que ni él ni sus compañeros tuvieron la capacidad para entender ni la situación que se había desatado a su alrededor ni a su propia tropa. La candidez sobre los procesos revolucionarios quedó rota para todos los actores. Especialmente para esa incipiente burguesía y pequeña burguesía que aspiraba a materializar los elevados ideales de la ilustración, porque solamente de esa manera los seres humanos podrían alcanzar la espiritualidad más sublime. Los insurgentes de Hidalgo y Allende quedaron atrapados entre la barbarie y la imposibilidad para volver atrás. Pero en lugar de continuar hasta sus últimas consecuencias prefirieron dar pasos atrás con la esperanza de recuperar un poco del sueño quebrado.
Es cierto que la publicación de El Despertador Americano, la abolición de la esclavitud y el abandonar la peregrina idea de reconocer el gobierno de Fernando VII fueron, todos estos elementos, grandes avances para la causa independentista. Sin embargo, el que se hayan dado durante el gobierno que Hidalgo creo que Guadalajara es simplemente un accidente. Tales medidas no solamente eran necesarias, y por tanto, factibles de prosperar en la Ciudad de México, sino que en la capital habrían tenido alcances mucho mayores. Por un lado habría permitido que otras naciones tomasen en serio a la insurrección, pero más importante aún habría tenido influencia objetiva y subjetiva mucho mayor entre las clases oprimidas por el sistema colonial.
Por su parte, la facción que encabezaba el capitán Allende fue la menos capaz para entender el levantamiento popular. Siempre quiso mantener ceñido el movimiento a los intereses de los criollos aristócratas y burgueses. Hasta un realista como Félix María Calleja supo leer de manera más precisa a las masas insurgentes. Para nada fue un accidente que la brutalidad desplegada por las tropas comandadas por este militar (y posteriormente virrey) haya sido tan efectiva para borrar de Guanajuato a las tropas de Allende. Dadas las características de cada ejército la vacilación era un lujo que ninguna de las dos partes podía darse.
Al final de cuentas el resultado quedó a la vista. La derrota insurgente en Puente de Calderón el 17 de enero de 1811, fue el clavo final para la facción dirigida por Hidalgo y Allende. La huída hacia el norte y la aprehensión tras la traición de Ignacio Elizondo en Acatita de Baján, Coahuila (21 de marzo de 1811), fueron un resultado inevitable de la combinación entre falta de claridad e indecisión de los insurgentes.
Sin embargo, Hidalgo, a diferencia de Allende, tuvo también importantes aciertos políticos. Dos de los más trascendentes fueron: el primero fue haber rechazado en la solicitud de Morelos le hizo en Charo el 20 de octubre de 1810 para integrarse como capellán del ejército Insurgente. En lugar de ello, Hidalgo le ordenó al cura de Carácuaro que levantase un ejército en el sur, cuya misión sería la de apoderarse del control del comercio proveniente de Acapulco a donde arribaba la Nao de China. El segundo fue designar a Ignacio López Rayón como jefe de la insurgencia y enviarle de regreso a Michoacán tras la toma realista de Guadalajara.
Esos movimientos garantizaron que la lucha independentista perdurase más allá del 30 de julio de 1811 cuando Hidalgo fue fusilado en Chihuahua por los realistas. Poco más de un mes antes Allende, Aldama y Jiménez habían corrido la misma suerte en aquella ciudad.
La guerra popular
Morelos
Pese a carecer de una formación académica tan completa como la de la burguesía, al involucrarse en la insurrección independentista, las clases subsumidas, supieron encausar con más habilidad al movimiento. En especial la incipiente pequeña burguesía mestiza. El ejemplo más palpable de esto fue el papel que desempeñó el movimiento de José María Morelos y Pavón, cura del poblado michoacano de Carácuaro, al darle un contenido político más profundo a la causa independentista al tiempo que desplegó las mejores campañas militares del bando insurgente.
A diferencia del grupo encabezado por los conspiradores de Querétaro, el grupo que ejercía las funciones de dirección en el grupo insurgente del sur, estaba conformado por personajes más ligados a las clases populares. Pequeños comerciantes, profesionistas más ligados al grueso de la sociedad, militares y clérigos de bajo grado; en una palabra una pequeña burguesía aún incipiente que pese a carecer de una conciencia de clase, al menos tenía claridad sobre sus intereses inmediatos como grupo social. Prioridades que no solamente se esclarecieron para su uso personal sino que consiguieron que fuesen asimiladas por el resto de las masas revolucionarias. Eso contrastó con la incapacidad del grupo dirigente de la primera oleada independentista, que fue más ingenua al anteponer ideales a sus necesidades como clase.
Morelos, pese a su menor instrucción académica, fue suficientemente sensible para comprender que el movimiento insurgente requeriría tanto ganar las batallas en términos militares como vencer al enemigo en el escabroso terreno de la política. En uno Morelos encontró personajes con una capacidad extraordinaria para tomar la ofensiva. Los casos de Hermenegildo Galeana (hacendado), Mariano Matamoros (sacerdote), Vicente Guerrero (arriero) o Guadalupe Victoria (abogado) son claros ejemplos del tipo de cabeza militar que tenía el grupo bajo las órdenes de Morelos. Pero esta estructura bélica se complementaba de manera perfecta con los grandes personajes que terrenalizaron en términos políticos la lucha de los insurgentes. El papel desempeñado por Nicolás Bravo (hacendado), Andrés Quintana Roo (abogado), Carlos María de Bustamante (periodista), José María Licéaga (médico) o José María Cos (sacerdote) fue el de concretar lo ganado por las armas de modo que el apoyo social creciese en pos de la consecución de la independencia.
Sin duda uno de los personajes que más influyeron en Morelos fue el abogado Ignacio López Rayón, quién se había quedado con el mando de la Junta de Zitácuaro cuando Hidalgo, Allende y compañía marcharon hacia el norte. Para abril de 1812 había elaborado un documento denominado Elementos Constitucionales que era la base para elaborar una Carta Magna para México como nación independiente. En más de un sentido este proyecto fue la respuesta a la Constitución de Cádiz, que había sido promulgada un mes antes por las Cortes Generales. La importancia del documento de López Rayón estribaba en que la Constitución española tenía un carácter liberal muy fuete para su época. Sin duda que para muchos criollos ilustrados que pretendían mantener su reconocimiento al reinado de Fernando VII, la de Cádiz era una gran salida. Por tanto el movimiento insurgente se habría debilitado.
Como General de los ejércitos americanos para la conquista y nuevo gobierno de las provincias del sur, Morelos supo reconocer en el texto redactado por López Rayón, una magnífica arma para avanzar en la independencia de la Nueva España. Así que le dio cuerpo a la iniciativa y la puso en práctica lo antes posible. Para el 13 de septiembre de 1813 se inauguró el Congreso de Chilpancingo o Congreso de Anáhuac que tenía por misión elaborar una Constitución para la nueva nación. Al día siguiente Morelos sometió a la decisión del pleno su documento Sentimientos de la Nación en que se le da un contenido más claro a la lucha insurgente. Con base en los textos de López Rayón y Morelos el Congreso elaboró la Constitución de Apatzingán, también conocida como Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, promulgada el 22 de octubre de 1814.
Una sesión del Congreso de Anáhuac
En términos políticos tales movimientos consiguieron neutralizar los efectos negativos que la constitución liberal de Cádiz hubiera podido tener en el movimiento independentista de la Nueva España. Ello fue complementado con las brillantes campañas que Morelos y sus lugartenientes desplegaron por el centro y sur del país.
Sin embargo, la empresa por obtener la independencia de la América Mexicana requería de un gran esfuerzo. Poco a poco el movimiento se fue desgastando, en parte por los años transcurridos en medio de una guerra muy violenta. En parte por la misma reorganización de los realistas que para 1813 tenían un nuevo Virrey, el General Brigadier Félix María Calleja. Éste tomó una serie de medidas que poco a poco fueron cerrándoles los espacios políticos a los insurgentes, además de tener bajo su mando un gran apoyo militar en manos del Comandante Agustín de Iturbide. Éste consiguió derrotar a las fuerzas de Morelos en 1815, pues ya para entonces los franceses habían sido expulsados de España por lo que la corona pudo enviar refuerzos al bando realista, además las fuerzas insurgentes estaban debilitadas por las derrotas (y muertes) que sufrieron los dos principales lugartenientes de Morelos: Mariano Matamoros (febrero de 1814) y Hermenegildo Galeana (junio de 1814).
La persecución que los realistas, comandados por Iturbide, habían arreciado contra Morelos en marzo de 1815 se combinó con las crecientes pugnas al interior del Congreso de Chilpancingo. Así, el 5 de noviembre de ese año el autodenominado Siervo de la Nación fue apresado en Tezmalaca, Puebla, mientras escoltaba al Congreso a Tehuacán dónde se establecería. El prisionero fue conducido a la Ciudad de México donde fue enjuiciado tanto por la Real Audiencia como por la Inquisición. Finalmente el 22 de diciembre Morelos fue trasladado al poblado de San Cristóbal Ecatepec para ser fusilado ese mismo día.
Guerrillas
En la historiografía oficial la ejecución de Morelos suponía una fase de declive o franca extinción del movimiento insurgente. La base material de tal afirmación estuvo en que a partir de ese momento la influencia política fue menos llamativa. No solamente porque los más destacados personajes del Congreso de Chilpancingo se vieron forzados a dedicar todo su tiempo a defenderse militarmente del ejército realista. Sino también porque el reestablecimiento de la monarquía Borbón, con el regreso de Fernando VII al trono español llenó el vacío de poder que se había con la invasión de Napoleón. Así también debido al distanciamiento que se había creado entre los caudillos insurgentes.
Esas condiciones hicieron que todos los esfuerzos políticos y militares de los insurgentes se desplegasen en pequeña escala, solamente en las regiones en que operaban sus respectivas guerrillas. Faltó una concepción unificadora que articulase un movimiento nacional.
Los más de 20,000 combatientes que se calcula siguieron participando en la guerra de guerrillas entre 1815-1820 quedaron dispersos bajo el mando de caudillos que no salían más allá de su zona de influencia. En parte porque políticamente consiguieron afianzar su posición lo suficiente para impedir que los ejércitos realistas entrasen en esas comunidades. Pero más lejos de ellas la cosa era distinta, pues los ejércitos coloniales mantenían el control sobre el territorio de la Nueva España. Las tres organizaciones guerrilleras más importantes del período demuestran lo dicho: Vicente Guerrero en la sierra del sur, Nicolás Bravo en los alrededores de Zitácuaro, Michoacán y Guadalupe Victoria en lo alrededores de Xalapa, Veracruz. En cada caso los jefes militares consiguieron desplegar una actividad política en la región que les granjeó el respaldo de las comunidades, aunque no fue suficiente para reintegrar un organismo nacional.
El intento más serie de integración lo realizaron el vasco Francisco Xavier Mina junto al padre Fray Servando Teresa de Mier. Mina era un liberal nacido en Navarra que combatió contra los franceses pero que tras la reimplantación de la monarquía absolutista de Fernando VII tuvo que huir de España. Al conocer en Londres al padre Mier se decidió a involucrarse en la independencia de la Nueva España, pues esta era también una lucha contra el absolutismo Borbón. La expedición encabezada por el liberal vasco y el sacerdote dominico desembarcó en Soto la Marina, (actual estado de Tamaulipas) el 15 de abril de 1817. Tras algunas campañas militares finalmente fue capturado por las tropas realistas en el rancho de El Venadito en Guanajuato, se le proceso y fusiló cerca de Pénjamo. Durante los siete meses que duró su aventura americana, Mina intentó poner en práctica las ideas que había acuñado junto al padre Mier para crear un movimiento unificado. Pero las condiciones no dieron para ello.
La fase denominada como de la Resistencia fue una guerra netamente popular. Desarrollada y dirigida por las clases subsumidas por la aristocracia imperial española. Pero la incipiente pequeña burguesía que encabezó a esos movimientos fue incapaz de ver más allá de sus intereses inmediatos. Aunque resulta mesquino escatimarles a esos grupos guerrillero el gran logro de mantener viva la causa insurgente. Además, resulta claro que pese al discurso oficial de las autoridades virreinales, la desesperación de las milicias realistas por acabar con los alzados era un elemento recurrente sobre todo en el caso del combate contra el “Loco del Sur”. El propio virrey Juan Ruiz de Apodaca ofreció el indulto en 1819 a los caudillos que mantenían firme la insurgencia.
Consumación y traición
En enero de 1920 se dio un nuevo giro proveniente de España. El rey Fernando VII fue obligado por los liberales españoles a firmar la Constitución de Cádiz. Eso ocasionó una gran conmoción en la Nueva España. La aristocracia criolla vio con muy malos ojos tal decisión del monarca. En cambio los criollos burgueses tomaron como propio el triunfo liberal. Para abril los aristócratas encabezados por el sacerdote Matías de Monteagudo comenzaron a realizar una serie de reuniones conspiratorias en el templo de La Profesa en la Ciudad de México. La idea era evitar que en el virreinato entrasen en vigor los lineamientos de la Constitución de Cádiz. Sin embargo su efectividad fue escasa, el virrey Apodaca iba introduciendo gradualmente las estipulaciones constitucionales, por lo que los conspiradores decidieron respaldar el nombramiento de Agustín de Iturbide como Jefe de los Ejércitos del Sur. En unas cuantas semanas Iturbide le dio un giro dramático a la lucha. Para evitar que el poder de la aristocracia criolla se disolviese con las nuevas estipulaciones del imperio, decidió adherirse a la causa independentista al aliarse con Vicente Guerrero en lugar de ser su perseguidor. Por su parte, Guerrero sabía que el objetivo principal de la lucha insurgente era obtener la independencia de España, por lo que las clases populares a las que él representaba debían aliarse con la aristocracia que representaba Iturbide. Esto dio pie a la firma del Plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, en que se estableció el compromiso de Guerrero e Iturbide para luchar por la independencia con base en tres garantías (acuerdos): Religión, Independencia y Unión. El Ejército Trigarante, conformado para defender el Plan de Iguala, consiguió avanzar sobre el realista. En sólo cinco meses se consiguió que el virrey Juan Ruiz de Apodaca renunciase a su cargo.
Bandera del ejército de las Tres Garantías (trigarante)
Las Cortes nombraron a Juan de O’Donojú como el sucesor de Apodaca como virrey. El nuevo funcionario real desembarcó en San Juan de Úlua el 3 de agosto de 1821. Tres semanas después Iturbide se reunió con él en Córdoba, Veracruz. El resultado del encuentro fue la firma de los Tratados de Córdoba el 24 de agosto. Un mes después el ejército Trigarante entró en la Ciudad de México y se firmó el Acta de Independencia el 27 de septiembre de 1821. Con lo que quedó consumado el nacimiento de la nación mexicana.
Sin embargo, es preciso notar que en esta última etapa quedó exhibido el doble rasero empleado por la aristocracia criolla. Éste terminó resolviéndose, ante la amenaza de un gobierno liberal en España, por su talante conservador. La doble traición de Iturbide, tanto a sus compañeros de la Conspiración de La Profesa, primero, como al Imperio español, después, y a la causa independentista, finalmente, es muestra exacta de esa resolución que no es posible ver como algo aislado.
